Discutamos la Competencia.

Ayer tuve la oportunidad de participar el el programa Espiral, conducido por Ricardo Raphael. El tema sobre el cual reflexionamos es el de las recientes reformas en materia de competencia económica. ¿Es suficiente reformar la ley para que se decrete la competencia en los mercados? ¿Es un tema institucional, de incentivos o cultural? ¿México tiene una visión unívoca en la materia? ¿Cómo podemos avanzar en empresas que sepan competir más y que esto genere mayor beneficio social?

Estos son algunos de los aspectos sobre los cuales se reflexionó junto con la Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Alejandra Palacios, Manuel Molano del IMCO, Lucía Ojeda de SAI Consultores y su servidor. Este tipo de reflexiones son fundamentales, pues si bien el tema de competencia económica es de alta complejidad técnica, también debe evaluarse desde un punto de vista de modelo de sociedad y mercado.

Zapata lucharía por Uber y los food trucks.

¿Cómo analizar caso de Uber a la luz de principios políticos y económicos básicos? ¿Tendría algo que opinar al respecto Emiliano Zapata? Estoy convencido que sí, pues su lucha fue por la pequeña propiedad y nuestra libertad económica. En las ciudades, Zapata lucharía porque el emprendedor, el innovador, el que se autoemplea, pudieran romper las cadenas de un Estado sobrerregulador y voraz. Apoyaría a quienes tienen una pequeña propiedad tipo food truck y que le quiere agregar valor. Hay que estudiar más a Zapata y entender sus luchas agrarias, desde una perspectiva urbana, pues el opresor de inicios del S. XX es muy diferente al de hoy, pero en ambos casos existe ese principio fundamental en que hay que reconocer a la propiedad privada como una libertad fundamental, la cual con el trabajo se le agrega valor y genera beneficios sociales y por tanto es el medio idóneo para desarrollarnos de manera autónoma. Les invito a leer mi colaboración en Animal Político: Zapata lucharía por Uber y los food trucks.

México e Inglaterra: entre Bond y El Santo

2015 es el Año Dual México-Inglaterra. Esto implica que a lo largo del año se celebrarán eventos en ambos países, con el objetivo de avanzar en el conocimiento recíproco de nuestra sociedad, visión empresarial, instituciones, culturas, gastronomía, etc. La agenda pública de las actividades se enfoca más bien a eventos empresariales concernientes a tender redes entre posibles interesados. Nada mal. Sin embargo, estoy convencido que este gran esfuerzo diplomático debe impulsar discusiones a fondo de los orígenes de ambas naciones -sistema político, principios filosóficos, regulación económica, cultura política y cívica-, pues estamos ante esa gran oportunidad de ponernos frente al espejo de un país referente para el mundo, en general, y para la cultura occidental, en particular. Sin duda, de acuerdo con el interés de cada persona podríamos encontrar un punto de encuentro interesantísimo: museografía, música, servicio profesional de carrera, urbanismo, antropología, etc., pero en mi colaboración con Animal Político, propongo los siguientes ejes de acercamiento y entendimiento recíproco:

  1. Entre el Parlamentarismo y Nacionalismo Revolucionario.
  2. Libertades, propiedad privada y pacto social.
  3. New Right y Neoliberalismo.
  4. Hacer fila, ética y dignidad política.

En la etapa de profunda crisis y fractura política y social que atravesamos, fortalecer nuestra relación con uno de los países fundadores de la democracia moderna, es la oportunidad de voltear a ver los orígenes de cómo fue elaborándose ese pacto social, y entrar sin miedo a una discusión nacional sobre la vigencia de nuestro pacto, Constitución y facultades que tienen nuestros representantes. Les invito a leer: México e Inglaterra: Entre Bond y el Santo.

El ABC en la crisis del huevo.

Hoy, como en 2012, el mercado del huevo enfrenta un problema de alzas considerables en los precios. En la ocasión anterior, el origen del problema fue la gripe aviar que generó escasez en el abasto y comercialización del producto e impactó gravemente en los precios en varias zonas del país. Ahora, las autoridades no han atribuido este encarecimiento a un problema sanitario. Al respecto vale la pena leer el análisis de Carlos Martínez, quien revisa el comportamiento estacional del precio del huevo y sobre todo lo vincula con una posible afectación debido a precios internacionales. Incluso el propio Secretario de Economía declaró que se busca identificar el origen del incremento y poder tomar las acciones contra los responsables de esta situación. Asimismo descartó que se tratara de un problema de temporada o de abastecimiento. Esta declaración detonó una serie de acciones gubernamentales. En este contexto es donde conviene identificar el papel que en esta crisis corresponde a consumidores, autoridades, políticos e industria.

