BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ

Informalidad y consumidores

Según el Inegi, el 60 por ciento del mercado laboral se encuentra en la informalidad, lo cual tiene repercusiones graves en los mercados de bienes y servicios. Es un dato negativo que evidencia a un México dividido en dos. Por un lado, un sector que cumple con la ley, regulaciones y reglas de normalización, que paga impuestos y acata obligaciones laborales, de seguridad social, y respeta la propiedad industrial e intelectual. En cambio, existe otro sector que pasa por encima de todo lo anterior y está fuera de la ley. Mientras el primer sector rinde cuentas y es responsable ante las autoridades, el segundo no lo es y atenta contra aspectos que nuestra Constitución tutela, como son los consumidores, la competencia económica y la libertad empresarial.
Por esto, resulta muy relevante que el Gobierno federal priorice este problema estructural y que lo haga con un doble enfoque. Por un lado, perfila la parte de fomento, vía dos brazos: el Programa para la Formalización del Empleo y el Comité Nacional para la Productividad, que encabezan respectivamente los secretarios del Trabajo, Alfonso Navarrete, y de Hacienda, Luis Videgaray. Por el otro, la coerción, a través de la Comisión para Prevenir y Combatir el Comercio Ilegal, bajo el mando del Secretario de Gobernación, Miguel A. Osorio.
Falta todavía detallar estas políticas, sin embargo, observamos en estos esbozos el énfasis en la oferta y la omisión de la demanda, por lo que surge esta pregunta: ¿cómo reducir los riesgos y abusos que enfrentan los consumidores en los mercados contaminados por la informalidad?
La política debe combinar medidas coercitivas y de fomento. En primer lugar, en la comercialización de bienes y productos, las empresas formales enfrentan múltiples restricciones -constitucionales, legales o regulatorias-, cuyo objeto es prevenir riesgos y abusos en perjuicio de los consumidores, que a su vez se justifican en torno al interés público y social. De ahí que exista una gran gama de actividades comerciales enmarcadas por NOMs y autoridades facultadas para verificar la debida observancia de las mismas. Así, el adecuado diseño regulatorio, el cumplimiento por parte de las empresas y la vigilancia de la autoridad contribuyen a la construcción de confianza en el mercado.
Frente al comercio informal no hay autoridad alguna y no se puede verificar el cumplimiento regulatorio, por lo que debe combatirse con firmeza. No sólo estamos frente a una aplicación desigual de la ley frente a la empresa, sino que el comercio informal es una de las principales fuentes de riesgos y abusos comerciales. Por tanto, si la autoridad no puede vigilar que se cumplan las leyes y NOMs mediante actos de verificación, está siendo ineficaz en prevenir riesgos contra los consumidores.
De ahí que se deban hacer reformas legales para que las autoridades tengan más instrumentos, se impulse la cooperación y se definan responsables. Por ejemplo, que la autoridad federal competente de verificar pueda denunciar a las autoridades locales la comercialización informal de productos sujetos a permisos, NOMs, regulaciones, para que ésta tenga la facultad de confiscarla o clausurarla por poner en riesgo a los consumidores.
En segundo lugar, el sector de servicios amerita un trato diferente, pues requiere de incentivos para que los proveedores se encaminen a la formalidad y a las mejores prácticas comerciales. Empecemos por preguntas sencillas: ¿a qué plomero confío para contratar en mi casa?¿Si me incumplen, cómo exijo la reparación? En fin, es un sector que requiere urgentemente una revolución cultural, para dirigirse a la formalidad y competitividad. Hoy, estos esfuerzos se enfocan a generar competencias, a través del Programa CONOCER de la SEP, así como del impulso al emprendedurismo, mediante el Secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, y el INADEM, con Enrique Jacob. Aquí, la meta debe ser invertir en consumidores más responsables y con mejor información, con medios de exigibilidad y plantear estándares de prácticas comerciales. El impulso de la formalidad es la gran oportunidad para robustecer el sector de servicios que tanto nos urge a los consumidores.
El eficaz impulso de la formalidad requiere una visión descentralizada, diseñar indicadores realistas y armar una gran coalición a favor de la legalidad, que no sólo incluya a los gobiernos federal, estatales y municipales, sino también a la ciudadanía y a la empresa. Pero sobre todo requiere ubicar al consumidor en el centro de las políticas públicas, lo que permitirá reconstruir la unidad y confianza.

Presidente de Central Consumidor y Ciudadano, Miembro del Grupo de Expertos en Competencia y Derechos de los Consumidores de la UNCTAD y Líder Negociador para Better Business Bureau en México.