Refundar los Servicios Públicos

Vivimos días de polarización. Nuestra clase política se ha preocupado más por dividir a la sociedad, que en construir un centro robusto que nos convoque a todos a involucrarnos en el diseño del futuro de este País. Esta división se profundiza en la medida que crecen las evidencias de políticos corruptos que se benefician de “moches” de presupuestos públicos (financiados con nuestros impuestos) o que otorgan contratos públicos y licitaciones a sus amigos, socios o familiares, en condiciones de ilegalidad, pulverizando la confianza en las instituciones públicas. Uno de los temas transversales que evidencian esta situación es el de los servicios públicos. ¿Les suena el fraude multimillonario de la Línea 12 del metro? ¿El transporte público urbano es digno y compatible con el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México -que prevé convertirse en el 3ero a nivel mundial? ¿Nuestros servicios públicos de salud están a la altura de las prestaciones que tienen los altos funcionarios y líderes sindicales del sector? Así podríamos seguirnos con una amplia lista de ejemplos.

Tenemos que ubicar a los servicios públicos en el centro del debate nacional y que estos sean el espacio para convocar a todos los sectores –público, privado y social- a trabajar en torno a la transformación que necesitamos. Trabajar en los servicios públicos es trabajar en nosotros mismos. Es la mejor forma de invertir recursos y de activar la economía. Además, tenemos que fomentar una efectiva cultura de servicio. Si conseguimos elevar los estándares y parámetros de los servicios públicos, podremos rápidamente elevar la calidad de muchos otros mercados y servicios que brindan los particulares. Y es que la mala imagen y calidad de nuestros servicios es el parámetro con el cual se desempeñan muchos profesionistas en México y lo que propicia la cultura del “ahí se va”.

Aquí les comparto mi colaboración en Reforma Negocios. ¡Felices fiestas!

 

 

BERNARDO ALTAMIRANO

Refundar los servicios públicos

Los servicios públicos de nuestro País atraviesan una profunda crisis de desconfianza que abre la oportunidad para romper paradigmas y detonar una refundación de estos, mediante la colaboración entre Estado, empresa y consumidores, lo cual sería la fórmula idónea para fortalecer el sentido de comunidad y superar la fractura social que atravesamos. Y es que si bien llevamos años discutiendo el mejor diseño sobre cómo proveer estos servicios, en la realidad estamos muy lejos de los niveles que demanda la sociedad. Los mejores ejemplos son los casos de seguridad y educación públicas, siendo este último ámbito una muestra sobre la complejidad que implica definir estándares de calidad, y donde el mismo responsable de brindar este servicio es quien ha encabezado fuertes reacciones al respecto. ¡Vaya paradoja!

Por estas razones es que se requiere ampliar el debate sobre estos servicios. Revisemos algunos casos, como el del transporte público en el Valle de México. Según el Inegi, existen 14.8 millones de viajes diarios, de los cuales el 64.5 por ciento son en colectivo, el 16.4 por ciento en taxi y el 8.2 por ciento en Metro. En cuanto a la calidad de servicio, una encuesta elaborada por GCE revela que los usuarios califican como el peor servicio a los colectivos (54.3 por ciento) y después a los taxis (3.8 por ciento). Asimismo, los encuestados señalan que los conductores incurren en múltiples faltas, como ir a exceso de velocidad o no respetar los semáforos. En este sentido, tenemos servicios de baja calidad, que además son los primeros en violentar el orden público y contribuir al caos vial. Esto evidencia que el debate sobre Uber es solo la punta del iceberg y que requiere extenderse a otros servicios para identificar cómo ampliar la satisfacción de millones de usuarios del transporte público.

En segundo lugar, recordemos el debate sobre el IEPS de bebidas y alimentos de alto contenido calórico con el objeto de fomentar el consumo de agua potable y construir bebederos en escuelas de todo el País (objetivo todavía no cumplido). Las cifras del Inegi nos muestran que en el País sólo el 26 por ciento de la población piensa que el agua en su ciudad es potable (bebible sin temor a enfermarse). Por otro lado, se recomienda activarse físicamente, pero sólo el 39 por ciento de los mexicanos piensa que los parques y espacios públicos son suficientemente seguros. Estos datos evidencian a gobernantes que al diagnosticar problemas y proponer soluciones omiten una autoevaluación objetiva sobre la eficacia de sus servicios y programas, y trasladan los costos a la sociedad.

Un tercer caso es el de electricidad, en donde consumidores y empresas cuestionan permanentemente la calidad, precios y atención del servicio de CFE. Ahora esta empresa tiene un nuevo marco jurídico y una directiva más moderna, que tiene el gran reto de innovar en mecanismos de atención al consumidor y por supuesto ahora tendrá que competir con otras empresas. Aquí hay mucho por hacer, como cambiar un contrato de adhesión de los años 70, en propiciar mejores estándares, calidad y precios para los usuarios. Es la gran oportunidad para la CFE de reposicionarse frente a los consumidores.

