Regulación, Competencia y Consumidores
Blog de Bernardo Altamirano Rodríguez
Ética, legalidad y empresa son el triángulo virtuoso que requiere nuestro país. Desde nuestra fundación como Nación, hemos probado múltiples fórmulas. Muchas de éstas han fracasado. Necesitamos reconocer y probar la fórmula de la libertad, manifestada a través de la empresa. Por eso, tenemos que simultáneamente fortalecer los canales de la ética y la legalidad. Les comparto mis ideas sobre este tema.
Las empresas enfrentan todos los días múltiples riesgos legales. Esto significa que ante una multiplicidad de leyes, reglamentos, normas y regulaciones, puede existir desconocimiento y ambigüedades y contradicciones en la interpretación de éstas, así como incertidumbre respecto de la aplicación, verificación y posibles infracciones y multas que determinen las autoridades.
Por eso, la gran tendencia contemporánea consiste en diseñar y aplicar programas de administración de riesgos legales y cumplimiento regulatorio. Conoce cómo identificar estas necesidades en tu empresa. Les comparto mi colaboración.
La relación entre el Estado y la empresa en América Latina es un relato que combina drama, suspenso, traición, represión, comedia, entre muchos géneros. Sin duda, históricamente ha imperado la tensión y la desconfianza, de ahí que se han desarrollado instrumentos regulatorios y de control, que en lugar de impulsar el crecimiento, lo obstaculizan. Sin duda han habido tintes ideológicos que en ciertas coyunturas han acentuado más esa relación de conflicto. En México sin duda, el apogeo de los años del nacionalismo revolucionario son una muestra de esa visión de supremacía de la actividad económica y productiva del Estado, por encima de la empresa. Por eso es muy importante el momento que se vive en la mayoría de los países de la región, en donde existe un reconocimiento sobre la inviabilidad de dichas fórmulas que fracasaron, y la debilidad financiera y operativa del Estado que ve cómo se desmoronan arcaicas estructuras de control. Esta tendencia pude comprobarla en mi reciente participación en el Foro Iberoamericano de Políticas de Consumidor, celebrado en Costa Rica, en donde los países transitan de una vision proteccionista a introducir mecanismos e incentivos de mercado. Al respecto, les comparto mi colaboración en Fortuna y Poder.
El lunes pasado participé en el Senado de la República en el «Foro sobre reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor». El evento fue convocado por el presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Sen. Héctor Larios. Este espacio tuvo como objeto profundizar en el análisis sobre la iniciativa de reformas a la ley que se presentaron el año pasado, promovida por la Sen. Ana Lilia Herrera. Sobre el particular he comentado en otras ocasiones, que la propuesta incluye una serie de temas muy importantes en la agenda de protección al consumidor, como seguridad de producto, comercio electrónico, ventas directas, entre muchos otros. Esta iniciativa tiene muchos aciertos y oportunidades. Sin duda se trata de una propuesta que generará amplia discusión. Lo que hay que tener claro es que se observa un real interés en el Senado de propiciar mejoras a la actual ley. Al respecto hay que tener varios aspectos a dar seguimiento. Como consumidores, estar atentos de los sectores de mercado que se considera están enfrentando mayores riesgos o abusos en la actualidad. Para las empresas, tener claro que esto implicará nuevas responsabilidades administrativas, que incidirán en la industrialización y comercialización de bienes y servicios. Para los reguladores, identificar las áreas de convergencia y complementariedad en las políticas públicas.
Por último, como lo mencioné ayer, resulta fundamental cambiar el paradigma de relación de la Profeco con las empresas. Debe basarse en la buena fe, y reconocer la libertad empresarial como un derecho humano y por tanto entender que su limitación o restricción amerita justificaciones claras y proporcionales. En este espacio iré informando sobre la evolución de estas discusiones.
En este Día Internacional del Consumidor dedico mi análisis a entender el mapa de agencias de reguladores que inciden en nuestra protección, ya sea mediante tutelar la competencia en general o nuestros derechos en particular, o atender temas muy especializados, como telecomunicaciones, energía y por supuesto los riesgos sanitarios. Esto nos permite tener como consumidores y empresas mayor claridad de a quién dirigirnos o qué aspectos regulatorios cuidar su cumplimiento. Les presento mi colaboración: Los Reguladores que Protegen al Consumidor.
