La obesidad y sobrepeso en el país no tienen freno. El famoso impuesto a bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico que se aprobó en 2013 y entró en vigor en 2014 fue una mala política pública. Ni detuvo sustantivamente el consumo de estos productos, ni se tradujo en una reducción a la obesidad ni en mejores servicios de salud pública. Desde esas complicadas discusiones, en Central Ciudadano y Consumidor fuimos los primeros en advertir que no se trataba de un impuesto de salud pública, sino estrictamente recaudatorio. Asimismo, expusimos la complejidad social que se encuentra detrás de este fenómeno, que indudablemente es el problema y reto más importante que tenemos en materia de salud pública. En la actualidad, tal cual como se anticipó, el cobro de este impuesto no ha servido mas que para que el Estado tenga más recursos, pero sin impacto en el Índice de Masa Corporal (IMC), más bebederos con agua potable en las escuelas, ni mejores instalaciones ni metodologías de tratamiento médico a los pacientes.

A finales del año pasado, se publicaron los resultados de la Ensanut 2016 en la que se evidencia que en la mayoría de los rangos generacionales, sociales y en ambos géneros, la obesidad y el sobrepreso crecieron. Sin embargo, no se conoce a qué se destinaron esos recursos multimillonarios del impuesto ni su beneficio en la salud de nosotros. Justo antes de que se publicara dicha Encuesta, participé con el Sen. Armando Ríos en una discusión sobre este tema en el Canal Once, mismo que les invito a ver y seguir formando parte de este debate.