El huevo es la principal proteína de origen animal que consumimos los mexicanos. Somos el consumidor número uno en el mundo (promedio de 22 kg por persona al año). Por eso el alza en el precio no es un tema menor. No obstante esta relevancia, los consumidores somos los soberanos de los mercados y tenemos la opción de elegir otros alimentos y con la correspondiente reducción de la demanda, contribuir a que baje y se estabilice el precio del huevo. Además, nos corresponde denunciar actos ilegales.

De manera intrínseca con el tema de los consumidores, está el papel de la Profeco, quien en estas circunstancias despliega una estrategia de vigilancia y verificación en establecimientos, con el objeto de identificar posibles infracciones a la Ley y violaciones a los derechos básicos de los consumidores, así como prácticas abusivas, coercitivas o engañosas, para lo cual cuenta con diferentes instrumentos coercitivos como multas, suspensiones y clausuras. Eventualmente en caso de encontrar casos de acaparamiento, puede hacer la denuncia correspondiente al ministerio público, pues son responsabilidades de carácter penal. Asimismo, en caso de identificar prácticas que pudieran ser monopólicas, puede abrir una denuncia con la COFECE. El punto fino en la interpretación jurídica, es cómo pueden sistematizarse aquellas prácticas industriales o comerciales en detrimento de la sociedad, que el artículo 28 constitucional advierte que serán castigadas con severidad, en relación con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento en cuanto a que un tipo de práctica abusiva es la manipulación de precios. Resulta oportuno que la Profeco emita criterios y lineamientos de cómo interpretar y aplicar estas disposiciones. Asimismo, es muy importante vincular cómo bajo el principio Pro Persona que establece nuestra Constitución, la Profeco también asume responsabilidades en cuanto a la protección y defensa de derechos fundamentales, como el de alimentación. Al respecto, escribí hace tiempo un paper sobre la argumentación jurídica y política pública que siguió la Profeco en 2012 al enfrentar la crisis de gripe aviar: Derechos básicos de los consumidores, mercado global y derechos humanos. El caso de México.

El tema de competencia económica es el más atractivo, dada la reciente reforma legal. Al respecto, la Comisionada Presidenta de la COFECE declaró que se inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas, para identificar si se acredita la manipulación de precios, así como la eventual segmentación de mercados. Para cumplir esta tarea, esta agencia tiene ahora mecanismos de verificación e investigación muy robustos, semejantes a los que ocurren en las principales agencias “antitrust” en el mundo, como es el caso de que la COFECE en sus diligencias pueda tener acceso a cualquier oficina, computadora, archivero, etc., o el caso de ofrecer reducir sanciones a quien haya participado en prácticas ilegales y coadyuve con la investigación (los famosos whistleblowers). Esto representa que la agencia tiene la facultad de revisar a detalle todo lo que sea de su interés y en caso de encontrar elementos que permitan probar la práctica monopólica, lo usará en la investigación misma. Otro aspecto clave en este caso será la determinación del mercado relevante y el poder sustancial de cada procesado, así como ampliar las investigaciones a los insumos para la elaboración de este producto.

El tercer aspecto que hay que analizar son los políticos, quienes reaccionan a diferentes incentivos. Recordemos que en la crisis de gripe aviar del 2012, el entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard hizo compras masivas de huevo en la Central de Abastos y la distribuyó, en ciertas comunidades vinculados con sus clientelas políticas, en donde la gente para comprar un kilo de huevo tenía que hacer tres horas de fila. Lo anterior además atrofió canales de distribución en la Ciudad y complicó la crisis. Este fenómeno es muy delicado, porque ante un caso extremo, podría ser el detonante de una “Guerra de Alimentos”, en la que los políticos empiecen a comprar grandes cantidades de producto para dar a sus gobernados y con esto generar zonas de escasez y desabasto, así como a encarecer todavía más más el precio de estos alimentos. Adicionalmente, existen voces de políticos que no reconocen que no hay control de precios y que al presionar no son parte de la solución, sino que incluso inciden en que se violen garantías de las empresas, como la del debido proceso.