En el Senado de la República existe la posibilidad de que se impulse una profunda reforma en materia de protección al consumidor. La iniciativa es un gran avance al incorporar temas que no se han atendido anteriormente y que ahora ampliarán la protección, sobre todo en materia de seguridad de producto y comercio electrónico. Si bien se expande la agenda temática, no se modifica la racionalidad y modus operandi de la Profeco. Este es un tema clave que debe discutirse a fondo. Como lo he dicho desde hace varios años, el modelo de protección se encuentra superado, por lo que la presente iniciativa es una gran oportunidad para un debate social, en el que se discutan los principios y mecanismos adecuados de protección, que por un lado fortalezcan a los consumidores, impulsen la libertad y responsabilidad empresarial -particularmente con las Pyme-, y consoliden el papel de la Profeco, en tanto autoridad. Para avanzar en la protección al consumidor no basta solo fortalecer a la Profeco, necesitamos consumidores más exigentes de sus derechos y responsabilidades, empresas modernas comprometidas con la competencia y los consumidores, y una autoridad que pueda actuar con certidumbre y contundencia.
Les comparto mi colaboración que aparece hoy en Reforma Negocios.
Como cualquier proyecto, tiene aciertos y oportunidades de mejora. Lo que resulta fundamental es no perder de vista la naturaleza de la función que busca fortalecerse, la cual consiste en corregir externalidades o fallas de mercado propias de una relación de debilidad de los consumidores frente a los proveedores, mediante la definición de responsabilidades administrativas a las empresas.
En este sentido, el análisis de esta iniciativa debe partir de valorar si la nueva regulación que se contempla es racional y justificable, si los proveedores privados y públicos tendrán la capacidad material de observar la ley, y si la autoridad contará con los recursos para hacer que ésta se cumpla con base en instrumentos conformes a nuestra realidad económica y social. La iniciativa es muy amplia, por lo que sólo abordaremos algunos aspectos.
En los años 70, en EU, se creó la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, especializada en regular y verificar que los productos que se comercialicen no impliquen un riesgo contra los consumidores -electrónicos, juguetes, textiles y accesorios para bebé, etc. De ahí que los consumidores y empresas de EU tengan tan claro en sus prioridades que la seguridad es primero. Si bien es un tema muy precario en nuestra regulación, en los últimos años, México ha participado en medidas regionales importantes, como la Cumbre de Seguridad de Producto que organizó la OEA en Colombia o la Tercer Cumbre de Seguridad de Producto para el TLCAN. La iniciativa avanza en materia de seguridad de producto y define responsabilidades sobre emisión de alertas, llamados a revisión (recalls) y retiro de productos. Es un gran acierto este tema, pues implica avanzar en un mercado más seguro. Sin duda las cargas regulatorias que se generarán se justifican para evitar riesgos y daños a nuestra integridad física. Sin embargo, el gran pendiente será cómo evitar que productos riesgosos se sigan comercializando en la informalidad.
A nivel global se han buscado entender los nuevos retos y riesgos que implica el comercio electrónico, por lo que esta iniciativa enfoca adecuadamente las nuevas herramientas aplicadas en las principales economías, sobre todo en materia de requerir a los proveedores que adopten mecanismos técnicos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección y confidencialidad de la información de los usuarios. Esto, ante la creciente amenaza de robo de datos y de identidad. Adicionalmente, se prevé fortalecer la regulación de dos industrias que en años recientes han estado bajo la lupa, como son el caso de las ventas directas y los tiempos compartidos.
Por otro lado, se busca dotar a la Profeco con nuevos instrumentos de vigilancia, verificación y coerción, para hacer que la ley se cumpla. Este aspecto amerita una revisión a fondo, sobre todo buscando que se incentiven mejores prácticas comerciales y que la coerción parta del reconocimiento de la buena fe de las empresas y sea la ultima ratio. Esto cobra mayor relevancia entre las Pyme, quienes por error o ignorancia enfrentan múltiples multas y clausuras. Mucho podríamos aprender del extinto modelo británico de la Office of Fair Trading, quien impulsaba buenas prácticas y capacitación a las Pyme, pues la mejor protección al consumidor empieza desde el fomento de una moderna cultura empresarial. Formar buenos empresarios es invertir en construcción de ciudadanía. La coerción per se no genera esta cultura, por lo que conviene replantear las responsabilidades de las Pyme en la iniciativa.
