¿El Paradigma es Cárdenas?

El debate sobre la reforma energética comenzó la semana pasada. A partir de los posicionamientos iniciales en la opinión pública, podemos anticipar que la discusión se desarrollará en dos rings. Por un lado, la confrontación de visiones políticas e ideológicas. Por el otro, la rivalidad técnica en torno al diseño de los instrumentos normativos, regulatorios y económicos que definirán el éxito de la reforma. La suerte que se tenga en lo político definirá el alcance de lo técnico. En estas condiciones resulta inexplicable que el Gobierno Federal enarbole la bandera del Gral. Lázaro Cárdenas, cuando en realidad debería impulsar un proyecto modernizador en el contexto de nuestras actuales circunstancias políticas, económicas y sociales, así como de los retos futuros que tenemos como sociedad.

Sobre este tema escribo hoy en Reforma y los invito a leer y reflexionar: ¿El Paradigma es Cárdenas?

Propongo que hace falta elevar una tercera dimensión, que incluso debería ser la central: ¿qué beneficios concretos nos traerá a los ciudadanos y consumidores esta reforma energética? No basta que nos digan: Pemex y el petróleo y CFE y la electricidad,  son de la Nación y son de todos. Esa retórica no describe en qué nos beneficia a cada uno de nosotros el régimen actual, pero sobre todo omite cuestionar el porqué “siendo de todos” enfrentamos permanentemente incertidumbre al comprar gasolina y exigir el litro de a litro o los múltiples abusos de la CFE. Tampoco explica porqué siendo de todos, ambas empresas públicas incurren en prácticas que serían inviables en cualquier PYME o que el tipo de sus relaciones laborales asfixiaría a cualquier empresa privada.

Por tanto, si el Gobierno Federal quiere ganar el debate político, debe buscar construir una coalición en torno al beneficio de los consumidores y ciudadanos, y no en torno a la figura del Gral. Cárdenas. Incluso, si revisamos el contenido de nuestra actual Constitución, el régimen del sector energético es tal vez el único que queda vivo del espíritu revolucionario. Simplemente basta enumerar elementos de ese ideario que han sido replanteados de fondo: propiedad agraria y rural, educación, relaciones laborales, entre otros. Por tanto, el Gobierno Federal más que justificarse en el Gral. Cárdenas, debería tener claro que ése ya es el último reducto de una llama que se extingue. Al voltear a 1938 se reavivó el debate de 1988 que generó la ruptura del PRI de dos visiones inconciliables: el nacionalismo revolucionario y el neoliberalismo económico y social.

La herencia de la Revolución fue dejar un Estado fuerte. Estamos ante la posibilidad de consolidar un nuevo paradigma en el que los ciudadanos y los consumidores seamos origen y destino de la Ley y de las políticas públicas. Por eso animemos al Presidente a que se lance con más convicción y agresividad en este debate, pues de ganarse en lo político, podría conllevar incluso a concluir nuestra prolongada transición democrática y convertirse en el transformador de su partido político, el cual tendría que eliminar la “R” de Revolucionario de su nombre. 

Adenda: En el transcurso del día se han profundizado las legítimas preocupaciones por la posible contrarreforma en materia de transparencia. Si esto ocurre, sería el peor preámbulo para la discusión de la reforma energética, que naturalmente genera suspicacias no solo en cuanto al diseño de la misma, sino en cómo se administrarán los recursos de las empresas públicas y cómo participará el sector privado en diferentes mecanismos de contratación. Por tanto, defender la transparencia y avanzar en su regulación es una prioridad y debe condicionar la discusión de la reforma energética.

Por último, les facilito el texto que me publica hoy Reforma:

¿El Paradigma es Cárdenas?