Por último la empresa debe ser muy clara respecto de cuáles son sus responsabilidades legales en materia de mostrar precios al consumidor y cumplir programas de calibración de básculas, así como desde el punto de vista práctico tener facturas de compra y venta de sus productos. Obviamente no incurrir en conductas o actos que se encuentren tipificados como abusivos, engañosos o coercitivos, ni mucho menos prácticas monopólicas o anticompetitivas. En la medida que se genere información clara, las empresas podrán planear mejor su cumplimiento regulatorio y así las autoridades enfocarse con mayor precisión en las infractoras. Por último, en relación con el ejercicio de derechos humanos como el de alimentación, se generan nuevas relaciones y responsabilidades jurídicas de la empresa, pues ésta no necesariamente podría ser sancionada por una autoridad por violentar el ejercicio de éstas garantías, pero sí por obstaculizar su adecuado disfrute en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes en la materia.

Por último, urge debatir a fondo sobre casos de crisis en la comercialización de productos básicos, pues hoy es el caso del huevo, pero también pasa con el maíz y algún día con el agua. Por eso, tenemos que contar con procesos más claros respecto de cómo actuar en crisis como la que hoy nos ocupa y definir criterios sobre las responsabilidades de cada agente en el mercado.

La exclusión financiera y el empeño.

Los tradicionales servicios bancarios y financieros en el país solo llegan al 20% de la población. Aunque sea obvio, hay que ser claros: 8 e cada 10 mexicanos están excluidos de estos servicios. Esto implica que no solo no tienen sus respectivas cuentas de ahorro, sino que no son sujetos de crédito. Muchas voces reconocen que esta situación se debe a una regulación muy rígida. Por estas razones es que se han desarrollado otras alternativas a las que la gente puede recurrir de manera fácil y ágil para recibir un crédito o préstamo en los momentos que sus finanzas personales enfrentan problemas (lo que además es muy frecuente en estos años de estancamiento económico). Una de las principales opciones es empeñar algún bien. En efecto, la industria prendaria ha crecido de manera importante en el país y sin embargo, existe poca información clara que nos permita entender cómo opera y cuáles son sus retos para brindar mayor satisfacción a los consumidores.

De ahí que resulta fundamental estudiar mejor el mercado prendario y enfocar políticas públicas y regulatorias que amplíen el bienestar de los consumidores y que reduzcan la exclusión financiera que vivimos. Por supuesto que uno de los asuntos que debe ser atendido es cómo propiciar que ese 80% de mexicanos excluidos pueda ser un consumidor de la banca tradicional y evitar que recurran a agiotistas. En la medida que haya mayor cobertura, habrá mayor competencia de servicios e instrumentos de crédito y eso beneficiará a los consumidores. Ir en esta dirección contribuirá a reducir costos de autoridades en materia de verificación, que revisan fundamentalmente aspectos burocráticos o penales, pero que no propician per sé mejores condiciones de mercado.

De ahí que les invito a leer mi colaboración de ayer en Reforma Negocios. Asimismo, hago mención de la película de Ladrón de Bicicletas, para ejemplificar el valor que tiene el recibir dinero rápido por la vía del empeño. Les comparto el vínculo sobre esta magnífica película.

 

 La exclusión financiera y el empeño.
Bernardo Altamirano Rodríguez / (02 febrero 2015)
Enero terminó, pero su cuesta se prolonga en millones de hogares. Contar con alternativas crediticias, bancarias o pagos en mensualidades coadyuva a aligerar esta carga. Sin embargo, estas opciones de la banca comercial tradicional tienen en el País muy limitada accesibilidad (sólo para el 20 por ciento de las familias) y cobertura (sólo el  56 por ciento de los municipios tienen sucursales). Estos elementos son los que conllevan a afirmar que “en México vivimos una grave exclusión y discriminación financiera” (CONAPRED), así como que “el bajo coeficiente de inclusión financiera está asociada con la pobreza” (Foro Internacional sobre Inclusión Financiera).

