Las reformas que se avecinan.

El lunes pasado participé en el Senado de la República en el “Foro sobre reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor”. El evento fue convocado por el presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Sen. Héctor Larios. Este espacio tuvo como objeto profundizar en el análisis sobre la iniciativa de reformas a la ley que se presentaron el año pasado, promovida por la Sen. Ana Lilia Herrera. Sobre el particular he comentado en otras ocasiones, que la propuesta incluye una serie de temas muy importantes en la agenda de protección al consumidor, como seguridad de producto, comercio electrónico, ventas directas, entre muchos otros. Esta iniciativa tiene muchos aciertos y oportunidades. Sin duda se trata de una propuesta que generará amplia discusión. Lo que hay que tener claro es que se observa un real interés en el Senado de propiciar mejoras a la actual ley. Al respecto hay que tener varios aspectos a dar seguimiento. Como consumidores, estar atentos de los sectores de mercado que se considera están enfrentando mayores riesgos o abusos en la actualidad. Para las empresas, tener claro que esto implicará nuevas responsabilidades administrativas, que incidirán en la industrialización y comercialización de bienes y servicios. Para los reguladores, identificar las áreas de convergencia y complementariedad en las políticas públicas.

Por último, como lo mencioné ayer, resulta fundamental cambiar el paradigma de relación de la Profeco con las empresas. Debe basarse en la buena fe, y reconocer la libertad empresarial como un derecho humano y por tanto entender que su limitación o restricción amerita justificaciones claras y proporcionales. En este espacio iré informando sobre la evolución de estas discusiones.

Los reguladores que protegen al consumidor.

En este Día Internacional del Consumidor dedico mi análisis a entender el mapa de agencias de reguladores que inciden en nuestra protección, ya sea mediante tutelar la competencia en general o nuestros derechos en particular, o atender temas muy especializados, como telecomunicaciones, energía y por supuesto los riesgos sanitarios. Esto nos permite tener como consumidores y empresas mayor claridad de a quién dirigirnos o qué aspectos regulatorios cuidar su cumplimiento. Les presento mi colaboración: Los Reguladores que Protegen al Consumidor.

¿Protección al consumidor “reloaded”?

En el Senado de la República existe la posibilidad de que se impulse una profunda reforma en materia de protección al consumidor. La iniciativa es un gran avance al incorporar temas que no se han atendido anteriormente y que ahora ampliarán la protección, sobre todo en materia de seguridad de producto y comercio electrónico. Si bien se expande la agenda temática, no se modifica la racionalidad y modus operandi de la Profeco. Este es un tema clave que debe discutirse a fondo. Como lo he dicho desde hace varios años, el modelo de protección se encuentra superado, por lo que la presente iniciativa es una gran oportunidad para un debate social, en el que se discutan los principios y mecanismos adecuados de protección, que por un lado fortalezcan a los consumidores, impulsen la libertad y responsabilidad empresarial -particularmente con las Pyme-, y consoliden el papel de la Profeco, en tanto autoridad. Para avanzar en la protección al consumidor no basta solo fortalecer a la Profeco, necesitamos consumidores más exigentes de sus derechos y responsabilidades, empresas modernas comprometidas con la competencia y los consumidores, y una autoridad que pueda actuar con certidumbre y contundencia.

Les comparto mi colaboración que aparece hoy en Reforma Negocios.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
¿Protección al consumidor reloaded?
La iniciativa de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor presentada por los senadores Héctor Larios, Ana Lilia Herrera, Miguel Barbosa, entre otros, e impulsada por la ex Procuradora Lorena Martínez, es el preámbulo de una potencial reforma profunda que no se observa desde los años 90.

Como cualquier proyecto, tiene aciertos y oportunidades de mejora. Lo que resulta fundamental es no perder de vista la naturaleza de la función que busca fortalecerse, la cual consiste en corregir externalidades o fallas de mercado propias de una relación de debilidad de los consumidores frente a los proveedores, mediante la definición de responsabilidades administrativas a las empresas.

En este sentido, el análisis de esta iniciativa debe partir de valorar si la nueva regulación que se contempla es racional y justificable, si los proveedores privados y públicos tendrán la capacidad material de observar la ley, y si la autoridad contará con los recursos para hacer que ésta se cumpla con base en instrumentos conformes a nuestra realidad económica y social. La iniciativa es muy amplia, por lo que sólo abordaremos algunos aspectos.

En los años 70, en EU, se creó la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, especializada en regular y verificar que los productos que se comercialicen no impliquen un riesgo contra los consumidores -electrónicos, juguetes, textiles y accesorios para bebé, etc. De ahí que los consumidores y empresas de EU tengan tan claro en sus prioridades que la seguridad es primero. Si bien es un tema muy precario en nuestra regulación, en los últimos años, México ha participado en medidas regionales importantes, como la Cumbre de Seguridad de Producto que organizó la OEA en Colombia o la Tercer Cumbre de Seguridad de Producto para el TLCAN. La iniciativa avanza en materia de seguridad de producto y define responsabilidades sobre emisión de alertas, llamados a revisión (recalls) y retiro de productos. Es un gran acierto este tema, pues implica avanzar en un mercado más seguro. Sin duda las cargas regulatorias que se generarán se justifican para evitar riesgos y daños a nuestra integridad física. Sin embargo, el gran pendiente será cómo evitar que productos riesgosos se sigan comercializando en la informalidad.

A nivel global se han buscado entender los nuevos retos y riesgos que implica el comercio electrónico, por lo que esta iniciativa enfoca adecuadamente las nuevas herramientas aplicadas en las principales economías, sobre todo en materia de requerir a los proveedores que adopten mecanismos técnicos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección y confidencialidad de la información de los usuarios. Esto, ante la creciente amenaza de robo de datos y de identidad. Adicionalmente, se prevé fortalecer la regulación de dos industrias que en años recientes han estado bajo la lupa, como son el caso de las ventas directas y los tiempos compartidos.

Por otro lado, se busca dotar a la Profeco con nuevos instrumentos de vigilancia, verificación y coerción, para hacer que la ley se cumpla. Este aspecto amerita una revisión a fondo, sobre todo buscando que se incentiven mejores prácticas comerciales y que la coerción parta del reconocimiento de la buena fe de las empresas y sea la ultima ratio. Esto cobra mayor relevancia entre las Pyme, quienes por error o ignorancia enfrentan múltiples multas y clausuras. Mucho podríamos aprender del extinto modelo británico de la Office of Fair Trading, quien impulsaba buenas prácticas y capacitación a las Pyme, pues la mejor protección al consumidor empieza desde el fomento de una moderna cultura empresarial. Formar buenos empresarios es invertir en construcción de ciudadanía. La coerción per se no genera esta cultura, por lo que conviene replantear las responsabilidades de las Pyme en la iniciativa.

Adicionalmente, la iniciativa recurre a mecanismos rígidos de regulación, cuando la tendencia internacional consiste en impulsar esquemas de autorregulación. Esto incluso fue abordado en los trabajos del reciente Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor celebrado en Perú, donde las autoridades reconocen que tienen que avanzar en esta dirección.

Por último, esta iniciativa apuntaría a una SuperProfeco, por lo que urge complementarla con medidas de fortalecimiento institucional, como el establecimiento de un período legal de su titular. Además, brindar autonomía al área de investigación respecto de la instancia sancionadora. Por último, generar mayores espacios bajo los cuales intervengan los jueces y tribunales.

La iniciativa en comento sería un gran paso en cuanto a los nuevos temas que incorpora. Sin embargo, para que sea una reforma integral falta cambiar el modelo de protección, para que sea menos centralista, burocrático e inquisitorial. Aprovechemos esta oportunidad para transitar a un nuevo modelo basado en la confianza y corresponsabilidad entre gobierno, empresa y sociedad.

***

Como lo señalo en el artículo, el año pasado fue de intensa participación en foros internacionales. Tuve la oportunidad de ser ponente en el International Consumer Product Health and Safety Organization (ICPHSO), en donde expuse el marco de seguridad de producto en México, comparado con sus socios comerciales EUA y Canadá; la Cumbre de Seguridad de Producto organizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Superintendencia de Comercio de Colombia (SIC), en donde expuse cómo fortalecer la reputación de las empresas que desarrollan buenos procesos de seguridad de producto (aquí puede verse la conferencia); el Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor (FIAGC), celebrado en Perú, donde abordé el tema de la autorregulación y las mejores prácticas comerciales; finalmente la Tercera Cumbre de Seguridad de Productos del TLCAN, en México, en donde expuse cuáles son las mejores prácticas en la materia. Aquí les comparto algunos testimonios fotográficos.

Orden de las fotografías: 1) En Colombia con la Directora de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA, Evelyn Jacir, evento al que fui invitado por la SIC de Colombia; 2) Las siguientes fotos fueron en el FIAGC de Perú: i) con el Presidente del INDECOPI de Perú, Hebert Tassano, quien me hizo favor de invitar; ii) Carlos Arnaiz, Vicepresidente de la agencia española responsable de la protección al consumidor; iii) Yanci Urbina, titular de la agencia de El Salvador; iv) Mónica Ramírez, Superintendente Delegada de Colombia, y Cynthia Zapata, titular de la materia en Costa Rica, quien por cierto, será la próxima presidenta del FIAGC; v) Juan Luís Crucelegui, Jefe de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor de la UNCTAD, en donde participo en el Grupo de Expertos de Competencia y Políticas del Consumidor COMPAL

¿Reforma integral de la Profeco?

En días recientes se ha abierto el debate sobre la posibilidad de hacer una reforma integral a la Ley Federal de Protección al Consumidor y consecuentemente de la Profeco. Al respecto, les comparto la entrevista que me hicieron en Reforma Negocios y se publica hoy, en donde analizamos diferentes oportunidades para mejorar la tutela de los derechos de los consumidores. En la nota se enfatizan las propuestas en materia de verificación, pero quisiera retomar otros aspectos también propuestos.

Desde diciembre de 2011 señalé que el modelo de protección al consumidor en México está superado, pues éste se caracteriza por una visión centralista, inquisitoria y excluyente. En este sentido, el dotar a una sola instancia de todo un conjunto de atribuciones en la materia ha excluido que participen y tengan responsabilidades otros niveles de gobierno, las organizaciones de consumidores, la empresa y otros grupos de interés. En ese sentido, desde hace al menos 20 años las relaciones entre Estado y empresa han cambiado radicalmente, y por lo mismo es importante reorientar el papel de instituciones como la Profeco. Al respecto, convendrá distribuir mecanismos de protección a otras instancias y transitar a un modelo basado en la corresponsabilidad y construcción de confianza.