Bernardo Altamirano Rodríguez 21 Ago. 13

La construcción de un Estado constitucional y democrático significa considerar a la Constitución como norma jurídica suprema. No obstante lo anterior, en México existe una corriente muy amplia que ve a la Constitución como la concreción del ideal de la Revolución. José Ramón Cossío (1998) lo describe así: «debido a que la Constitución era el producto de un movimiento revolucionario -y, por tanto, contiene las decisiones políticas fundamentales-, debíamos entonces aceptar su supremacía».
Este debate conceptual enmarca la polémica actual sobre la reforma energética y sobre el inexplicable hecho de que el Presidente Enrique Peña Nieto se haya envuelto en la bandera del General Lázaro Cárdenas. Lo anterior parece difícil de justificar, sobre todo si consideramos que desde 1938 el orden global se reordenó al atravesar una guerra mundial, una prolongada guerra fría, la caída del muro de Berlín y el replanteamiento de la relación entre el Estado y el mercado. En lo nacional, vimos la apertura gradual de México en una red de acuerdos de libre comercio, dos alternancias políticas, el pensamiento de gente como Octavio Paz y Gabriel Zaid, y más de 500 reformas a nuestra Constitución, en las que se definen nuevas relaciones entre los ciudadanos y el poder, así como entre el mercado y el Estado.

Este último aspecto resulta fundamental, pues en las circunstancias históricas del General Cárdenas no existían aspectos clave que hoy nuestra Constitución les brinda supremacía jurídica. Por un lado, en el ámbito de mercado, hoy nos enmarcan la competencia económica, la eficiencia y los derechos básicos de los consumidores. En el ámbito de libertades, hoy contamos con uno de los principales ejes de nuestra transformación democrática, que es el de transparencia y derecho a la información, así como nuestra más importante revolución institucional, que es la reforma a nuestro Artículo 1º de la Constitución y la determinación del principio Pro Persona. Todos estos elementos se encuentran jerárquicamente en el mismo nivel de las disposiciones en materia energética, por lo que urge hacerlos congruentes y alinearlos al mismo rumbo.
Por eso resulta inexplicable que si nuestro Estado se ha redimensionado, el Presidente Peña Nieto impulse una reforma viendo al pasado y no reconociendo los grandes avances de esta generación. El mensaje busca construir una coalición en torno a la figura del General Cárdenas, cuando en realidad debería hacerlo en torno a los pilares que se han definido como la base de nuestra cultura económica: competencia, transparencia y derechos de los consumidores. Debemos hacer que estos pilares sean también la base de nuestras empresas públicas, quienes anteponen sus intereses a los consumidores y donde prevalece la escasa productividad, opacidad y corporativismo político. De conseguirse esta transformación, sería una señal inequívoca a la sociedad y a la empresa de que el principio de igualdad ante la ley impera en la producción, comercialización y en las relaciones laborales, y sería el incentivo adecuado para avanzar como país en competitividad.
Por estas razones es que una reforma de esta envergadura debe ubicar en el centro del debate los beneficios que obtendrán los ciudadanos y los consumidores. Por un lado, Pemex y CFE deben impulsar mecanismos innovadores de vinculación con la ciudadanía, rendición de cuentas y transparencia, y dirigirnos así a empresas verdaderamente democráticas, que no sólo respondan a intereses políticos o corporativos.
Por el otro lado, un diseño regulatorio adecuado debe garantizar estructuras con más competencia, mejores precios, servicios y calidad, así como reducir fallas de mercado. En el caso de gasolina debe incluso abrirse la participación a otras marcas en su comercialización, para que la demanda histórica de litro de a litro sea una realidad. En el ámbito de electricidad, impulsar una empresa que tenga mejores prácticas en su contrato de adhesión y mayores garantías a los consumidores. En cuanto al gas, urge brindar certidumbre a los usuarios.

Sin duda, las discusiones en torno a la soberanía, régimen fiscal, diseño de contrataciones y de riesgos, así como de participación del sector privado son fundamentales. Pero es igualmente importante poner en el centro del debate a los ciudadanos y a los consumidores, para tener empresas y reguladores más democráticos, competitivos, eficientes y transparentes, que amplíen el ejercicio de las libertades que a todos nos otorga la Constitución. El nuevo paradigma tiene que ser un sector energético que ponga en el centro al ciudadano y al consumidor.
Presidente de Central Consumidor y Ciudadano, Miembro del Grupo de Expertos en Competencia y Derechos de los Consumidores de la UNCTAD @beraltamirano