En este contexto, se requiere entender mejor los mercados de crédito y las necesidades de los hogares, para identificar si las medidas que toman las autoridades reguladoras o a quienes les corresponde aplicar la ley son las adecuadas o si, por el contrario, contribuyen a profundizar en la exclusión financiera. Para millones de mexicanos que demandan liquidez y que no tienen acceso a los bancos tradicionales existe una gama de servicios de finanzas populares, como los relacionados con el consumo, cooperativas o microcréditos. Asimismo, existe un sector que en los últimos años ha tenido una importante expansión y durante esta temporada enfrenta muchas presiones de las autoridades, como es la industria del sector prendario, mejor conocido como casas de empeño.

Todos sabemos lo que es un empeño, pero poco se conoce sobre las complejidades de este mercado y, en particular, sobre las necesidades de sus consumidores. El valor social de esta industria fue plasmado a la perfección en la gran película “Ladrón de Bicicletas”, donde su protagonista, Antonio Ricci, al igual que muchos otros pignorantes, no sólo encuentran en el empeño la fórmula para salir de un problema, sino que representa un empujón para aspirar a un empleo o aprovechar una oportunidad. En México, las casas de empeño ya no sólo ofrecen la tradicional fórmula de dar dinero a cambio de recibir en prenda electrónicos, joyas o automóviles, sino que han iniciado nuevos esfuerzos de economía colaborativa en la que a cambio de un depósito en efectivo, facilitan a un grupo de albañiles la posibilidad de usar una coladora o al plomero la herramienta, con lo que les permiten ser contratados o empleados. El tamaño de este mercado es cercano a 35 mil millones de pesos anuales, con más de 7 mil establecimientos (con 20 por ciento informales). El préstamo promedio de este mercado es entre mil 300 y mil 500 pesos. Las casas de empeño se dirigen a los niveles de ingreso C y D, que son más del 65 por ciento de la población del País.

En poco tiempo, la carga regulatoria de este sector ha aumentado considerablemente. No sólo deben cumplir con el tradicional registro del contrato de adhesión, sino que ahora deben inscribir a cada una de sus sucursales en un registro a cargo de la Profeco. Además, en entidades como Chiapas, el Estado de México y Guanajuato se crearon registros estatales adicionales, que no sólo sobrerregulan, sino que se extralimitan en sus atribuciones e invaden la esfera federal. Adicionalmente, se debe cumplir con nuevas regulaciones antilavado de dinero que elevan los costos operativos de proveedores. El riesgo de estas barreras es que incentiven la informalidad. Así, mayor regulación y politización local profundizan la discriminación financiera.

Por el otro lado, una de las críticas constantes al sector es el de las altas comisiones que cobran. Lo anterior es efecto de la exclusión financiera mencionada, que limita las opciones de los consumidores y eleva los costos de transacción. Por tanto, se requiere de una política integral que reconozca la interdependencia de los mercados bancario y prendario. Así, la efectiva política de protección al consumidor dependerá de generar una mayor competencia de servicios, productos e infraestructura. No entender esto puede profundizar la exclusión y discriminación financieras.

Lo anterior podría complementarse mediante programas de autorregulación en la industria prendaria, promover mejores prácticas comerciales, ampliar el impacto de mecanismos de información y entendimiento del CAT (como el promovido por Condusef) y, por supuesto, avanzar en mecanismos que permitan el mejor cumplimiento regulatorio. Con estas medidas, no mediante la sobrerregulación, se podrá avanzar en la inclusión financiera, brindar mayor bienestar a los consumidores y fortalecer la confianza en el mercado.

Miscelánea: 1. La explosión en Cuajimalpa obliga a que los reguladores energéticos prioricen, en los procesos de apertura del sector, el diseño de estándares de seguridad para proveedores que minimicen riesgos de daños a consumidores. 2. La denuncia que hizo PepsiCo para que se retire el spot parodia con fines electorales de su anuncio de Emperador abrirá un muy interesante debate sobre publicidad, derechos de autor y libertad de expresión. ¡Bienvenido!