Aquí hay dos aspectos clave. Por un lado, la definición de los derechos básicos de los consumidores. En este terreno pienso que nuestra legislación comparte elementos con las regulaciones y políticas públicas más avanzadas en el mundo. Por el otro lado, los mecanismos de los que dispone la autoridad –la Profeco- para verificar el debido cumplimiento de la ley. Aquí es donde se encuentra el debate sobre la eficacia y eficiencia de los instrumentos de verificación. Al respecto he escrito en otras oportunidades lo burocrática y compleja que es la función de verificación a cargo de diferentes instituciones que hacen visitas a establecimientos comerciales, por lo que amerita un debate transversal y profundo, que permite generar mayor certidumbre jurídica y que el cumplimiento de la ley sea generalizado. Asimismo, también he escrito que para aligerar la carga de los costos de verificación, se deben introducir incentivos de mercado.

En la entrevista hago mención expresa que en el terreno de combustibles ya no tiene razón que la Profeco tenga toda un área de verificación de combustibles, dado que la reciente reforma energética genera nuevos incentivos de mercado para que la competencia sea la base de un nuevo marco de cumplimiento de la ley. Este planteamiento lo sostengo desde que entró en vigor las NOMs 005 y la 185 en materia de despacho de gasolina, pues el diseño histórico con el que se ha pretendido que los consumidores gocen litros de a litro parece una paradoja: el Estado (vía Pemex), que hasta hoy, es quien goza de la venta exclusiva de gasolina en el país y quien tiene también la exclusividad de otorgar franquicias para que particulares abran estaciones de servicio, le otorga a otra entidad del mismo Estado (Profeco), la responsabilidad de que verifique que no nos roben, cuando en realidad debería generar un mercado con más competencia y rivalidad entre proveedores. En pocas palabras es el mismo perro persiguiéndose la cola. La competencia generará una nueva dinámica de verificación en el sector de gasolina y gas LP.

Otro aspecto clave en materia de verificación, es que al igual como se avanzó en el diseño de la actual COFECE, en la Profeco se deben dividir las áreas de verificación e investigación, de las que resuelvan los procedimientos para que se sustancien en forma de juicio y eventualmente conduzca a una sanción.

Por último, les comparto nuevamente un policy brief que Central Ciudadano y Consumidor y CIDAC hicieron en 2013, “Políticas de Competencia y Protección al Consumidor: Hacia una convergencia necesaria”, en donde a partir del análisis de diferentes mercados, así como sistemas de protección de consumidores y competencia más avanzados en el mundo, proponemos la fusión entre la hoy COFECE y la Profeco, con el objeto de que ambas políticas converjan para así avanzar en ampliar el bienestar de los consumidores y el ejercicio de sus derechos.

El ABC en la crisis del huevo.

Hoy, como en 2012, el mercado del huevo enfrenta un problema de alzas considerables en los precios. En la ocasión anterior, el origen del problema fue la gripe aviar que generó escasez en el abasto y comercialización del producto e impactó gravemente en los precios en varias zonas del país. Ahora, las autoridades no han atribuido este encarecimiento a un problema sanitario. Al respecto vale la pena leer el análisis de Carlos Martínez, quien revisa el comportamiento estacional del precio del huevo y sobre todo lo vincula con una posible afectación debido a precios internacionales. Incluso el propio Secretario de Economía declaró que se busca identificar el origen del incremento y poder tomar las acciones contra los responsables de esta situación. Asimismo descartó que se tratara de un problema de temporada o de abastecimiento. Esta declaración detonó una serie de acciones gubernamentales. En este contexto es donde conviene identificar el papel que en esta crisis corresponde a consumidores, autoridades, políticos e industria.

El huevo es la principal proteína de origen animal que consumimos los mexicanos. Somos el consumidor número uno en el mundo (promedio de 22 kg por persona al año). Por eso el alza en el precio no es un tema menor. No obstante esta relevancia, los consumidores somos los soberanos de los mercados y tenemos la opción de elegir otros alimentos y con la correspondiente reducción de la demanda, contribuir a que baje y se estabilice el precio del huevo. Además, nos corresponde denunciar actos ilegales.

De manera intrínseca con el tema de los consumidores, está el papel de la Profeco, quien en estas circunstancias despliega una estrategia de vigilancia y verificación en establecimientos, con el objeto de identificar posibles infracciones a la Ley y violaciones a los derechos básicos de los consumidores, así como prácticas abusivas, coercitivas o engañosas, para lo cual cuenta con diferentes instrumentos coercitivos como multas, suspensiones y clausuras. Eventualmente en caso de encontrar casos de acaparamiento, puede hacer la denuncia correspondiente al ministerio público, pues son responsabilidades de carácter penal. Asimismo, en caso de identificar prácticas que pudieran ser monopólicas, puede abrir una denuncia con la COFECE. El punto fino en la interpretación jurídica, es cómo pueden sistematizarse aquellas prácticas industriales o comerciales en detrimento de la sociedad, que el artículo 28 constitucional advierte que serán castigadas con severidad, en relación con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento en cuanto a que un tipo de práctica abusiva es la manipulación de precios. Resulta oportuno que la Profeco emita criterios y lineamientos de cómo interpretar y aplicar estas disposiciones. Asimismo, es muy importante vincular cómo bajo el principio Pro Persona que establece nuestra Constitución, la Profeco también asume responsabilidades en cuanto a la protección y defensa de derechos fundamentales, como el de alimentación. Al respecto, escribí hace tiempo un paper sobre la argumentación jurídica y política pública que siguió la Profeco en 2012 al enfrentar la crisis de gripe aviar: Derechos básicos de los consumidores, mercado global y derechos humanos. El caso de México.

El tema de competencia económica es el más atractivo, dada la reciente reforma legal. Al respecto, la Comisionada Presidenta de la COFECE declaró que se inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas, para identificar si se acredita la manipulación de precios, así como la eventual segmentación de mercados. Para cumplir esta tarea, esta agencia tiene ahora mecanismos de verificación e investigación muy robustos, semejantes a los que ocurren en las principales agencias “antitrust” en el mundo, como es el caso de que la COFECE en sus diligencias pueda tener acceso a cualquier oficina, computadora, archivero, etc., o el caso de ofrecer reducir sanciones a quien haya participado en prácticas ilegales y coadyuve con la investigación (los famosos whistleblowers). Esto representa que la agencia tiene la facultad de revisar a detalle todo lo que sea de su interés y en caso de encontrar elementos que permitan probar la práctica monopólica, lo usará en la investigación misma. Otro aspecto clave en este caso será la determinación del mercado relevante y el poder sustancial de cada procesado, así como ampliar las investigaciones a los insumos para la elaboración de este producto.

El tercer aspecto que hay que analizar son los políticos, quienes reaccionan a diferentes incentivos. Recordemos que en la crisis de gripe aviar del 2012, el entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard hizo compras masivas de huevo en la Central de Abastos y la distribuyó, en ciertas comunidades vinculados con sus clientelas políticas, en donde la gente para comprar un kilo de huevo tenía que hacer tres horas de fila. Lo anterior además atrofió canales de distribución en la Ciudad y complicó la crisis. Este fenómeno es muy delicado, porque ante un caso extremo, podría ser el detonante de una “Guerra de Alimentos”, en la que los políticos empiecen a comprar grandes cantidades de producto para dar a sus gobernados y con esto generar zonas de escasez y desabasto, así como a encarecer todavía más más el precio de estos alimentos. Adicionalmente, existen voces de políticos que no reconocen que no hay control de precios y que al presionar no son parte de la solución, sino que incluso inciden en que se violen garantías de las empresas, como la del debido proceso.

Por último la empresa debe ser muy clara respecto de cuáles son sus responsabilidades legales en materia de mostrar precios al consumidor y cumplir programas de calibración de básculas, así como desde el punto de vista práctico tener facturas de compra y venta de sus productos. Obviamente no incurrir en conductas o actos que se encuentren tipificados como abusivos, engañosos o coercitivos, ni mucho menos prácticas monopólicas o anticompetitivas. En la medida que se genere información clara, las empresas podrán planear mejor su cumplimiento regulatorio y así las autoridades enfocarse con mayor precisión en las infractoras. Por último, en relación con el ejercicio de derechos humanos como el de alimentación, se generan nuevas relaciones y responsabilidades jurídicas de la empresa, pues ésta no necesariamente podría ser sancionada por una autoridad por violentar el ejercicio de éstas garantías, pero sí por obstaculizar su adecuado disfrute en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes en la materia.

Por último, urge debatir a fondo sobre casos de crisis en la comercialización de productos básicos, pues hoy es el caso del huevo, pero también pasa con el maíz y algún día con el agua. Por eso, tenemos que contar con procesos más claros respecto de cómo actuar en crisis como la que hoy nos ocupa y definir criterios sobre las responsabilidades de cada agente en el mercado.

El alto a la Publicidad Engañosa por parte de la Suprema Corte.

¿Qué pensarías sobre el hecho de que una empresa le reconozca ciertos derechos a unos consumidores en otro país y no haga lo propio con nosotros en México respecto de un mismo daño? Ante el creciente desarrollo de empresas globales con canales de producción y comercialización en todo el mundo, tenemos que evitar que éstas tengan un trato diferente a consumidores dependiendo de su país. Al contrario, este tipo de empresas tienen una responsabilidad corporativa mayor, pues tienen principios y estándares que deben aplicar globalmente y que incluso contribuyan a mejorar prácticas comerciales en mercados menos desarrollados. De lo contrario, reducir estándares implicaría que estas marcas tengan consumidores de primera, segunda, tercera, etc., categorías.

Pues Reebok en México demuestra que nos considera consumidores de segunda. Esto se evidenció con un caso de publicidad engañosa encontrada en un anuncio de los tenis Easy Tone, que se persiguió de manera simultánea y por diferentes mecanismos en EUA y México.La gran diferencia es que mientras en EUA acordó con la autoridad conformar un fondo de 25 millones de dólares para compensar a quienes engañó con su publicidad, en México se la pasó jugando al abogado coyote peleando que no se había probado que su publicidad era engañosa (insisto, ¡Es la misma que Reebok reconoció engañosa en EUA!). Por eso, con una estrategia procesal que denigra la dignidad de los consumidores mexicanos, peleó de forma una acción colectiva interpuesta por la Profeco en febrero de 2012. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación le puso un alto a estas prácticas abusivas y le dijo a Reebok que a ellos les corresponde probar que su anuncio tiene las ventajas que afirman y no a los consumidores demostrar lo contrario. Es decir, la carga de la prueba recae en la empresa. ¡Felicidades a la Corte y en particular al Min. José Ramón Cossío quien en la Primera Sala promovió esta resolución! ¡Es un gran precedente en materia de publicidad engañosa!

Siempre he pensado que los derechos básicos de los consumidores comparten ciertas características con los derechos y libertades fundamentales, como el hecho de que en su defensa y promoción se debe considerar su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este sentido, estamos hablando de que el derecho básico tutelado es el derecho a la información, mediante al combate a la publicidad engañosa. Por esto resulta indispensable estudiar el proceso jurídico contra Reebok, tanto en EUA, como en México. Les comparto un ensayo que escribí al respecto y que me es publicado en el Blog de Nexos: El Juego de la Corte. Mi texto: El alto a la Publicidad Engañosa por parte de la Suprema Corte.

