Les comparto un artículo que me publicó ayer Animal Político. En esta ocasión analizo las repercusiones de una importante resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que invalida una norma (conocida como la Norma 29), que aprobó la Asamblea Legislativa del DF y que restringía el desarrollo de tiendas de autoservicio, minisupers y tiendas de conveniencia en ciertas zonas geográficas de la Ciudad, mientras exceptuaba a mercados populares y misceláneas. La Corte resolvió que esa Norma violentaba la Constitución, pues iba en contra de los principios de competencia y libre concurrencia y por tanto perjudicaba a los consumidores. Por tanto, invalidó el ordenamiento. Hay que tener muy claro el criterio de la Corte: en la comercialización de productos básicos no se justifican medidas de ordenamiento territorial ni de protección a los mercados públicos y misceláneas que atenten contra la competencia y contra los consumidores.
De esta manera, y esta es cosecha mía, si las políticas públicas a favor de estos sectores comerciales, deben ser por la vía de fomento, no mediante restricciones a otros competidores. Asimismo, deben buscar promover la competitividad en estos proveedores, no brindarles restricciones proteccionistas que los incentive a hacer exactamente lo opuesto. El consumidor es suficientemente inteligente para racionalizar sus decisiones y saber en qué ocasiones ir a un supermercado, a un mercado público o a la miscelánea de la esquina.
Pues aquí les dejo el link para el artículo PROTECCIONISMO VS CONSUMIDORES: EL CASO DE LA NORMA 29
Regulación, Competencia y Consumidores 
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