En México, el equivalente de esta agencia es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que, a pesar de su juventud (2001), comienza a consolidar su valor social y económico ante consumidores e industria. Sus amplísimas funciones inciden en aspectos tan cotidianos como los alimentos, bebidas, suplementos alimenticios y medicamentos que tenemos en nuestros hogares; los cosméticos que usamos a diario; así como el control sanitario de la publicidad de todos los anteriores. También abarca temas de gran relevancia en materia de salud, tanto preventiva, como en el tratamiento de enfermedades, mediante la vigilancia de los establecimientos de salud, de ahí que con frecuencia se conoce de su trabajo contra las clínicas «patito». Asimismo, desarrolla una constante batalla contra los productos milagro o contra la venta de alcohol ilegal, en donde rompió récord en 2015 al haber hecho decomisos sin precedentes. Éstas últimas funciones son las que parecen restringir la imagen de la Cofepris a una policía sanitaria, pero son sólo algunas de entre una gran variedad.

Resulta interesante observar cómo a pesar de su creciente protagonismo, existe escasa literatura sobre esta institución, así como sobre la racionalidad de la regulación contra riesgos sanitarios. Al respecto, una reciente publicación de Central Ciudadano y Consumidor recuerda que el fundamento de esta tarea se encuentra en el Artículo Cuarto Constitucional, que indica que «toda persona tiene derecho a la protección a la salud». Sin embargo, garantizar este derecho debe hacerse de una manera armónica con otros principios básicos de la misma Constitución, en donde el Estado al regular propicie la competitividad y competencia en el mercado, para que los consumidores podamos disfrutar del acceso a productos y servicios bajo su control. De esta manera, la regulación debe ser proporcional al grado de riesgo sanitario que implica la actividad industrial, para que la reducción de riesgos no inhiba el robustecimiento de mercados, ni genere precios inaccesibles. Asimismo, la regulación no debe generar cargas desproporcionadas a la industria que sólo aumenten burocracia o trámites. Así, el arte consiste en encontrar el equilibrio entre las medidas de control y protección, con el adecuado y eficiente funcionamiento de los mercados.

Esta función regulatoria se vuelve más compleja de diseñar y ejecutar en un país con profundas divisiones sociales y económicas, y en donde prevalecen múltiples retos en materia de cumplimiento de la ley, informalidad y corrupción. Por un lado, los consumidores enfrentan diferentes niveles de riesgos sanitarios dependiendo de su entorno socioeconómico, incluso al adquirir productos o servicios de la misma categoría. Por el otro, en lo industrial, vemos un sector que avanza en competitividad, procesos industriales, innovación, mientras otro que se queda rezagado, alejado de la tecnología y con productividad decreciente. Esta realidad representa un gran desafío en la generación de instrumentos regulatorios y exige un entendimiento de nuestras diferencias sociales e industriales.

En todo este panorama vemos señales de una institución que se consolida, en parte gracias a un período de estabilidad, en donde por más de 5 años su extitular Mikel Arriola dio buenos resultados. De ahí el acierto en el nombramiento del nuevo titular, Julio Sánchez y Tépoz, quien por su previa experiencia en Profeco, Cofeco y la misma Cofepris, anticipa que desarrollará una visión integral. Esta estabilidad da resultados, permite enfocar mejor los programas y presupuestos, y contribuye a una mejor evaluación y rendición de cuentas. De ahí que incluso sería conveniente que el Congreso pudiera definir la duración del mandato del titular de Cofepris y demás comisionados. Sin duda existen retos enormes, pero en este Día Internacional del Consumidor tenemos razones para reconocer a una institución que avanza en cumplir sus funciones de bienestar social y de desarrollo económico.