Los consumidores de telecomunicaciones

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El pasado 13 de noviembre participé en el Foro sobre la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Colegio de Abogados, a invitación de mi querido amigo Federico Hernández Arroyo.

Presenté un caso de estudio sobre la emisión de la NOM 184 y de la estrategia de judicialización que hizo la Profeco en los años 2011 y 2012 para ampliar la protección de consumidores de telecomunicaciones.

Por un lado, partí del panorama de crecimiento sostenido que experimentaba la industria en los últimos años, mismo que fue asimétrico pues no promovió mejores prácticas comerciales en el sector, ni en fortaleció los derechos de los consumidores. Este escenario fue el marco para que el sector de telecomunicaciones fuera el que más quejas representaba ante la Profeco (25%) y que por tanto justificara promover medidas regulatorias que equilibraran el terreno. La mayor parte de las quejas que se encontraron tenían su origen en cláusulas abusivas de los contratos de adhesión que presentaban los proveedores a los consumidores. Por estas razones, la estrategia implicó impulsar la NOM 184, mediante la cual se obligaría a los proveedores a registrar sus contratos ante la Profeco (quien consecuentemente podría evitar que se presentaran a los consumidores cláusulas abusivas) y por el otro lado, emprender una inédita estrategia judicial, al promover acciones de grupo y demandar la nulidad de cláusulas abusivas en los contratos. En este último caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió hace unas semanas la razón a la Profeco en los argumentos que se esgrimieron y confirmó la nulidad de cláusulas abusivas, engañosas o desiguales.

Estas acciones fueron el preámbulo a las reformas de 2013 y 2014 en la materia, y que han permitido profundizar la competencia, mediante el fortalecimiento de los derechos de los consumidores.

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Bernardo Altamirano Rodrìguez, Gerardo Soria (IDT), Germán Saldívar (ANADE), Federico Hernández Arroyo (ANADE), Sergio Legorreta (Baker and Mackenzie) y Gabriel Székely (ANATEL).

Foto: Anatel

 

Foro sobre la Ley Federal de Competencia Económica

Foro sobre la Ley Federal de Competencia Económica

La semana pasada participé en un foro convocado por la Comisión de Comercio de la Cámara de Senadores, en la que se analizó el alcance de la minuta de la Ley Federal de Competencia Económica. En dicho espacio, presenté propuestas elaboradas por Central Ciudadano y Consumidor, en materia de: insumos esenciales, barreras a la competencia y desincorporaciones, mismas que invito a que las puedan conocer en http://www.centralcyc.mx

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El Paradigma de la Competencia

La mejor manera de ampliar el bienestar de los consumidores, es mediante el impulso de una verdadera competencia económica. Debemos transitar de un paradigma paternalista de protección a uno en el que la competencia sea el centro de gravedad, propicie mejores prácticas comerciales y como consecuencia beneficie al consumidor, quien también debe asumir su responsabilidad individual. Tenemos que hacer que la competencia sea parte de nuestra cultura diaria, pues es la mejor forma de dirigirnos al progreso. Les comparto mi columna de Reforma. Durante el artículo, hago referencia a una propuesta en la que planteamos la fusión de Profeco y la Cofece, misma que también les comparto. Gracias por su interés.

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La eficacia del nuevo esquema de verificación de gasolina de Profeco.

En declaraciones recientes del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Alfredo Castillo Cervantes, ha informado sobre los resultados de los trabajos de verificación que la Profeco realiza en las estaciones de gasolina, para castigar a quienes no vendan litros de a litro.

Con base en esas declaraciones, observamos que ha habido éxito y contundencia en sancionar a quienes abusan de los consumidores. A toda la sociedad, y en especial a los consumidores, nos motiva que la autoridad sea eficaz.

Estos logros son consecuencia de un profundo proceso de cambio regulatorio. Como en su momento lo mencioné, la fórmula de verificación anterior estaba agotada. En efecto, en octubre del año pasado, posterior a un largo trabajo de normalización, entraron en vigor las NOMs 005 y 185. Lo anterior representó a su vez un cambio en la tecnología de los dispensarios que tuvieron que instalar un nuevo software, para lo cual hubo una considerable inversión de millones de pesos. Ambas normas representan un avance cualitativo en la eficiencia y eficacia del trabajo de verificación de la Profeco.

Por un lado, la Norma 005 obliga la integración de aditamentos de confiabilidad, y dificulta la alteración del dispensario. Asimismo, el dispensario contaría con una bitácora de eventos, en el que se revisa hasta 12 meses del historial de su funcionamiento electrónico. En cuanto a la 185, permite una mayor certidumbre sobre el software instalado en los dispensarios. Con estas normas se permite obtener resultados más claros y transparentes en las acciones de verificación.

Estas normas aumentaron el riesgo para aquellas estaciones que buscaran alterar el despacho y abusar de los consumidores. Adicionalmente, al revisar el historial de 12 meses de los dispensarios, la autoridad podría reducir la frecuencia de sus verificaciones, estar menos expuesta a la corrupción y ser más contundente en sus resultados. Por eso debe reconocerse que esta nueva norma permite verificar con mayor eficiencia a la Profeco, pues con menos visitas, tiene mejores resultados. Sin duda alguna, es un modelo de verificación que le apostaba a reducir considerablemente la impunidad.

Ayer en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, el Procurador Castillo afirmó que “antes las verificaciones o eran una simulación, o arreglaban todo a través de un sistema o un software, o no se hacían de manera exhaustiva”. Además, agregó que “en sólo 57 operativos llevamos 600 mangueras inmovilizadas, lo cual significa que con el 3% de los operativos de la administración anterior cerraríamos el mismo número de mangueras” y concluyó “no puede ser posible que en sólo 57 operativos se lleve la cuarta parte del total que se hizo en todo un año”.

Al respecto habría que ser muy cuidadoso al comparar resultados de verificación, que atienden a instrumentos, regulación y tecnología diferentes. Sin duda este caso es digno de reconocer como una política pública exitosa, en la que la autoridad, sociedad y empresa combinaron esfuerzos para encontrar mejores herramientas de protección al consumidor y que se evidencia que en su marco legal hoy la Profeco es más fuerte en esta función tan importante para proteger a la sociedad en que se les brinde el litro de a litro. Esto significa que el proceso de normalización fue exitoso.

Por último, insisto que en las políticas de protección al consumidor deben tener como propósito corregir fallas de mercado. Por tanto, en un mercado como el de gasolinas, corresponde a Pemex diseñar condiciones e incentivos de mercado que amplíen la satisfacción de los consumidores. A esta empresa pública es a la que le corresponde construir mejores condiciones de confianza y la mejor vía es impulsar mayor competencia en la venta de gasolina, e incluso la participación de otras marcas, pues recordemos que al final del día, los proveedores son franquicias.

¿Cuál es el futuro de Profeco?

Reforma
(30-Abr-2013).-

Los cambios en un modelo de defensa y promoción de los derechos de los consumidores son correlativos a cambios en las prácticas e instituciones económicas. En la década de los 70, el mundo atravesaba la Guerra Fría, en la que dos modelos económicos antagónicos buscaban imponer su visión de mercado, consumidor e intervención gubernamental. Bajo una óptica, el Estado era responsable de velar por el poder adquisitivo de los consumidores, para lo cual limitaba de manera estricta la libertad empresarial, controlaba precios y producía gran cantidad de bienes y servicios. Bajo otra, el Estado era responsable de tutelar la competencia en los mercados, pues la libre participación de los actores permitía obtener mejores precios y ampliar la libertad de elección.

En México, la Profeco nace en 1976, justo en medio de este debate. En esa época, nuestra economía era cerrada y dirigida, la competencia económica era muy limitada y prevalecían los controles de precios. Las prácticas anteriores fueron interpretadas por el Estado mexicano como la fórmula idónea para defender los intereses económicos de los consumidores, siendo estos parte de sus derechos básicos. En este marco, la Profeco cumplió cabalmente con una función de control y coerción, mediante sus visitas de verificación y vigilancia, con las cuales buscaba asegurar el cumplimiento de esta visión económica.

La Profeco nació con un diseño institucional centralista, excluyente y basado en desgastantes mecanismos persecutorios, mismos que polarizan, por un lado, los derechos de los consumidores, y por otro, a la empresa. Esto generó desconfianza entre ambas partes y sobre todo ante el mercado.

Con el paso del tiempo, México fue abriendo gradualmente sus puertas comerciales y cambiando su visión económica. En 1993 nace la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco), cuya función clave es combatir las prácticas monopólicas y anticompetitivas. El libre mercado comenzó a consolidarse, el control de precios se fue desvaneciendo y la Cofeco se perfilaba para ser un protagonista. Este era el momento propicio para cambiar de fondo el modelo de protección de los consumidores y, por ende, de la Profeco, lo cual, como sabemos, no ocurrió.

Ahora se abre otra oportunidad. El pasado domingo, el Secretario de Economía afirmó que “la Profeco está inmersa en un proceso de reestructuración”. La afirmación del Secretario Guajardo es idónea para repensar a fondo el modelo de protección, sobre todo a partir de que Cofeco y Profeco pertenecen a su Sector Coordinado.

El nuevo enfoque debe partir del reconocimiento de que las políticas de competencia económica y de los derechos de los consumidores son complementarias. Si bien ambas buscan promover el bienestar del consumidor, sus instrumentos institucionales varían, incluso llegando a sobreponerse, en tanto una medida de protección del consumidor puede afectar la competencia y viceversa. Esto lo ha estudiado ampliamente la OCDE, y podemos observar cómo múltiples países cuentan con instituciones que conjuntan ambas funciones: EU, Canadá, Francia, Australia, Colombia, Perú y Panamá, entre otros.

En México debemos dirigirnos hacia un modelo en donde una sola institución desarrolle las funciones de protección de los consumidores y de combatir las prácticas monopólicas. En este esquema, la función de verificación de la Profeco se enfocaría a combatir riesgos y abusos comerciales que atenten contra la integridad de los consumidores y la equidad de las relaciones de consumo, pero también para identificar prácticas monopólicas que se lleven a cabo desde cualquier ámbito comercial. De manera paralela, convendría desarrollar una oficina semejante al otrora Instituto Mexicano del Consumidor, un espacio mediante el cual se fortalezca la información a favor de los consumidores, para así reducir asimetrías de mercado y contribuir a una mayor transparencia comercial. Finalmente, convendría fortalecer el rol de los jueces.

Como lo dije desde diciembre de 2011, estando al frente de la Profeco, el modelo de protección de los consumidores en México está superado. Se debe transitar hacia un modelo en el que se construya confianza e incentive mejores prácticas comerciales, mediante mecanismos de corresponsabilidad y participación con la ciudadanía, nuevos esquemas de autorregulación empresarial y mayor intervención de los demás niveles de Gobierno. De esta manera será posible tener una visión integral de mercado y alinear derechos de los consumidores, competencia y libertad empresarial, en torno a un solo eje: la legalidad.