Los puntos anteriores son sólo una muestra de cómo en México hemos diseñado servicios públicos que no generan una cultura de servicio a favor del usuario, no existe claridad ni exigibilidad de los derechos y no se abren de manera cierta las puertas a la inversión privada y social. Y es que llevamos décadas de presupuestos públicos abultados y de raquítica satisfacción de sus consumidores, en donde parece que los únicos satisfechos son políticos, burocracias, organizaciones clientelares y quienes ganan dudosas licitaciones, todo esto en el marco de una corrupción escalofriante. Por esto debe revisarse a fondo la filosofía y visión de estos servicios para que la labor política se dignifique y transite de una praxis de búsqueda del poder y de rentas económicas, a una que impulse una efectiva cultura del servicio público. Esto implica refundar los servicios públicos a partir de estándares de calidad y excelencia, presupuestos eficientes, contratos transparentes y equitativos y que incorpore elementos de mercado y de colaboración. Lo anterior sería una forma clara de ponernos todos a trabajar en la reconstrucción de confianza y comunidad que tanto necesitamos, para estar orgullosos de nuestros servicios públicos y lograr que nuestra referencia sea el Metrobús y no el del recogedor de basura que te “exige” la propina.

Miscelánea: Lo planteado por el Presidente de la República sobre el desarrollo de observatorios para evitar y combatir la corrupción será útil en el ámbito de los servicios públicos, así como en la construcción del nuevo aeropuerto y en licitaciones del sector energético.

@beraltamirano

DE AEROPUERTOS Y ELEFANTES BLANCOS

Desde hace más de una década se discute la necesidad de ampliar la capacidad de operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se parte de la premisa que las dos pistas con las que hoy cuenta el aeropuerto (que no pueden utilizarse de manera simultánea), inhiben el potencial de crecimiento de la operación misma, así como de la misma industria aeronáutica civil de país. Hoy en día se brindan 36 millones de vuelos al año. Se espera tener un crecimiento en una primera etapa a 3 pistas de uso concurrente y con un total de 50 millones de usuarios. Al límite se espera contar con 6 pistas y 120 millones de usuarios.

Estos son datos que se obtienen del portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En realidad escasea la información pública disponible sobre cómo se llegó a la conclusión de que la propuesta ganadora es la idónea. La información muestra estimaciones finales, pero desconocemos los diagnósticos, las comparaciones entre proyectos, y sobre todo cómo se llega a las proyecciones de operación. ¿Basta la nueva infraestructura aeroportuaria para ganar más mercado de vuelos y operaciones? ¿A qué aeropuertos les vamos a ganar mercado –nacionales o internacionales? ¿Cómo se vincula esta propuesta con una política integral de transporte y de desarrollo aeroportuario en todo el país? ¿Es válido tener un modelo aeroportuario con clara tendencia centralizadora? ¿En qué ganaremos con esta estrategia los consumidores? ¿Mejorarán los precios y calidad de los servicios? ¿Qué opina la industria aérea sobre el diseño del proyecto del aeropuerto ganador? ¿Contribuye o no a generar eficiencias? ¿Por qué no se incluye un proyecto de esta envergadura en el Plan Nacional de Infraestructura? Así podríamos seguir haciendo una gran cantidad de preguntas.

Por estas razones, es que Central Ciudadano y Consumidor, bajo el impulso de su Director @carlosmartinezv decidió emprender dos acciones en el sector, mismas que les invitamos a conocer y participar. En primer lugar, realizar un estudio sobre la competencia y retos del sector de aeronáutica civil, mediante el cual se contribuye a entender mejor el desarrollo de esta industria. Por el otro, a participar en el diseño e instrumentación de un Observatorio sobre este nuevo aeropuerto. Este último tema es clave, pues las decisiones tomadas hasta ahora han sido bastante reservadas. Por un lado, sabemos que ASA hizo un estudio de mercado de despachos de arquitectos que tuvieran experiencia en elaborar este tipo de proyectos, posteriormente les extendió una invitación a los mejores de entre estos, y por último designó a un jurado que determinó el proyecto ganador. Por estas razones, es que todos esperábamos que la SCT diera a conocer cuál sería la ruta a seguir para construir el nuevo aeropuerto, sus diagnósticos y sus requerimientos, pero en cambio, de la nada sacó de la chistera un proyecto ganador. Por delante vienen retos enormes: esquemas de concertación y coordinación entre autoridades de diferentes órdenes de gobierno, que determinarán los elementos técnicos, ambientales, urbanos, etc. Por el otro, una serie de licitaciones y contrataciones públicas en torno a un proyecto que será el más costoso de la presente administración –y tal vez de muchas otras. Por tratarse de un sector que ha dejado huella negativa en temas como la licitación del tren México-Querétaro o el tema de los dispositivos de pago electrónico en casetas de peaje o incluso en la transición de las televisiones analógicas a digitales, urge acompañar con metodologías reconocidas todo el proceso de construcción, para que se blinde de corrupción, de prácticas anticompetitivas o de medidas ilegales.

Reconozco que es válido plantear obras públicas de vanguardia, con diseños innovadores y apostándole a una visión de trascendencia. Sin embargo, esto debe darse con una racionalidad económica y de políticas públicas integrales, de lo contrario corremos el riesgo de que la anunciada obra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sea un elefante blanco.