Rumbo a la Equidad Contractual

Desde niños nos recomiendan tener cuidado con la “letra chiquita” de los contratos, pues existen condiciones que en ocasiones ofrecen las empresas, que pueden ser abusivas, engañosas o desproporcionadas, que como consumidores nos ponen en una situación desventajosa y desigual. Por eso hay que entender qué son los contratos de adhesión, cuál es su papel en propiciar mayor equidad en las relaciones de consumo y cuál es el debate contemporáneo en torno a este tema en México.

Les invito a leer este artículo que escribimos Carlos Martínez y yo, y que es publicado en el Portal de la Revista Nexos, en la Sección del Juego de la Corte: Rumbo a la Equidad Contractual. En este texto revisamos la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la demanda que interpuso en 2012 la Profeco, para pedir la nulidad de un conjunto de cláusulas del contrato de adhesión de diversas empresas del sector de televisión de paga. Con este caso se puede entender mejor porqué el Estado puede regular por encima de la voluntad de las partes (en el marco de la libertad empresarial) una serie de principios contractuales que reducen probabilidad de riesgos y abusos comerciales en perjuicio de los consumidores.

¿Festejar el Aniversario de la Constitución?

Estamos a dos años de llegar al primer centenario de nuestra Constitución. Como cada año, seguramente habrá discursos elogiosos sobre el valor de ésta y sobre las causas que impulsa. Sin duda, el debate técnico y jurídico es muy interesante, pero hay que simplificar el nivel y aterrizarlo en nuestras vidas cotidianas, parar que todos los ciudadanos podamos entender cuáles son los problemas, retos y oportunidades que enfrenta nuestro actual sistema constitucional. Estoy convencido que nuestra Carta Magna es ya un modelo agotado y requerimos un nuevo marco de convivencia. De ahí que propongo dos niveles de debate: por un lado, cómo reconfigurar nuestro pacto social que se encuentra sostenido frágilmente por hilos que cada vez resisten menos. Por el otro, y de manera posterior, hacer un trabajo de ingeniería institucional para identificar el mejor diseño constitucional. En el primer caso, la voz correría a cargo de la academia, la sociedad, la empresa, las organizaciones cívicas, pero no de los políticos partidistas, quienes en gran medida son quienes nos han orillado a esta situación de tan profunda desconfianza social. En el segundo caso, en efecto se trata de un debate técnico, en donde podrían participar los más reconocidos expertos.

En este contexto, hoy más que festejar el aniversario de la Constitución, debemos iniciar el profundo debate que nos lleve a fortalecer nuestro Pacto Social y a una revisión integral de la Constitución. En este sentido, les comparto mi artículo que se publica hoy en Animal Político: La decadencia de nuestra Constitución (y de nuestras calles).

La exclusión financiera y el empeño.

Los tradicionales servicios bancarios y financieros en el país solo llegan al 20% de la población. Aunque sea obvio, hay que ser claros: 8 e cada 10 mexicanos están excluidos de estos servicios. Esto implica que no solo no tienen sus respectivas cuentas de ahorro, sino que no son sujetos de crédito. Muchas voces reconocen que esta situación se debe a una regulación muy rígida. Por estas razones es que se han desarrollado otras alternativas a las que la gente puede recurrir de manera fácil y ágil para recibir un crédito o préstamo en los momentos que sus finanzas personales enfrentan problemas (lo que además es muy frecuente en estos años de estancamiento económico). Una de las principales opciones es empeñar algún bien. En efecto, la industria prendaria ha crecido de manera importante en el país y sin embargo, existe poca información clara que nos permita entender cómo opera y cuáles son sus retos para brindar mayor satisfacción a los consumidores.

De ahí que resulta fundamental estudiar mejor el mercado prendario y enfocar políticas públicas y regulatorias que amplíen el bienestar de los consumidores y que reduzcan la exclusión financiera que vivimos. Por supuesto que uno de los asuntos que debe ser atendido es cómo propiciar que ese 80% de mexicanos excluidos pueda ser un consumidor de la banca tradicional y evitar que recurran a agiotistas. En la medida que haya mayor cobertura, habrá mayor competencia de servicios e instrumentos de crédito y eso beneficiará a los consumidores. Ir en esta dirección contribuirá a reducir costos de autoridades en materia de verificación, que revisan fundamentalmente aspectos burocráticos o penales, pero que no propician per sé mejores condiciones de mercado.