 

Presidente de Central Consumidor y Ciudadano A. C., miembro del Grupo de Expertos en Competencia y Derechos de los Consumidores de la UNCTAD, Ex Procurador Federal del Consumidor y Líder Negociador para Better Business Bureau en México.

Artículo publicado en Reforma/Negocios el pasado 30 de abril de 2013. http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/printImpresa.aspx?DocId=1472045-1066&strr=bernardo altamirano

¿Es posible definir un consumidor global?

Ante los esfuerzos enfocados a internacionalizar la defensa de los derechos  de los consumidores e impulsar mecanismos y políticas públicas homogéneas, es  válido preguntarse si podemos hablar de un consumidor global y dónde se  encuentra México.

marzo 15, 2013Bernardo  Altamirano Rodríguez

Por: Bernardo Altamirano Rodríguez

Hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. La elección del  15 de marzo para conmemorar a los consumidores nos remonta al discurso que  pronunciara en 1963 ante el Congreso el entonces Presidente John F. Kennedy, en  donde justamente se posicionó notablemente sobre estos derechos. Pero darle el  carácter de “Día Mundial” implica reconocer que en todo el planeta se  desarrollan esfuerzos de diferente impacto que buscan hacer más eficaz el  disfrute de los derechos de los consumidores.

Existen avances y pendientes de esta agenda tan importante, que pueden  analizarse en lo global, en lo regional y en lo nacional. En el primer nivel,  uno de los puntos de inflexión fue la emisión de las Directrices de la ONU de  1985 en las que se definen los derechos básicos de los consumidores. No debemos  obviar que dicho esfuerzo se dio en medio de la Guerra Fría, en la que existían  dos modelos económicos y de mercado antagónicos, por lo que llegar a un consenso  en torno a principios básicos que debían atenderse a nivel global, fue un gran  logro. En lo regional, destacan instrumentos claros de cooperación y  coordinación en el seno de la Unión Europea, así como esfuerzos importantes en  el ámbito Iberoamericano. En lo nacional, prevalecen amplias diferencias en el  nivel de avance en los marcos jurídicos, que implican retos de las autoridades,  legisladores, empresa y sociedad, respecto de cómo promover con mayor eficacia  estos derechos.

Ante este conjunto de esfuerzos enfocados a internacionalizar la defensa de  los derechos de los consumidores e impulsar mecanismos y políticas públicas  homogéneas, es válido preguntarse si podemos hablar de un consumidor global y  dónde se encuentra México. Para hacer una primera aproximación de respuesta,  propongo analizar los avances en torno a cuatro elementos fundamentales: marco  jurídico, fortaleza de la autoridad, patrones de consumo y cultura de la  legalidad.

1.- Marco jurídico. La legislación  en la protección de los derechos ha evolucionado, tanto en lo sustantivo, como  en lo procedimental. México fue país pionero en definir un marco jurídico ad  hoc pero esta tarea, al ser interdisciplinaria, implica también la  sistematización con otras áreas, como son la de competencia económica, la  legislación de sectores regulados y monopolios, diseño de servicios públicos, la  seguridad jurídica en torno a marcas y patentes, los trabajos de normalización y  certificación de la conformidad, entre muchos otros. Todos estos elementos  implican evaluar una dimensión más amplia de leyes, reglamentos y normas, para  identificar la solidez y eficacia de los derechos. En México, de manera  adicional, hay que reconocer que se logró un avance en derechos humanos, al  reformar el Artículo 1º de nuestra Constitución Política y definir el principio Pro Persona, en el que todas las autoridades tienen la obligación de  promover y proteger estos derechos fundamentales. En este sentido, utilizando  este criterio Pro Persona, en un amparo promovido por la Profeco por el  caso Mexicana, un tribunal aplicó una norma de carácter internacional, como son  las Directrices de la ONU de 1985, en relación con nuestro artículo 1º y 28  constitucionales, y resolvió que la tutela de los derechos básicos de los  consumidores está en la misma dimensión que el de los derechos humanos. Esto sin  duda alguna sienta un precedente histórico en México, y que muchos países en el  mundo reconocen. Por tanto, la estrategia de internacionalizar y judicializar la  protección de estos derechos nos permite concluir que en este ámbito del marco  jurídico, México sí tiene y contribuye a una visión global de consumidor.

2.- Fortaleza de la autoridad. El nivel de solidez de las  autoridades en la materia varía en cada país. Los niveles de profesionalización,  los instrumentos coercitivos, los recursos de información, educación y  capacitación, son variables que demuestran diferentes avances. Pero la fuerza de  una autoridad también se mide a partir del diseño institucional que se cuenta  para promover mejores incentivos y hacer que la ley se cumpla. Aquí encontramos  países que han fusionado en una sola autoridad las funciones de combatir  prácticas anticompetitivas y de promover los derechos de los consumidores (por  ejemplo, nuestros vecinos del norte y muy especialmente Estados Unidos; en la  Unión Europea, casos como Francia; incluso en países como Australia y Nueva  Zelanda; en Latinoamérica el caso de Panamá). De manera adicional a estas dos  funciones, en países, como Colombia y Perú, se agrega un tercer eje, que es el  relativo a propiedad industrial y marcas, en donde una sola autoridad conjuga y  sistematiza los tres elementos. Finalmente, también debe analizarse el valor de  descentralización con el que las autoridades se desenvuelven, en donde vale la  pena destacar el caso de Canadá, en cuyo  régimen federal existen  responsabilidades claramente definidas de los diferentes órdenes de gobierno.  Cabe señalar que en la mayoría de los casos citados, el nombramiento del titular  del órgano gubernamental tiene un período determinado y un mecanismo de revisión  de los congresos, con lo que se le brinda mayor autonomía. De lo anterior se  desprende que existen claras evidencias que el impulso de la competencia y el  fortalecimiento de los derechos de los consumidores van de la mano y por tanto  el camino adecuado es darle una atención integral a estas funciones. Al final  del día, la competencia es el espacio objetivo en el que se desarrollan los  sujetos denominados consumidores.

En México, la PROFECO surge en una coyuntura donde nuestra economía era  cerrada, existía una débil competencia, predominaba la definición de precios  máximos en torno a productos y servicios, y donde el Estado era el gran  proveedor. En este sentido, la Profeco nace con un fuerte gen paternalista y  proteccionista, basado en desgastantes esquemas persecutorios. Asimismo, tiene  un fuerte espíritu centralista, pues no existen responsabilidades claras ni  medibles en otros niveles de gobierno. A pesar de que la Ley en la materia ha  sido modificada en múltiples ocasiones y mediante políticas públicas se ha  buscado la modernización, el diseño institucional de la Profeco se aleja de esa  visión internacional que busca mejores mecanismos para impulsar a ese consumidor  global. Por tanto, es urgente en nuestro país que a la luz de las  múltiples reformas estructurales que se están gestando, se valore la  conveniencia de fusionar la Profeco y la Comisión Federal de Competencia y  eventualmente con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.  Adicionalmente, que este diseño avance en la transparencia para generar mayor  confianza en el mercado y reduzca zonas grises de discrecionalidad de la  autoridad.

3.- Patrones de consumo. Sin duda alguna este es uno de los  ámbitos donde encontraremos las más profundas diferencias. La promoción y  defensa de los derechos de los consumidores resulta más eficaz en la medida que  se identifique mejor la evolución de los patrones de consumo en la sociedad y es  directamente proporcional a la evolución y fuerza de los mercados. En donde  prevalece un nivel de ingreso medio, los consumidores disfrutan de una mayor  libertad para elegir sus bienes y servicios, y naturalmente la competencia entre  los proveedores se orienta a ganar su satisfacción, por lo que sin duda existen  mejores incentivos para impulsar políticas públicas integrales, que se enfoquen  a promover mejores prácticas comerciales. En cambio, bajo condiciones de pobreza  y marginación, se deben promover políticas más proteccionistas, pues el mercado  es muy débil y es donde más vulnerables se encuentran los consumidores. De esta  manera, los patrones de consumo contribuyen a la definición de la agenda de las  autoridades responsables. Por un lado, para las economías más desarrolladas  encontramos organismos y esfuerzos de cooperación internacional que buscan  generar parámetros de mejores políticas públicas, como son el caso de la OCDE y  de la International Consumers Protection Enforcement Network. Por el otro  lado, existen instancias que buscan impulsar medidas de protección a niveles  socioeconómicos que se encuentran en situación de pobreza o marginación, como la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) o el  Foro Iberoamericano de Agencias de Protección de Consumidores. Como se puede  concluir, las desigualdades socioeconómicas impiden hablar de un consumidor  global. En todo caso, se polariza en dos niveles de ingreso y consumo. En  México, a pesar de las desigualdades económicas, observamos un cambio drástico  en los patrones de consumo en los últimos años. Esto queda muy bien reflejado en  una publicación de la Profeco, coordinada por el Dr. José Merino, denominada “Bienestar y Consumo, el Consumidor Mexicano del Siglo XXI”, en la que con base  en el último censo del INEGI se observa cómo la mejora en el consumo ha sido un  factor clave en el aumento del bienestar en todos los deciles. Adicionalmente,  Profeco participa intensamente en los organismos y foros antes señalados, y el  reto principal ante las desigualdades socioeconómicas, consiste en poder diseñar  políticas públicas diferenciadas, a través de incentivar mejores prácticas  comerciales en aquellos sectores de ingreso medio, mientras que mantenga una  firme protección en los sectores más vulnerables. Por tanto, en cuanto a  patrones de consumo, México enfrenta la imposibilidad de configurar un  consumidor global único.

4.- Cultura de legalidad y educación de consumo. Si estamos  hablando del ejercicio de derechos, nos debemos remitir a los niveles de cultura  de la legalidad. Aquí es donde enfrentamos uno de los mayores rezagos, pues  mientras en México la autoridad busca evitar que el comercio formal infrinja la  Ley, está imposibilitada para aplicar la ley al comercio irregular. Lo anterior  es más complicado ante los niveles tan elevados de comercio informal, en donde  sin lugar a dudas los consumidores enfrentan mayores riesgos y abusos.  Adicionalmente, no se encuentra generalizada en la sociedad, sin importar el  nivel socioeconómico, una educación de consumo, en la que al buscar proteger su  patrimonio e integridad, los consumidores sean desincentivados para adquirir sus  bienes y servicios en el comercio informal. Por estas razones, existe un gran  potencial para fortalecer el mercado interno y los derechos de los consumidores,  mediante políticas públicas integrales con los temas de competencia y marcas,  pero sobre todo con una determinante participación de los otros niveles de  gobierno. Asimismo, buscar construir confianza de manera corresponsable con la  empresa y con la sociedad, en el cual se termine con el modelo persecutorio y se  dé paso a uno basado en mejores prácticas comerciales.

