Los tradicionales servicios bancarios y financieros en el país solo llegan al 20% de la población. Aunque sea obvio, hay que ser claros: 8 e cada 10 mexicanos están excluidos de estos servicios. Esto implica que no solo no tienen sus respectivas cuentas de ahorro, sino que no son sujetos de crédito. Muchas voces reconocen que esta situación se debe a una regulación muy rígida. Por estas razones es que se han desarrollado otras alternativas a las que la gente puede recurrir de manera fácil y ágil para recibir un crédito o préstamo en los momentos que sus finanzas personales enfrentan problemas (lo que además es muy frecuente en estos años de estancamiento económico). Una de las principales opciones es empeñar algún bien. En efecto, la industria prendaria ha crecido de manera importante en el país y sin embargo, existe poca información clara que nos permita entender cómo opera y cuáles son sus retos para brindar mayor satisfacción a los consumidores.

De ahí que resulta fundamental estudiar mejor el mercado prendario y enfocar políticas públicas y regulatorias que amplíen el bienestar de los consumidores y que reduzcan la exclusión financiera que vivimos. Por supuesto que uno de los asuntos que debe ser atendido es cómo propiciar que ese 80% de mexicanos excluidos pueda ser un consumidor de la banca tradicional y evitar que recurran a agiotistas. En la medida que haya mayor cobertura, habrá mayor competencia de servicios e instrumentos de crédito y eso beneficiará a los consumidores. Ir en esta dirección contribuirá a reducir costos de autoridades en materia de verificación, que revisan fundamentalmente aspectos burocráticos o penales, pero que no propician per sé mejores condiciones de mercado.

De ahí que les invito a leer mi colaboración de ayer en Reforma Negocios. Asimismo, hago mención de la película de Ladrón de Bicicletas, para ejemplificar el valor que tiene el recibir dinero rápido por la vía del empeño. Les comparto el vínculo sobre esta magnífica película.

 La exclusión financiera y el empeño.
Bernardo Altamirano Rodríguez / (02 febrero 2015)
Enero terminó, pero su cuesta se prolonga en millones de hogares. Contar con alternativas crediticias, bancarias o pagos en mensualidades coadyuva a aligerar esta carga. Sin embargo, estas opciones de la banca comercial tradicional tienen en el País muy limitada accesibilidad (sólo para el 20 por ciento de las familias) y cobertura (sólo el  56 por ciento de los municipios tienen sucursales). Estos elementos son los que conllevan a afirmar que «en México vivimos una grave exclusión y discriminación financiera» (CONAPRED), así como que «el bajo coeficiente de inclusión financiera está asociada con la pobreza» (Foro Internacional sobre Inclusión Financiera).

En este contexto, se requiere entender mejor los mercados de crédito y las necesidades de los hogares, para identificar si las medidas que toman las autoridades reguladoras o a quienes les corresponde aplicar la ley son las adecuadas o si, por el contrario, contribuyen a profundizar en la exclusión financiera. Para millones de mexicanos que demandan liquidez y que no tienen acceso a los bancos tradicionales existe una gama de servicios de finanzas populares, como los relacionados con el consumo, cooperativas o microcréditos. Asimismo, existe un sector que en los últimos años ha tenido una importante expansión y durante esta temporada enfrenta muchas presiones de las autoridades, como es la industria del sector prendario, mejor conocido como casas de empeño.

Todos sabemos lo que es un empeño, pero poco se conoce sobre las complejidades de este mercado y, en particular, sobre las necesidades de sus consumidores. El valor social de esta industria fue plasmado a la perfección en la gran película «Ladrón de Bicicletas», donde su protagonista, Antonio Ricci, al igual que muchos otros pignorantes, no sólo encuentran en el empeño la fórmula para salir de un problema, sino que representa un empujón para aspirar a un empleo o aprovechar una oportunidad. En México, las casas de empeño ya no sólo ofrecen la tradicional fórmula de dar dinero a cambio de recibir en prenda electrónicos, joyas o automóviles, sino que han iniciado nuevos esfuerzos de economía colaborativa en la que a cambio de un depósito en efectivo, facilitan a un grupo de albañiles la posibilidad de usar una coladora o al plomero la herramienta, con lo que les permiten ser contratados o empleados. El tamaño de este mercado es cercano a 35 mil millones de pesos anuales, con más de 7 mil establecimientos (con 20 por ciento informales). El préstamo promedio de este mercado es entre mil 300 y mil 500 pesos. Las casas de empeño se dirigen a los niveles de ingreso C y D, que son más del 65 por ciento de la población del País.

En poco tiempo, la carga regulatoria de este sector ha aumentado considerablemente. No sólo deben cumplir con el tradicional registro del contrato de adhesión, sino que ahora deben inscribir a cada una de sus sucursales en un registro a cargo de la Profeco. Además, en entidades como Chiapas, el Estado de México y Guanajuato se crearon registros estatales adicionales, que no sólo sobrerregulan, sino que se extralimitan en sus atribuciones e invaden la esfera federal. Adicionalmente, se debe cumplir con nuevas regulaciones antilavado de dinero que elevan los costos operativos de proveedores. El riesgo de estas barreras es que incentiven la informalidad. Así, mayor regulación y politización local profundizan la discriminación financiera.

Por el otro lado, una de las críticas constantes al sector es el de las altas comisiones que cobran. Lo anterior es efecto de la exclusión financiera mencionada, que limita las opciones de los consumidores y eleva los costos de transacción. Por tanto, se requiere de una política integral que reconozca la interdependencia de los mercados bancario y prendario. Así, la efectiva política de protección al consumidor dependerá de generar una mayor competencia de servicios, productos e infraestructura. No entender esto puede profundizar la exclusión y discriminación financieras.

Lo anterior podría complementarse mediante programas de autorregulación en la industria prendaria, promover mejores prácticas comerciales, ampliar el impacto de mecanismos de información y entendimiento del CAT (como el promovido por Condusef) y, por supuesto, avanzar en mecanismos que permitan el mejor cumplimiento regulatorio. Con estas medidas, no mediante la sobrerregulación, se podrá avanzar en la inclusión financiera, brindar mayor bienestar a los consumidores y fortalecer la confianza en el mercado.

Miscelánea: 1. La explosión en Cuajimalpa obliga a que los reguladores energéticos prioricen, en los procesos de apertura del sector, el diseño de estándares de seguridad para proveedores que minimicen riesgos de daños a consumidores. 2. La denuncia que hizo PepsiCo para que se retire el spot parodia con fines electorales de su anuncio de Emperador abrirá un muy interesante debate sobre publicidad, derechos de autor y libertad de expresión. ¡Bienvenido!