De ahí que les invito a leer mi colaboración de ayer en Reforma Negocios. Asimismo, hago mención de la película de Ladrón de Bicicletas, para ejemplificar el valor que tiene el recibir dinero rápido por la vía del empeño. Les comparto el vínculo sobre esta magnífica película.

 

 La exclusión financiera y el empeño.
Bernardo Altamirano Rodríguez / (02 febrero 2015)
Enero terminó, pero su cuesta se prolonga en millones de hogares. Contar con alternativas crediticias, bancarias o pagos en mensualidades coadyuva a aligerar esta carga. Sin embargo, estas opciones de la banca comercial tradicional tienen en el País muy limitada accesibilidad (sólo para el 20 por ciento de las familias) y cobertura (sólo el  56 por ciento de los municipios tienen sucursales). Estos elementos son los que conllevan a afirmar que “en México vivimos una grave exclusión y discriminación financiera” (CONAPRED), así como que “el bajo coeficiente de inclusión financiera está asociada con la pobreza” (Foro Internacional sobre Inclusión Financiera).

En este contexto, se requiere entender mejor los mercados de crédito y las necesidades de los hogares, para identificar si las medidas que toman las autoridades reguladoras o a quienes les corresponde aplicar la ley son las adecuadas o si, por el contrario, contribuyen a profundizar en la exclusión financiera. Para millones de mexicanos que demandan liquidez y que no tienen acceso a los bancos tradicionales existe una gama de servicios de finanzas populares, como los relacionados con el consumo, cooperativas o microcréditos. Asimismo, existe un sector que en los últimos años ha tenido una importante expansión y durante esta temporada enfrenta muchas presiones de las autoridades, como es la industria del sector prendario, mejor conocido como casas de empeño.

Todos sabemos lo que es un empeño, pero poco se conoce sobre las complejidades de este mercado y, en particular, sobre las necesidades de sus consumidores. El valor social de esta industria fue plasmado a la perfección en la gran película “Ladrón de Bicicletas”, donde su protagonista, Antonio Ricci, al igual que muchos otros pignorantes, no sólo encuentran en el empeño la fórmula para salir de un problema, sino que representa un empujón para aspirar a un empleo o aprovechar una oportunidad. En México, las casas de empeño ya no sólo ofrecen la tradicional fórmula de dar dinero a cambio de recibir en prenda electrónicos, joyas o automóviles, sino que han iniciado nuevos esfuerzos de economía colaborativa en la que a cambio de un depósito en efectivo, facilitan a un grupo de albañiles la posibilidad de usar una coladora o al plomero la herramienta, con lo que les permiten ser contratados o empleados. El tamaño de este mercado es cercano a 35 mil millones de pesos anuales, con más de 7 mil establecimientos (con 20 por ciento informales). El préstamo promedio de este mercado es entre mil 300 y mil 500 pesos. Las casas de empeño se dirigen a los niveles de ingreso C y D, que son más del 65 por ciento de la población del País.

En poco tiempo, la carga regulatoria de este sector ha aumentado considerablemente. No sólo deben cumplir con el tradicional registro del contrato de adhesión, sino que ahora deben inscribir a cada una de sus sucursales en un registro a cargo de la Profeco. Además, en entidades como Chiapas, el Estado de México y Guanajuato se crearon registros estatales adicionales, que no sólo sobrerregulan, sino que se extralimitan en sus atribuciones e invaden la esfera federal. Adicionalmente, se debe cumplir con nuevas regulaciones antilavado de dinero que elevan los costos operativos de proveedores. El riesgo de estas barreras es que incentiven la informalidad. Así, mayor regulación y politización local profundizan la discriminación financiera.