Estos cuatro elementos nos permiten confirmar lo complejo que resulta  configurar una definición unívoca de consumidor global. De buscar esa meta,  resulta fundamental avanzar en internacionalizar la definición de derechos y  mecanismos de defensa, en homogeneizar el diseño de los órganos de autoridad en  la materia, de reducir las diferencias socioeconómicas que se reflejan en  múltiples patrones de consumo y en fortalecer la cultura de la legalidad. México  tiene mucho que aportar al debate global, pero también tiene grandes  oportunidades de mejora y encaminarse hacia una reflexión profunda en la que se  integre un órgano con gran fuerza institucional que fusione las tareas de la  Profeco, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Mexicano de la  Propiedad Intelectual.

* Bernardo Altamirano Rodríguez, ex Procurador Federal del Consumidor,  Miembro del Grupo Asesor de Expertos del Programa COMPAL de la Conferencia de  las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Presidente de Central  para el Desarrollo del Consumidor y el Ciudadano, A. C.

Les comparto artículo que me publicó Animal Político el pasado Día Mundial de los Derechos del Consumidor (15/03/13) http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2013/03/15/es-posible-definir-un-consumidor-global/#axzz2SAGWTROi

Cooperación internacional para el fortalecimiento de los derechos de los consumidores.

El creciente intercambio comercial global genera retos permanentes a la eficacia de las agencias de protección al consumidor. En la medida que han proliferado los tratados y acuerdos comerciales, las agencias comienzan a desarrollar esfuerzos de cooperación internacional para intercambiar experiencias, definir mejor políticas públicas, buscar la ampliación de derechos sustantivos y adjetivos de los consumidores y propiciar así un cumplimiento de la ley más generalizado y relaciones de consumo más equitativas y seguras.

Las redes y agencias internacionales se encuentran frente a la gran oportunidad de concretar sus esfuerzos y brindar resultados específicos a los consumidores. Hacia el futuro se espera mayor visibilidad y articulación de los foros de participación internación y mayor incidencia de estas agendas en las políticas públicas locales. México presidirá el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor para el periodo 2013-2014

Antecedentes

Ya han pasado casi 30 años desde la emisión de las Directrices para la Protección del Consumidor, aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en abril de 1985. Si bien en diferentes países o regiones ya había un avance en leyes que definían mecanismos para promover y proteger los derechos de los consumidores, predominaba en dicha época una heterogeneidad en torno a la definición de derechos sustantivos y procedimientos para su defensa y garantía[1]. Previo a estas Directrices los derechos de los consumidores eran configurados desde lo local con formas y contenidos muy diversos. Adicionalmente, el mundo atravesaba la llamada  Guerra Fría, en la que estaban en discusión dos modelos económicos opuestos y, consecuentemente, la visión de los mercados, consumidores y la intervención de los gobiernos estaba en debate permanente. En este contexto de polarización resultaba difícil configurar un modelo único de derechos de los consumidores. Por estas razones es que las Directrices dan el primer paso hacia la universalización de los derechos de los consumidores. Sin duda, este fue un paso histórico, pues permitió construir un movimiento que trascendía fronteras, y era la oportunidad para impulsar mecanismos de cooperación internacional, no sólo en foros multilaterales, sino en lo regional y bilateral, pero también de una manera destacada en la cooperación entre organizaciones ciudadanas especializadas en la agenda del consumidor[2].

Las Directrices de la ONU dieron pauta a la homologación en el diseño normativo de los derechos sustantivos de los consumidores. De esta manera, la ONU define seis derechos del consumidor de carácter universal: I) protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad; II) promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores; III) el acceso de los consumidores a una información adecuada; IV) la educación del consumidor; V) la compensación al consumidor; vi) libertad para formar organizaciones de consumidores.

Estos seis ejes fundamentales han servido como parámetro en múltiples países. México no es la excepción y el espíritu de estas directrices se encuentra incluido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Espacios de cooperación internacional

La cooperación internacional sobre los derechos de los consumidores ha enfrentado las mismas adversidades y oportunidades que otros ámbitos. Como veremos más adelante, la cooperación transgubernamental es la que ha prevalecido, en donde existe coordinación directa entre las agencias especializadas en la materia y no mediante un mecanismo tradicional, como pudiera ser a través de las cancillerías. Así, se cuenta con diferentes redes gubernamentales en los que se intercambian mejores experiencias de políticas públicas, información y cooperación judicial transfronteriza, entre muchos otros asuntos.

La desventaja de estos mecanismos es que la mayoría son informales y carecen de visibilidad por la falta de apoyos políticos y económicos. Por otro lado, en la mayoría de los espacios que se analizarán, se respira un ambiente de incapacidad para que las estructuras de gobierno tradicionales enfrenten eficazmente sus retos.

La protección y promoción de los derechos de los consumidores ha encontrado en la cooperación internacional una fórmula para el intercambio de experiencias, el análisis de casos, el identificar políticas públicas de mayor impacto, y buscar así generalizar el cumplimiento de la ley y de hacer más eficaces los derechos de los consumidores. Los foros son de distinta naturaleza y propósito.

a) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En 1969 la OCDE crea el Comité de Políticas del Consumidor. Los delegados se reúnen dos veces al año. Se trata de un espacio que, si se compara con otros comités de la misma OCDE, es compacto y tiene mucho mayor potencial para que sus trabajos tengan mayor alcance en los países miembro.

En este Comité se ha privilegiado la investigación y el análisis, el intercambio de información; se examinan formas y métodos para fortalecer los resultados de los países; se emiten lineamientos y recomendaciones y sobre todo publica y divulga el Consumer Policy Toolkit, que se ha consolidado entre los países miembro como un referente de las políticas públicas en la materia. No obstante estos avances, en la OCDE existe todavía un gran potencial para que sus análisis y resoluciones generen mayores compromisos a sus integrantes, mediante la publicación de compromisos, metas y resultados.

b) Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación de la Ley (ICPEN). En 1992 se crea el mejor conocido ICPEN (por sus siglas en inglés: International Consumers Protection Enforcement Network), cuyo nombre inicial fue la International Marketing Supervision Network. No fue sino hasta septiembre de 2002, en la reunión anual en Australia, en donde adopta el nombre con el cual hoy es reconocido. Desde un inicio, este espacio busca las mejores fórmulas para la aplicación de la ley y las prácticas de comercio.

Más de 40 países pertenecen a esta Red, además de contar con representantes de la Unión Europea, la OCDE y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El objetivo de esta Red es facilitar las acciones de cooperación internacional para prevenir y resarcir las prácticas de comercio transfronterizo que resulten engañosas y dañen al consumidor. Las reuniones son de carácter semestral y anualmente se define una Presidencia de entre los países miembro, la cual no dispone de secretariado técnico propio de ICPEN, sino que se apoya en el personal y estructura de cada organización nacional anfitriona de las reuniones. Esto sin duda ha impedido que los trabajos de este importante foro tengan una sistematización mucho más permanente y actualizada y sobre todo identificar metas y evaluar su cumplimiento por parte de los Estados miembro. Sin duda alguna este espacio es de los que mayor potencial tiene.

c) Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC). Se trata de un órgano multilateral de cooperación informal, especializado en el análisis y discusión de la política pública de protección al consumidor, integrado por agencias gubernamentales de Iberoamérica.  Nace en 2002 en Santiago de Chile. Cuenta con 20 Estados miembro y cuatro observadores, entre ellos la UNCTAD, pero también de manera destacada Consumers International.

d) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La UNCTAD amerita una reflexión aparte, pues es un espacio estratégico para avanzar en la universalización de la protección de los derechos de los consumidores, y por que a ella le corresponde elaborar los proyectos de nuevas directrices que actualicen e incorporen los principales retos comerciales del presente y que nos permitan generar así una defensa sin fronteras. En los últimos meses se ha esforzado en promover una actualización a estas Directrices, que de concretarse, generarán un impulso a la cooperación internacional.

e) Otros espacios. La Unión Europea amerita una mención especial, pues si bien sus regulaciones vinculan sólo a sus Estados miembro, sirve de referencia para resaltar la gran relevancia de la cooperación internacional, sobre todo enfocada a la protección universal de los derechos de los consumidores. La Comisión Europea no tiene necesariamente facultades vinculatorias para hacer  cumplir las medidas, pero sí para definir regulaciones y armonizar políticas, como queda debidamente establecido en diferentes artículos del Tratado de Lisboa (como son el 12, 114, 169, entre otros). Esta solidez normativa e institucional permite que la UE participe de manera más coordinada y homogénea en los demás foros internacionales, como son los casos de ICPEN y de la misma OCDE.

Finalmente, y de manera reciente, las negociaciones del Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés), abre también una oportunidad para avanzar con una agenda de promoción de los derechos de los consumidores.

La participación de México en estos foros internacionales.

México desde su entrada a la OCDE ha participado en el Comité de Políticas del Consumidor. Sus lineamientos y documentos de trabajo han inspirado diferentes medidas, por ejemplo en materia de economía en internet, que es uno de los temas más presentes en la agenda de dicho organismo[3]

En cuanto a ICPEN, México participa en diferentes campañas conjuntas de prevención de fraudes, pero sobre todo en la última Reunión Anual que tuvo lugar en octubre de 2012 en Gante, Bélgica, la Profeco participó en la reflexión sobre cómo este Foro puede definir una agenda clara que le permita tener un mayor impacto e interlocución con empresas globales.

Sin duda alguna, el FIAGC es uno de los Foros en los que México ha participado de manera más activa; fue de los países fundadores,  e incluso coadyuvó en la redacción de sus Estatutos. En 2006 encabezó el Grupo de Trabajo en materia de Telecomunicaciones[4] y en 2008 presidió el Foro. Posteriormente, en 2009 dirigió los trabajos para emitir Lineamientos sobre Publicidad Engañosa.

Por último, en los últimos meses, México ha fortalecido su relación trilateral con sus contrapartes de los gobiernos de Estados Unidos de América y de Canadá. Lo anterior resultaba urgente, pues sin duda alguna el dinamismo del comercio internacional en América del Norte representa grandes retos para las autoridades, empresa y sociedad. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no contempla definiciones específicas en torno a los derechos de los consumidores, por lo que resulta indispensable definir mecanismos ágiles y flexibles que permitieran impulsar la cooperación regional. De ahí que la Profeco en diciembre de 2011 haya convocado en la Ciudad de México al “Primer Diálogo de Alto Nivel”, en el que no sólo coincidieron autoridades, sino líderes y representantes de organizaciones ciudadanas y empresariales de Estados Unidos, México y Canadá. En este espacio los esfuerzos se orientaron a impulsar la corresponsabilidad del gobierno, la sociedad civil y el sector privado en el diseño e instrumentación de políticas públicas integrales en beneficio de los consumidores.