Refundar los Servicios Públicos

Vivimos días de polarización. Nuestra clase política se ha preocupado más por dividir a la sociedad, que en construir un centro robusto que nos convoque a todos a involucrarnos en el diseño del futuro de este País. Esta división se profundiza en la medida que crecen las evidencias de políticos corruptos que se benefician de “moches” de presupuestos públicos (financiados con nuestros impuestos) o que otorgan contratos públicos y licitaciones a sus amigos, socios o familiares, en condiciones de ilegalidad, pulverizando la confianza en las instituciones públicas. Uno de los temas transversales que evidencian esta situación es el de los servicios públicos. ¿Les suena el fraude multimillonario de la Línea 12 del metro? ¿El transporte público urbano es digno y compatible con el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México -que prevé convertirse en el 3ero a nivel mundial? ¿Nuestros servicios públicos de salud están a la altura de las prestaciones que tienen los altos funcionarios y líderes sindicales del sector? Así podríamos seguirnos con una amplia lista de ejemplos.

Tenemos que ubicar a los servicios públicos en el centro del debate nacional y que estos sean el espacio para convocar a todos los sectores –público, privado y social- a trabajar en torno a la transformación que necesitamos. Trabajar en los servicios públicos es trabajar en nosotros mismos. Es la mejor forma de invertir recursos y de activar la economía. Además, tenemos que fomentar una efectiva cultura de servicio. Si conseguimos elevar los estándares y parámetros de los servicios públicos, podremos rápidamente elevar la calidad de muchos otros mercados y servicios que brindan los particulares. Y es que la mala imagen y calidad de nuestros servicios es el parámetro con el cual se desempeñan muchos profesionistas en México y lo que propicia la cultura del “ahí se va”.

Aquí les comparto mi colaboración en Reforma Negocios. ¡Felices fiestas!

 

 

BERNARDO ALTAMIRANO

Refundar los servicios públicos

Los servicios públicos de nuestro País atraviesan una profunda crisis de desconfianza que abre la oportunidad para romper paradigmas y detonar una refundación de estos, mediante la colaboración entre Estado, empresa y consumidores, lo cual sería la fórmula idónea para fortalecer el sentido de comunidad y superar la fractura social que atravesamos. Y es que si bien llevamos años discutiendo el mejor diseño sobre cómo proveer estos servicios, en la realidad estamos muy lejos de los niveles que demanda la sociedad. Los mejores ejemplos son los casos de seguridad y educación públicas, siendo este último ámbito una muestra sobre la complejidad que implica definir estándares de calidad, y donde el mismo responsable de brindar este servicio es quien ha encabezado fuertes reacciones al respecto. ¡Vaya paradoja!

Por estas razones es que se requiere ampliar el debate sobre estos servicios. Revisemos algunos casos, como el del transporte público en el Valle de México. Según el Inegi, existen 14.8 millones de viajes diarios, de los cuales el 64.5 por ciento son en colectivo, el 16.4 por ciento en taxi y el 8.2 por ciento en Metro. En cuanto a la calidad de servicio, una encuesta elaborada por GCE revela que los usuarios califican como el peor servicio a los colectivos (54.3 por ciento) y después a los taxis (3.8 por ciento). Asimismo, los encuestados señalan que los conductores incurren en múltiples faltas, como ir a exceso de velocidad o no respetar los semáforos. En este sentido, tenemos servicios de baja calidad, que además son los primeros en violentar el orden público y contribuir al caos vial. Esto evidencia que el debate sobre Uber es solo la punta del iceberg y que requiere extenderse a otros servicios para identificar cómo ampliar la satisfacción de millones de usuarios del transporte público.

En segundo lugar, recordemos el debate sobre el IEPS de bebidas y alimentos de alto contenido calórico con el objeto de fomentar el consumo de agua potable y construir bebederos en escuelas de todo el País (objetivo todavía no cumplido). Las cifras del Inegi nos muestran que en el País sólo el 26 por ciento de la población piensa que el agua en su ciudad es potable (bebible sin temor a enfermarse). Por otro lado, se recomienda activarse físicamente, pero sólo el 39 por ciento de los mexicanos piensa que los parques y espacios públicos son suficientemente seguros. Estos datos evidencian a gobernantes que al diagnosticar problemas y proponer soluciones omiten una autoevaluación objetiva sobre la eficacia de sus servicios y programas, y trasladan los costos a la sociedad.