Por el otro lado, una de las críticas constantes al sector es el de las altas comisiones que cobran. Lo anterior es efecto de la exclusión financiera mencionada, que limita las opciones de los consumidores y eleva los costos de transacción. Por tanto, se requiere de una política integral que reconozca la interdependencia de los mercados bancario y prendario. Así, la efectiva política de protección al consumidor dependerá de generar una mayor competencia de servicios, productos e infraestructura. No entender esto puede profundizar la exclusión y discriminación financieras.

Lo anterior podría complementarse mediante programas de autorregulación en la industria prendaria, promover mejores prácticas comerciales, ampliar el impacto de mecanismos de información y entendimiento del CAT (como el promovido por Condusef) y, por supuesto, avanzar en mecanismos que permitan el mejor cumplimiento regulatorio. Con estas medidas, no mediante la sobrerregulación, se podrá avanzar en la inclusión financiera, brindar mayor bienestar a los consumidores y fortalecer la confianza en el mercado.

Miscelánea: 1. La explosión en Cuajimalpa obliga a que los reguladores energéticos prioricen, en los procesos de apertura del sector, el diseño de estándares de seguridad para proveedores que minimicen riesgos de daños a consumidores. 2. La denuncia que hizo PepsiCo para que se retire el spot parodia con fines electorales de su anuncio de Emperador abrirá un muy interesante debate sobre publicidad, derechos de autor y libertad de expresión. ¡Bienvenido!

La Seguridad en la Venta de Gas L. P.

Sin lugar a dudas, la trágica explosión de una pipa de gas L. P. la semana pasada en Cuajimalpa nos dejó a todos consternados. Si bien ya teníamos múltiples inquietudes sobre la seguridad en torno al despacho de gas en nuestros hogares, ahora aumentan las dudas. ¿Es un hecho aislado? ¿Puede pasar lo mismo en mi casa o incluso en mi manzana? ¿La compañía que contrato cumple con todos los requisitos de seguridad?

Este servicio de comercialización y distribución de gas L. P. se encuentra regulado por una norma oficial mexicana, que casualmente este año corresponde sea revisada y, en su caso, actualizada. Este sector se ha caracterizado por tener alta concentración de mercado entre pocos competidores, por lo que urge que se establezcan estándares para que los proveedores reinviertan parte de las ganancias tan importantes que obtienen en generar una mejor tecnología y seguridad en el despacho del combustible. ¿O será que la reforma energética no permitirá que tengamos un mejor servicio de gas? ¿Seguiremos con mecanismos de distribución añejos y que aumentan los riesgos en la sociedad?

En este contexto, les comparto la entrevista que me hacen hoy en el noticiero de @SoyCarlosMota en El Financiero-Bloomberg, en donde propongo tres aspectos en este mercado, mismos que permitirán generar mejores condiciones del servicio en el marco de la reforma energética:

1. Se debe combatir de manera contundente a todos los proveedores que despachan gas L. P., ya sea en pipas o en cilindros, que son informales. Los riesgos que representan a la sociedad son en extremo altos.

2. Las autoridades, en este caso la Secretaría de Energía, debe transparentar el trabajo mediante el cual concede permisos a particulares, así como del conjunto de trabajos de verificación a los proveedores que hace regularmente. Esto implicará dotarle de un contenido social a esta labor administrativa y que los consumidores veamos que el gobierno es eficaz en reducir y evitar riesgos de accidentes en nuestros hogares.

3. Se debe obligar a las empresas permisionarias a que inviertan en tecnología y mejores instrumentos de seguridad y actualización de sus unidades, tanques, cilindros, etc., así como en capacitar con mayores fortalezas a sus operadores, para que el servicio sea provisto de manera adecuada.

En todo este contexto, resulta indispensable accionar nuestra responsabilidad como consumidores y tener la capacidad de exigir a las empresas que nos proveen nos muestren las verificaciones de la Secretaría de Energía, así como las de la Profeco, el mantenimiento adecuado de las unidades, las pólizas de seguros por daños a terceros. En caso de no disponerlas, por supuesto no contratarlas, pero por el otro lado, denunciar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.

Les invito entonces a ver la entrevista: La seguridad en la venta de Gas L. P.http://www.elfinanciero.com.mx/tv/llaman-a-consumidores-a-ser-exigentes-en-mercado-de-gas-lp.html