Asimismo, un tema prioritario consiste en establecer coordinación en materia de seguridad y prevención de riesgos en los hogares respecto al uso de productos de consumo. En este sentido, en Septiembre de 2011, se llevó a cabo la Primer Cumbre Norteamericana sobre Seguridad de Producto en Washington, en que Estados Unidos, México y Canadá firmaron una declaración conjunta en la que los países se comprometen a establecer mecanismos de cooperación e intercambio de información para la seguridad de los productos en la región. Finalmente, se acordó avanzar en la armonización de los requisitos de regulación y normalización como acciones conjuntas para proteger a los consumidores y mantener altos estándares en Norteamérica para aumentar la confianza de los consumidores y contar con una mayor eficiencia regulatoria.

Agenda y eficacia de la cooperación internacional

En materia de cooperación internacional para el desarrollo, existen grandes avances en la medición de resultados, como en las agendas de combate a la pobreza, medio ambiente, desastres naturales, entre otros. En cuanto al impulso de los derechos de los consumidores, el desarrollo de cooperación internacional puede ser de un alcance mayor de población objetivo, cuantificable en términos de bienestar social producido y de una inmediatez sin precedentes.

Como se observa, existen múltiples plataformas en las que se persiguen objetivos semejantes. El alcance de las resoluciones de cada foro son diferentes, no solo por la membresía de sus integrantes, sino también por la naturaleza de los mismos, pues resulta claro que algunos son sólo eminentemente informativos, mientras otros se acercan a tener fuerza obligatoria.

De ahí que la cooperación internacional se encuentra en un momento propicio para obtener resultados visibles a favor de los consumidores en todas partes del mundo. La pluralidad de espacios y foros, a partir de la diversidad de los retos económicos y sociales de sus integrantes, permitirá darle matices al modelo predominante de “consumidor” y consecuentemente lo hará más amplio, incluyente y global. El consumidor es al mercado, lo que el ciudadano a la democracia. Hemos visto cómo se han construido e instrumentado herramientas normativas, de seguimiento y evaluación de metas de países respecto de agendas democratizadoras y de fomento de los derechos civiles, económicos y sociales. Es el momento de avanzar rápida y eficazmente en la misma dirección en torno a los derechos del consumidor. Al final del día, en ambos casos estamos hablando de derechos ciudadanos. Estas medidas internacionales basadas en el adecuado disfrute de derechos básicos de los consumidores, sin duda redundará en relaciones de consumo más justas y equitativas, y contribuirá a la construcción de confianza.

Basta citar casos exitosos, como el impulso de una red de alertas de seguridad de productos global (como el proyecto 2012 de la OCDE) y el consecuente retiro inmediato de bienes, que pueden causar un daño o perjuicio a la salud de los consumidores, lo cual tiene un impacto rápido, directo y cuantificable. También la mejora continua de las normas internacionales de bienes y servicios, así como la difusión de estudios de calidad de productos que se venden en distintas regiones del mundo, contribuyen a construir una comunidad pro-consumidor de alcance global mejor informada y  más segura.

Por eso resulta indispensable identificar aspectos de una agenda mínima, sobre la cual se identifiquen los actores y sus responsabilidades, y buscar convergencias entre los diferentes espacios. El primer paso sería definir el foro más adecuado, por su naturaleza, para tener un liderazgo clave en la materia. Por ejemplo, la UNCTAD es indiscutiblemente el espacio para relanzar la discusión sobre la ampliación de los derechos básicos de los consumidores, mientras que ICPEN debe consolidar sus esfuerzos en fortalecer el cumplimiento y eficacia de la ley, así como promover mejores prácticas. En cambio, la OCDE sin duda resulta el espacio clave para avanzar en el diseño de mejores políticas públicas y establecer mecanismos de evaluación y cumplimiento. Por su parte, el FIAGC tiene una gran oportunidad de avanzar en la discusión del disfrute de derechos básicos de acuerdo con la realidad socioeconómica de la región, impulsar una nueva visión de legalidad, combatir el comercio informal[5], así como establecer una agenda amplia de buenas prácticas con empresas transfronterizas, entre otros.

A partir de definir la idoneidad del foro y el alcance de su trabajo, el segundo paso consiste en identificar el tema específico que convendría desarrollar en el mismo. Como se observa, el FIAGC tiene importantes ventanas de oportunidad para impulsar de manera eficaz un conjunto de temas que tendrían gran visibilidad en sus Estados miembro. Por ejemplo, el tema de intereses económicos de los consumidores, mismo que está directamente vinculado con la capacidad de consumo de productos básicos, y que a su vez, se vincula con el ejercicio eficaz de derechos humanos, como lo  veremos más adelante.

Tabla 1 Agenda de Cooperación Internacional[6]

Temas de la agenda OCDE ICPEN FIAGC UNCTAD UE
Seguridad de Producto X X X X
Prácticas Comerciales/ Empresas Globales X X O X
Intereses Económicos de los Consumidores O O X
Publicidad Engañosa X X X X
Mercados Regulados X O X
Educación X X X X X
Comercio Electrónico X X O X
Compensación/Reparación de Daños O O
Protección de Datos/ Privacidad X X O X

Derechos de carácter universal de los consumidores.

Recordemos que la ONU emitió sus Directrices en abril de 1985, las cuales son de carácter universal. Las autoridades y los consumidores deben internalizar estos principios básicos y así ampliar la protección y promoción de los derechos de los consumidores. Como ejemplo, cabe la pena recordar que en abril de 2012 un tribunal en México, con base en un amparo promovido directamente por la Profeco, reconoció por primera ocasión que los derechos básicos de los consumidores ameritan una tutela y protección especial al nivel de los derechos humanos. Dentro de la resolución del tribunal no solo se citan preceptos básicos de la Constitución o de la Ley, sino que justamente se fundamenta en las Directrices de la ONU.

Este antecedente fue posible gracias a la reciente reforma al artículo 1o de la Constitución mexicana, en la que se establece la obligación a todas las autoridades de proteger y promover los derechos humanos , así como de interpretar la norma siempre maximizando los derechos de la persona (principio Pro Persona). De esta manera, en México la protección de los derechos de los consumidores ya no sólo es una cuestión de legalidad, sino que se adquiere un nivel superior, que es el de los derechos humanos. Cabe señalar que México es de los pocos países en todos los foros internacionales antes mencionados, en los que se tiene este nivel de reconocimiento judicial.

Por estas razones es un imperativo que en los foros internacionales, y de manera específica en la UNCTAD, se avance en la construcción de nuevas directrices, que permitan al consumidor tener derechos básicos más robustos, y así permitir a la autoridad una mejor protección y avanzar en la judicialización de la misma. El pasado mes de noviembre en Lima, se llevó a cabo el II Foro Internacional sobre Protección al Consumidor, en donde uno de los temas que se encuentra discutiendo y promoviendo la UNCTAD es un nuevo marco normativo internacional que responda al dinamismo de la economía global.

De manera paralela a la concreción de este esfuerzo normativo, el FIAGC es un espacio en donde se debe configurar una visión integral y equilibrada, en la que el libre mercado tenga como centro de gravedad los derechos humanos y los derechos básicos de los consumidores. El propósito debe ser cómo defender el ejercicio eficaz de derechos humanos, como son el de alimentación o vivienda digna, a partir del derecho básico de la ONU a la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores. Lo anterior será de gran utilidad entre los países iberoamericanos para encontrar un criterio sólido que permita ampliar la protección a los derechos de grupos socioeconómicos vulnerables, que se encuentran con limitaciones de gasto y enfrentan grandes retos para adquirir productos básicos de consumo. Asimismo, en el futuro inmediato se necesitará mayor certidumbre de cómo proteger el consumo de recursos naturales escasos, como el agua[7].

Desde el punto de vista económico, los gobiernos deben promover incentivos y políticas públicas para fortalecer la producción y distribución de estos productos, propiciando así mejores precios para los consumidores. Desde el punto de vista jurídico, la cuestión relevante es cómo combatir prácticas abusivas en la comercialización de este tipo de productos dada la escasez de los mismos[8].

Propuestas para fortalecer la cooperación internacional

Instrumentos Normativos Internacionales Actualizados. Como se indicó, existe un esfuerzo de UNCTAD para modernizar las directrices. Esta medida daría pauta a un nuevo horizonte de cooperación. Por este motivo, urge la mayor atención pública sobre este proceso y conseguir se concrete en el corto plazo.

Visibilidad. Las agencias a nivel nacional enfrentan adversidades para comunicar y divulgar sus agendas. A mayor nivel, estos esfuerzos de cooperación internacional no permean en el consumidor directamente. Por tanto es prioritario generar mecanismos de comunicación, a través de los cuales las agendas de cada espacio sean transmitidas en lo local, y que permitan ser punta de lanza para las agencias en torno a la concreción de metas y compromisos.

Voluntad Política. Si se busca tener una base sólida de cooperación, se requiere la más firme y clara voluntad política de las partes. En cada espacio se deberá dejar claro el objetivo de sus reuniones, y señalar si se trata de análisis o de toma de decisiones. En este último caso es cuando los titulares de las agencias deben participar activamente, para resolver compromisos de alto nivel, sobre los cuales de manera periódica se pueda dar seguimiento y evaluación.

Gobernanza. La cooperación será más sólida en la medida que trascienda los esfuerzos intergubernamentales y que se establezcan mecanismos claros de interlocución con la sociedad y las empresas. La meta será ampliar la coalición de actores involucrados con esta agenda.

Mecanismos de Información, Seguimiento y Evaluación. En foros como FIAGC y ICPEN, donde insisto existe un gran potencial, se encuentran casos de imposibilidad de contar con una estructura mínima para sistematizar la información, darle seguimiento a los compromisos y evaluar los resultados. Más allá de los esfuerzos extraordinarios en los que incurre cada país anfitrión, al rotar las presidencias se pierde el hilo conductor y la continuidad. Esto es una gran debilidad institucional que enfrentan los espacios de cooperación.

Impulsar la visión Proconsumidor. El FIAGC es el espacio propicio para promover un cambio de paradigma, en el que la protección sea menos reactiva y coercitiva, y apostarle más a la prevención y en conseguir que el cumplimiento de la ley sea más generalizado, a través de impulsar nuevas medidas que incentiven mejores prácticas comerciales, a través de la corresponsabilidad y construcción de confianza.

Alianza para el Gobierno Abierto. Actualmente existen 52 países adheridos a este acuerdo, por lo que es una oportunidad estratégica para que la cooperación internacional impulse el movimiento proconsumidor a nivel global. Si las agencias nacionales y la sociedad civil impulsan estas iniciativas, serán los consumidores quienes se empoderen al contar con mayor información y se reduzcan las asimetrías de información en los mercados. Adicionalmente, el avanzar en la transparencia, permitirá construir indicadores globales, mediante los cuales se propicie una mejor rendición de cuentas, tanto pública, como comercial.