Un tercer caso es el de electricidad, en donde consumidores y empresas cuestionan permanentemente la calidad, precios y atención del servicio de CFE. Ahora esta empresa tiene un nuevo marco jurídico y una directiva más moderna, que tiene el gran reto de innovar en mecanismos de atención al consumidor y por supuesto ahora tendrá que competir con otras empresas. Aquí hay mucho por hacer, como cambiar un contrato de adhesión de los años 70, en propiciar mejores estándares, calidad y precios para los usuarios. Es la gran oportunidad para la CFE de reposicionarse frente a los consumidores.

Los puntos anteriores son sólo una muestra de cómo en México hemos diseñado servicios públicos que no generan una cultura de servicio a favor del usuario, no existe claridad ni exigibilidad de los derechos y no se abren de manera cierta las puertas a la inversión privada y social. Y es que llevamos décadas de presupuestos públicos abultados y de raquítica satisfacción de sus consumidores, en donde parece que los únicos satisfechos son políticos, burocracias, organizaciones clientelares y quienes ganan dudosas licitaciones, todo esto en el marco de una corrupción escalofriante. Por esto debe revisarse a fondo la filosofía y visión de estos servicios para que la labor política se dignifique y transite de una praxis de búsqueda del poder y de rentas económicas, a una que impulse una efectiva cultura del servicio público. Esto implica refundar los servicios públicos a partir de estándares de calidad y excelencia, presupuestos eficientes, contratos transparentes y equitativos y que incorpore elementos de mercado y de colaboración. Lo anterior sería una forma clara de ponernos todos a trabajar en la reconstrucción de confianza y comunidad que tanto necesitamos, para estar orgullosos de nuestros servicios públicos y lograr que nuestra referencia sea el Metrobús y no el del recogedor de basura que te “exige” la propina.

Miscelánea: Lo planteado por el Presidente de la República sobre el desarrollo de observatorios para evitar y combatir la corrupción será útil en el ámbito de los servicios públicos, así como en la construcción del nuevo aeropuerto y en licitaciones del sector energético.

@beraltamirano

La regulación desde lo local

BA34CNMR

 

La semana pasada participé en la 34 Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, gracias a la invitación del titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), Mtro. Virgilio Andrade. En este foro se reúnen las principales autoridades reguladoras de estados y municipios, con el objetivo de identificar cuáles son las mejores prácticas de regulación local, diseñar agendas y coaliciones, así como para promover el espíritu del emprendedurismo. Son semillas importantes que buscan formar cuadros profesionales en la materia.

Tuve la oportunidad de moderar una mesa muy interesante en la que participaron el Dr. Benjamín Contreras, Comisionado de Competencia Económica, y el Dr. Sergio López Ayllón, Director General del CIDE. Durante el diálogo se analizaron las principales medidas que se han tomado a nivel de la COFECE para construir alianzas y coaliciones con agentes económicos locales y así promover una mejor regulación. Por supuesto que se revisaron cuáles son los principales obstáculos presentes que desde lo local atentan contra las recientes reformas, tanto en competencia económica, como el caso de la reforma energética. Al respecto habrá que estar muy atentos para evitar que medidas regulatorias locales atenten contra la Constitución y contra la certidumbre jurídica que requieren la instrumentación de las recientes reformas. Asimismo, se comentó la complejidad que implica que la COFECE observe y vigile el desarrollo de licitaciones y contratos públicos en lo local, que sin lugar a dudas, en muchos casos atentan contra los principios más elementales de competencia económica.

Seminario de Regulación: Retos y Perspectivas. ¡No faltes!

En los recientes meses, México ha atravesado profundas reformas estructurales, principalmente en tres ámbitos: competencia económica, telecomunicaciones y energía. Es la gran oportunidad de alinear incentivos y reglas del juego. De ahí que resulta fundamental hablar sobre cómo este nuevo marco regulatorio se interpretará, aplicará, incentivará inversiones, fortalecerá la competencia y legalidad.