Retos de México. Sin duda alguna debe profundizar y fortalecer su participación en los diferentes espacios. En el caso del FIAGC debe promover la cooperación para mejorar la protección de los derechos de los consumidores  de productos básicos, y buscar la correlación con la defensa de derechos humanos[9]. En cuanto a la OCDE, es necesario darle mayor visibilidad interna a su agenda, estudios e investigaciones, para que sean el fundamento de la toma de decisiones interna y avanzar en agendas de cambio de políticas públicas. En cuanto a ICPEN, representa la gran oportunidad para cerrar flancos a empresas globales que tienen prácticas comerciales abusivas transfronterizas, a través del intercambio de información y experiencias.

Conclusiones

A lo largo del artículo se analizó la dinámica y perspectiva de los espacios internacionales de cooperación y construcción de políticas públicas de protección y promoción de los derechos de los consumidores. El tema se ha desarrollado en espacios de interlocución entre agencias gubernamentales especializadas en el tema. Lo anterior ha dado lugar a diversos foros, que aunque coincidan en temas, tienen distintos objetivos, integrantes y niveles de instrumentación y seguimiento de acuerdos. Es importante que hacia el futuro se  fortalezcan estas redes   y conseguir resultados más directos a favor de los consumidores. En particular, se debe lograr mayor visibilidad de estos mecanismos y que los resultados tengan incidencia sobre la generación de políticas públicas a nivel local. Por lo anterior, estas redes gubernamentales están siendo un punto de interacción privilegiado para construir mecanismos de diálogo y trabajo con la sociedad civil y el sector privado

Desde una posición privilegiada como participante de las distintas redes gubernamentales, México debe proyectar un sólido liderazgo internacional en el futuro del tema; en particular, utilizando la universalización de los derechos de los consumidores como derechos humanos en la que es referente.

NOTAS

[1] Hay ejemplos muy destacados, como el de Estados Unidos de América, que desde principios del Siglo XX experimentó movimientos de consumidores, y donde tal vez uno de los momentos más significativos fue el discurso que dirigió el Presidente John F. Kennedy al Congreso. En él, se planteó la agenda sobre los derechos de los consumidores. Del otro lado del Atlántico, en diferentes países de la Unión Europea se experimentaron avances en el ámbito social con el impulso de organizaciones de consumidores en la segunda mitad del S. XX. Asimismo, en cuanto a las políticas comunitarias europeas, habrá que tener en mente que en el Tratado de Lisboa (1 de diciembre de 2009) ya se incluyeron diferentes aspectos sobre los derechos de los consumidores. Finalmente, desde los 60, en el ámbito de políticas públicas, la OCDE ha hecho esfuerzos importantes en la materia.

[2] Uno de los casos más emblemáticos es el de Consumers International, que desde hace más de 50 años desarrolla una federación global de organizaciones de consumidores y cuenta con una red en 115 países.

[3]Al respecto en septiembre pasado, la Profeco definió líneas de acción en la materia, para prevenir fraudes vía electrónica. Estas medidas fueron diseñadas e instrumentadas de manera conjunta con la industria, a través de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). Así se avanza localmente con compromisos internacionales mediante esquemas de corresponsabilidad.

[4] El resultado de este Grupo fueron dos documentos que contienen los acuerdos y compromisos alcanzados por los países sobre el tema: la Declaración de las Agencias Gubernamentales de Protección de los Consumidores sobre los Derechos Básicos de los Usuarios de Servicios de Telefonía y los Compromisos de las Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor, sobre los Derechos Básicos de los Usuarios de Servicios de Telefonía.

[5] El comercio informal es una de las principales fuentes de riesgos y abusos contra los consumidores en las economías en desarrollo en general, y en México en particular.

[6] La X en las casillas significa que dicho tema ya forma parte de la agenda de dicho foro, mientras que la O indica que tiene potencial para ser desarrollado en el mismo.

[8] Como ejemplo, entre junio y octubre de 2012, a raíz de la contingencia de gripe aviar H7N3, que afectó la distribución y venta del huevo y por el alto impacto en el precio del huevo, la Profeco emprendió sus acciones privilegiando el criterio constitucional de principio pro persona, tomando en cuenta que no solamente estaba en juego la legalidad en las relaciones de consumo, sino también derechos fundamentales como el derecho a la alimentación que ameritan una tutela especial

[9] Al cierre de la presente edición, México fue propuesto por Costa Rica en el seno del FIAGC para presidir dicho Foro para el período 2013-2014 y fue acordado por unanimidad. En dicha sesión se replanteó de forma y fondo el mecanismo de trabajo, al crear un Grupo Asesor, que acompañe a la Presidencia en su dirección, así como un Grupo Temático, que definirá la agenda concreta de largo plazo que se desarrollará. Lo anterior con el propósito de fortalecer la coordinación Iberoamericana en foros internacionales, sobre todo ante el inminente debate que impulsa la UNTAD para actualizar las directrices de la ONU. Asimismo, FIAGC trabajará en una reflexión profunda, para que en sus trabajos no sólo se avance con temas globales de vanguardia que se discuten en la OCDE y ICPEN, sino que se identificarán aquellos aspectos propios que deban enriquecer la discusión global sobre los derechos de los consumidores, y así ampliar los matices comentados, a la visión predominante.

Bernardo Altamirano Rodríguez es Procurador Federal del Consumidor de México. Maestro en Administración y Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science. Licenciado en Derecho por el ITAM con posgrado en Derecho Público por la Universidad de Paris. Fue Jefe de la Unidad de Enlace y Desarrollo Institucional de la Presidencia de la República. En el ámbito internacional fue diplomático acreditado a la representación de México ante la Unión Europea y el Reino de Bélgica así como representante de México ante el Comité de Políticas del Consumidor de la OCDE, el International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN), así como el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC). Su Twitter @BerAltamirano

Ensayo publicado en noviembre 2012 en el Portal de la Revista Foreign Affairs Latinoamérica. Aquí el link directo: http://www.revistafal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1402:cooperacion-internacional-derechos-consumidores&catid=183:portada&Itemid=490

Un importante paso en la construcción de confianza en el consumo de gasolina.

En una economía mixta como la mexicana, el Estado tiene un papel doble. Por un lado, debe garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados; mientras que en sectores prioritarios o estratégicos debe diseñar una regulación que garantice los derechos básicos de los consumidores y vigilar su cumplimiento, de esta manera el mercado tendrá la certeza jurídica necesaria y dará confianza a todos los actores. En la Segunda Semana de Políticas Proconsumidor se enfatizó que los instrumentos de regulación del Estado mexicano no sólo deben apuntar a fortalecer la inversión, desarrollo y crecimiento de la industria y comercio, sino que deben avanzar en cuatro aspectos clave: los derechos fundamentales de los consumidores, la transparencia, la competencia y libertad de elección. Solo cuando existen estas medidas integrales podemos afirmar que la regulación implica fortalecer a los mercados, y no exclusivamente a una de sus partes.

En el caso del mercado de la venta y despacho de combustible, estamos frente a uno de los mercados más emblemáticos que se encuentran regulados por el Estado mexicano, quien a su vez, por un lado tiene el monopolio de la explotación del petróleo y también permite la inversión privada en la distribución y venta de combustibles. Esta regulación tiene como resultado un esquema complejo de protección al consumidor, en que participan distintas instancias del Gobierno Federal, y en que la verificación administrativa que realiza la Profeco es sólo una parte del complejo entramado de los elementos que deben contribuir a generar confianza en el mercado.

Entendiendo así el modelo, nos queda claro que la verificación administrativa no es la única herramienta que genera confianza en este mercado, pero sí es la que es responsabilidad directa de la Profeco y es la forma mediante la cual nosotros contribuimos a construir confianza.

El objetivo primario de la verificación es asegurar que los agentes del mercado cumplan con la ley, las Normas Oficiales Mexicanas y los estándares de seguridad de producto  en favor de los consumidores. Es claro que derivado de lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, la Procuraduría está obligada a realizar la tarea de verificación y en pro de la defensa de los consumidores ha ejercido sus funciones. Aquí unos datos:

  1. Cada año, la Profeco verifica en promedio 9 de cada 10 estaciones de servicio en el país. Tan solo el año pasado se verificaron 8 mil 988 estaciones de las 9 mil 267 del padrón correspondiente a 2011. Además, al menos 4 mil estaciones fueron verificadas más de una ocasión, atendiendo las denuncias de los consumidores.
  2. Aquí quiero resaltar el trabajo casi censal de las verificaciones en el sector de gasolina. En ningún otro mercado la Profeco verifica prácticamente todos los establecimientos donde hay relaciones de consumo. Incluso hay múltiples medidas preventivas que también existen en este mercado, como es el trabajo de calibración y certificación previa que existe sobre todas las bombas despachadoras..
  3. De este trabajo permanente de la Profeco, se ha detectado que en promedio en 30 por ciento de las estaciones de servicio se inmoviliza al menos 1 instrumento del dispensario por alguno de los rubros de verificación que indica la Norma. Asimismo, desde enero del 2007 hasta el 1 de octubre de este año se han impuesto 182 millones 754 mil 718 pesos en multas por distintos incumplimientos a la Norma Oficial Mexicana.

Por otro lado, hay que reconocer que se siguen enfrentando obstáculos para realizar la verificación, como son las negativas de algunas estaciones de servicio a que la autoridad los verifique. Cada año se suman en promedio 570 negativas de verificación.

Con base en estos datos hay que reconocer que cualitativamente hablando el modelo de operación vigente hasta ayer estaba rebasado y  tenía rendimientos marginales decrecientes. Es decir, aun cuando se verificara más no se observarían mejores resultados en cuanto al cumplimiento de la ley. Bajo esta modelo que ayer llegó a su fin, el trabajo de verificación ya no contribuye de manera positiva a la construcción de confianza, de ahí que resultaba fundamental transformar el modelo.

En este contexto, hay que reconocer el trabajo de la Secretaría de Economía en su conjunto, pero de manera especial a la Subsecretaria de Competitividad y al Comité de Normalización que encabeza la Dirección General de Normas, por esta sensibilidad de impulsar este proceso de transformación de normalización de una manera tan atinada y con mucha sensibilidad. Desde 2010, que se inició con este proceso normativo para la actualización de la Norma 005, y en 2011, cuando se propuso la creación de la 185, la Profeco, como representante de los consumidores en el Comité de Normalización, se posicionó contundentemente a favor de ambas.

Con su entrada en vigor se fortalece el trabajo de verificación que realiza la Profeco. Por ejemplo, la Norma 005 obliga la integración de aditamentos de confiabilidad, y dificulta la alteración de la arquitectura del dispensario. Asimismo, el dispensario contará con una bitácora de eventos, en el que se podrá revisar hasta 12 meses del historial del funcionamiento electrónico del dispensario.

De manera coloquial el modelo de verificación que ayer terminó se podría describir como una fotografía que toma la Profeco de las bombas en una estación en el momento exacto que llega a las mismas, mientras que ahora este dispositivo permitirá tener una película continua sobre cómo ha despachado la bomba en los últimos 12 meses y consecuentemente identificar la o las alteraciones.

En cuanto a la 185, permitirá una mayor certidumbre sobre el software instalado en los dispensarios.