Por estas razones es que la Asociación de Exalumnos del ITAM les invita al Seminario de Regulación: Retos y Perspectivas, en donde se sostendrán diálogos dinámicos y profundos con quienes toman decisiones en las agencias reguladoras:

  1. Ildelfonso Guajardo (Secretario de Economía) dará inicio con la conferencia magistral: El Estado, la gobernanza democrática de la regulación y la confianza en los mercados.
  2. Virgilio Andrade (Titular Comisión Federal de Mejora Regulatoria – COFEMER), Víctor Pavón (Director General de Oxford Economics) y Bernardo Altamirano (Coordinador Especialidad de Regulación del ITAM), conversarán sobre cómo generar un orden y coordinación normativa en la regulación secundaria, cuáles son las precauciones a seguir, y cómo establecer una relación transparente e incluyente con el sector industrial y los grupos de interés.
  3. Alejandra Palacios (Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica) y Verónica Malo (Centro de Estudios Espinosa Yglesias-CEEY) conversarán con Carlos Mota (El Financiero-Bloomberg) sobre cuáles serán los ángulos de aplicación de la nueva legislación de competencia económica, así como aquellos sectores prioritarios para impulsar mayor competencia y libre concurrencia.
  4. Gabriel Contreras Saldívar (Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones) y el Federico José González Luna Bueno, (Presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados), platicarán con Alfonso Carballo (Consultor y Extitular de COFEMER), sobre el espíritu de las reformas en telecom, radio y televisión, alcance de las mismas, y los principales retos en su aplicación.
  5. Guillermo Zúñiga Martínez (Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía-CRE) y Guillermo Domínguez (Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos), platicarán con  Luis Serra  Barragán, (Director de Proyectos del CIDAC) sobre la nueva regulación para el sector energético, tanto la que enmarcará las condiciones de participación, competencia y consumidores, como las relativas a las nuevas modalidades de contrataciones y licitaciones.

El Seminario busca esclarecer dudas e inquietudes, por lo que también te invito a que prepares tus preguntas y comentarios. Asistir les permitirá tener una visión muy concreta de los inminentes retos, identificar temas interesantes y enfocar estrategias de sus despachos y/o clientes, entre varios aspectos. Si te interesan estos temas, ya sea desde la academia, la empresa, servicio público, consultorías y despachos, será de gran utilidad asistir para tener claros los retos y perspectivas.

Por estas razones es que te invitamos a que aproveches este espacio. El evento será el 12 de septiembre en el ITAM a partir de las 8:30 hrs. y por supuesto que pueden extender esta convocatoria a más colegas. Presiona aquí para el registro. Cupo limitado. Cualquier duda o inquietud, estamos a sus órdenes. (Pueden ocurrir cambios al programa sin previo aviso)

Atentamente,

Ana María León                                                Bernardo Altamirano

Presidenta de la Asociación                         Coordinador Seminario

de Exalumnos del ITAM

 

México D. F., septiembre 2014.

La Entrevista con Sarmiento: La competencia y el consumidor

 

Hace unos cuanto días tuve la oportunidad de participar en La Entrevista de Sergio Sarmiento. La charla fue sobre el consumidor y la competencia. Les invito a ver esta conversación.

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Foro sobre la Ley Federal de Competencia Económica

Foro sobre la Ley Federal de Competencia Económica

La semana pasada participé en un foro convocado por la Comisión de Comercio de la Cámara de Senadores, en la que se analizó el alcance de la minuta de la Ley Federal de Competencia Económica. En dicho espacio, presenté propuestas elaboradas por Central Ciudadano y Consumidor, en materia de: insumos esenciales, barreras a la competencia y desincorporaciones, mismas que invito a que las puedan conocer en http://www.centralcyc.mx

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Hacia una Regulación Democrática

Las recientes reformas del Pacto por México definieron un paraguas sobre el cual se definirán regulaciones de competencia, telecomunicaciones y energéticas muy complejas, tanto desde el punto de vista técnico-jurídico, como social. Es muy importante esta oportunidad para ordenar la racionalidad de nuestras regulaciones, hacerlas lo más simples posibles y hacer que éstas representen el interés público y efectivamente sean cumplidas por todas las partes. De ahí que es conveniente hablar de una “Regulación Democrática”, no sólo en cuanto a su origen, proceso y motivación, sino a que impulse una nueva educación moderna, que permita nos haga internalizar la competencia económica como parte de nuestra vida diaria.

Aquí les dejo el link para el Periódico Reforma y además el texto íntegro. Bienvenidos sus comentarios.

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