Con la entrada en vigor de estas normas se observa un doble cambio fundamental en el factor de riesgo. Por un lado, se reduce el riesgo de los consumidores de recibir menos combustible por el que pagaron; mientras que por el otro, aumenta el riesgo al proveedor que busca alterar el despacho, pues ahora sí la autoridad tendrá elementos integrales para detectar y sancionar las violaciones.

Con estas normas se tendrán resultados más claros y transparentes en las acciones de verificación; asimismo, permitirá contar con información más confiable respecto del funcionamiento de los dispensarios, y por ello es necesario que ya no sólo la Profeco sino todas las autoridades involucradas en este mercado regulado hagan lo necesario para proteger al consumidor.

Para obtener más eficacia en el cumplimiento de las Normas, debemos de actuar todas las autoridades competentes en el mercado; una de ellas es Petróleos Mexicanos, quien con facultades en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo, otorga a particulares la distribución de combustibles líquidos a través de estaciones de servicio franquiciadas por la paraestatal; además en el Contrato de Franquicias se establece como obligación de los dueños de las estaciones de servicio cumplir con lo dispuesto en las Normas Oficiales, y consecuentemente su incumplimiento es una causal de recisión del contrato y retiro de franquicia.

En este sentido, ayer se dio inicio a un nuevo esquema de información con Petróleos Mexicanos. De manera semestral, a partir de la entrada en vigor de estas Normas Oficiales, la Profeco entregará un reporte con las estaciones que incumplan la Norma o se niegan a las visitas de verificación, con el objeto de que Petróleos Mexicanos evalué el retiro de la franquicia. Toda esta información será publicada. Cabe recordar que las estaciones gozan de una franquicia proveniente de una empresa pública y por tanto deben ser ejemplares en el cumplimiento de la ley.

Ayer, para cerrar un ciclo de modelo de verificación, la Profeco envió un reporte a Petróleos Mexicanos de las estaciones de servicio que no han permitido realizar las verificaciones de la autoridad y las que recurrentemente han incumplido con la normatividad que les aplica, para que PEMEX considere el correspondiente retiro de la franquicia.

Estas Normas no son por sí mismas la solución al problema de confianza del mercado de gasolinas, que con razón ha preocupado por muchos años a los consumidores, pero sí son una gran oportunidad para propiciar un punto de inflexión y empezar a reconstruirla, mediante resultados, eficacia y seguridad jurídica. Ahora más que nunca es posible definir una clara frontera entre la legalidad y la ilegalidad.

Las herramientas tecnológicas que la Norma plantea y la coordinación entre Profeco y PEMEX serán clave para cerrar la puerta a aquellos que estén fuera de la ley. Por eso ahora el reto es profundizar la transparencia y rendición de cuentas de todos los actores; Profeco por delante, pero también PEMEX y todos los proveedores.

Como lo mencioné anteriormente, las verificaciones de la Profeco son casi censales. El objeto de una verificación es identificar el cumplimiento de la Ley, y en caso contrario sancionarlo. Un mercado no puede corregirse exclusivamente mediante estas verificaciones. Debe contar con estímulos e incentivos que generen mayor competencia y transparencia. La eficacia en la protección de los derechos de los consumidores es directamente proporcional al grado de avance en la competencia de los mercados. En sentido inverso, a menor competencia, mayor vulnerabilidad, lo que obliga a mayor cantidad de verificaciones y sanciones de la Profeco.

Por eso resulta indispensable que en esta oportunidad, Pemex participe de manera directa en impulsar incentivos dentro del diseño, otorgamiento y evaluación de las franquicias, que propicien mejores prácticas comerciales, a través de mayor competencia, transparencia y rendición de cuentas. No me queda la menor duda que Pemex puede velar simultáneamente por la seguridad jurídica de los franquiciatarios y por los derechos de los consumidores.

Ampliar tu libertad de elegir

 

“Nada hay más fuerte que el hábito”

 

Ovidio

 

 

 

AMPLIAR TU LIBERTAD DE ELEGIR.

 

Que no quede la menor duda, en la #Profeco estamos concentrados en que la Ley Federal de Protección al Consumidor se aplique para prevenir y sancionar prácticas comerciales abusivas que afecten los derechos de los consumidores. De ahí que llevamos más de 10,000 visitas de verificación y vigilancia en el país, así como requerimientos a los productores primarios de huevo en todo el país. De todo este trabajo, hemos iniciado procedimientos por presuntas infracciones a la ley a 1,300 establecimientos. La ley se aplicará ejemplarmente.

 

Pero la #Profeco también tiene otro brazo de acción. Desde que se fusionó con el Instituto Nacional del Consumidor, asumió la responsabilidad de generar contenidos de información y divulgación que permitan a los consumidores tomar las mejores decisiones al realizar sus compras de acuerdo con sus preferencias y capacidad de gasto. De esta manera se cuenta con el instrumento de divulgación por excelencia, que es #LaRevistaDelConsumidor, la cual desde hace 35 años presenta a las familias mexicanas #EstudiosDeCalidad en los que compara precio, calidad y cumplimiento de las normas por parte de los productos que están en el mercado mexicano. La #Profeco nunca ha dicho qué producto comprar, sino que te ofrece información para que tu elijas. Indiscutiblemente, la educación y la divulgación han contribuido al fortalecer a los consumidores.

 

Adicional a la Revista, la #Profeco ha también desarrollado instrumentos de información que le permiten a los consumidores tomar mejores decisiones: #QuiénEsQuiénEnLosPrecios, #BrújulaDeCompra, #PlatilloSabio, etc. El paso natural de la #Profeco consiste en ampliar su capacidad de informar a la ciudadanía sobre cómo ante los retos económicos nacionales e internacionales que inciden en el abasto y precio de productos básicos, el consumidor cuide su bolsillo, sin perjudicar su dieta y nutrición diaria de su familia.

 

Hoy enfrentamos un problema serio en el mercado del huevo derivado de un factor externo, como lo es la gripe aviar, que contrajo la oferta. En próximos años y décadas, la sociedad enfrentará otras adversidades y por eso el papel de una agencia moderna de protección al consumidor, en cuanto a sus funciones educativas, consiste en ofrecer información útil y actualizada a los consumidores, quienes cada vez serán más exigentes y determinantes en el comportamiento de los mercados.

 

Recordemos que antes de 1985 el término “protección civil” no era parte del vocabulario cotidiano de la sociedad mexicana. Como consecuencia del terremoto, se consolidó toda una cultura de protección y hoy es parte de nuestra vida diaria. Es interesante ver cómo la sociedad está lista para reaccionar ante los sismos, lo cual quedó evidenciado en la reciente racha de temblores de marzo pasado. La sociedad organizada reacciona mejor y se protege. En cuanto a los mercados y economía, con información, los consumidores organizados e informados también nos protegeremos.

 

Por estas razones es que ahora empezamos una nueva etapa de información para los consumidores. La #Profeco, no puede decirte qué consumir o no, pero sí darte opciones para que tengas un panorama más amplio y así que ejerzas tu libertad de elegir. El espacio que inauguramos se denomina #TuEligesBienComer, que consiste en presentar, por un lado, en coordinación con la #SAGARPA, un listado de los productos de temporada, que tienen los mejores precios y calidad. Por otro lado, en coordinación con la #SecretaríaDeSalud, propondremos alternativas de menú, en los que encontrarás las mejores combinaciones de precio y calidad nutrimental, que te permitirán cuidar tu bolsillo y la dieta equilibrada tu familia.

 

La teoría microeconómica indica que los individuos al haber cambios en precios sustituyen ciertos bienes por otros tal que no tengan una pérdida de bienestar. Sin embargo, como ya lo ha señalado la FAO, las familias de menos recursos, al utilizar mayor porcentaje de su ingreso en alimentos, son las más afectadas ante su alza de precios. Desde Profeco, con base en el estudio de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de lo Hogares 2010, buscamos que esta información llegue a los hogares que se encuentran en los deciles económicos 3, 5 y 7, cuyos ingresos mensuales son entre 5 mil y 12 mil pesos aproximadamente. En estos niveles de ingreso se encuentra más acentuado el impacto en las alzas de precios del huevo y es donde las familias pueden enfrentar dificultades de sustitución derivados de falta de información sobre otro tipo de bienes.

 

Del estudio de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de Hogares Mexicanos 2010, se observa cómo la crisis financiera internacional de 2008-2010, en México impactó de manera más importante al 10% de los hogares con mayores ingresos (tuvieron una caída del 17.8% con respecto a la ENIGH 2008), sin embargo afectó de manera importante a las familias ubicadas en los deciles medios (reducción de ingresos de entre 7% y 9% por decil). De ahí que cambios en precios en productos básicos encuentran mayor impacto en estos niveles. Por eso es que deben contar con alternativas.

 

La campaña #TuEligesBienComer tiene por un lado su micrositio, en donde estará toda la información para consulta pública. Pero adicionalmente la #Profeco la repartirá de mano en mano con el apoyo de sus 54 delegaciones, más de 2,800 grupos de consumidores distribuidos en todo el país, en guarderías del IMSS e ISSSTE, en las lecherías Liconsa y tiendas Diconsa, así como mediante los equipos de Oportunidades. Por eso pedimos tu solidaridad, para que nos ayudes a ampliar la difusión de esta campaña, y que esta información le llegue a quien más lo necesita. Para esto, tenemos formatos de impresión muy fáciles.

 

En el caso de huevo, no sólo hay que reconocer su gran valor nutrimental, sino que además es un producto habitual para millones de hogares mexicanos, que dependiendo de sus ingresos, hacen que cambie la modalidad de su consumo. Por eso, si aceptamos la frase de Ovidio, en este caso el problema de sustituir al huevo es doble: la relación precio/valor nutrimental y por el otro los hábitos alimenticios.

 

De esta manera, la importancia de #TuEligesBienComer también es doble: por un lado demostrar que sí existen sustitutos y alternativas para los productos básicos, que te permiten mantener en equilibrio tu economía y dieta. Por el otro, es un banderazo de salida para convocar a la sociedad a romper paradigmas de hábitos de consumo y buscar ser más flexibles ante cambios externos, como son los precios y oferta de bienes. En la medida que los consumidores nos organicemos mejor para reaccionar ante estas alzas, contribuiremos a que los mercados encuentren más fácil su equilibrio. Los consumidores debemos estar informados y preparados para cualquier reto.

 

Este planteamiento también se motiva en ejemplos históricos de otras latitudes donde han tenido que sustituir productos básicos, ya sea desde el siglo XVIII en Boston con el caso del té, justo antes de la independencia de EUA, o recientemente en el caso de España, en 2008, con los aumentos al precio del trigo. En ambos casos, la sociedad reaccionó y buscó sustitutos, lo que contribuyó a equilibrar los mercados, y hacer valer el poder del consumidor.

 

Para terminar, les recomiendo la lectura del análisis de Irvin Rojas en Nexos sobre el tema.