Adicionalmente, la iniciativa recurre a mecanismos rígidos de regulación, cuando la tendencia internacional consiste en impulsar esquemas de autorregulación. Esto incluso fue abordado en los trabajos del reciente Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor celebrado en Perú, donde las autoridades reconocen que tienen que avanzar en esta dirección.
Por último, esta iniciativa apuntaría a una SuperProfeco, por lo que urge complementarla con medidas de fortalecimiento institucional, como el establecimiento de un período legal de su titular. Además, brindar autonomía al área de investigación respecto de la instancia sancionadora. Por último, generar mayores espacios bajo los cuales intervengan los jueces y tribunales.
La iniciativa en comento sería un gran paso en cuanto a los nuevos temas que incorpora. Sin embargo, para que sea una reforma integral falta cambiar el modelo de protección, para que sea menos centralista, burocrático e inquisitorial. Aprovechemos esta oportunidad para transitar a un nuevo modelo basado en la confianza y corresponsabilidad entre gobierno, empresa y sociedad.
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Como lo señalo en el artículo, el año pasado fue de intensa participación en foros internacionales. Tuve la oportunidad de ser ponente en el International Consumer Product Health and Safety Organization (ICPHSO), en donde expuse el marco de seguridad de producto en México, comparado con sus socios comerciales EUA y Canadá; la Cumbre de Seguridad de Producto organizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Superintendencia de Comercio de Colombia (SIC), en donde expuse cómo fortalecer la reputación de las empresas que desarrollan buenos procesos de seguridad de producto (aquí puede verse la conferencia); el Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor (FIAGC), celebrado en Perú, donde abordé el tema de la autorregulación y las mejores prácticas comerciales; finalmente la Tercera Cumbre de Seguridad de Productos del TLCAN, en México, en donde expuse cuáles son las mejores prácticas en la materia. Aquí les comparto algunos testimonios fotográficos.
Orden de las fotografías: 1) En Colombia con la Directora de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA, Evelyn Jacir, evento al que fui invitado por la SIC de Colombia; 2) Las siguientes fotos fueron en el FIAGC de Perú: i) con el Presidente del INDECOPI de Perú, Hebert Tassano, quien me hizo favor de invitar; ii) Carlos Arnaiz, Vicepresidente de la agencia española responsable de la protección al consumidor; iii) Yanci Urbina, titular de la agencia de El Salvador; iv) Mónica Ramírez, Superintendente Delegada de Colombia, y Cynthia Zapata, titular de la materia en Costa Rica, quien por cierto, será la próxima presidenta del FIAGC; v) Juan Luís Crucelegui, Jefe de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor de la UNCTAD, en donde participo en el Grupo de Expertos de Competencia y Políticas del Consumidor COMPAL
La sabiduría popular permite en ocasiones entender la clara dimensión de nuestra realidad. “Dios los hace y ellos se juntan”, describe cómo las comunidades se integran por personas que responden a incentivos y conductas semejantes, donde la virtud y el vicio, siendo los dos extremos, enmarcan la aspiración o fracaso de éstas. Así, las comunidades lanzan señales que generan identidad y atracción a sus semejantes: i) legalidad, transparencia, responsabilidad, atraerán a personas que busquen esos mismos valores; ii) corrupción, compadrazgo, influyentismo, atraen a quienes se benefician de estos elementos en la toma de decisiones.
¿Qué señales envía el país y su clase política a posibles inversionistas? Desde conflictos de interés, hasta riqueza injustificada –desde casas aquí o en el exterior, relojes, autos, viajes, etc.- ; desde alcaldes que confirman haber robado un poco y levantan faldas a sus invitadas en fiestas de 10 millones de pesos, hasta partidos que gastan en sus campañas cantidades exorbitantes e ilimitadas; desde legisladores y gobernadores que se llevan moches y comisiones millonarios por contratos y licitaciones públicas, hasta quienes ofrecen concesiones desde la SCT –trenes, aeropuertos, caminos, etc.- con ventajas para sus interés personales y políticos. La lista sería interminable, pero la nota común es la impunidad y la visión de que es la única forma de hacer las cosas en este país. Estas son las señales que se envía y de ese tamaño serán los perfiles nacionales y extranjeros que inviertan en México. Claro que existen muchos esfuerzos importantes que buscan hacer las cosas de manera legal, pero para estos es mucho más difícil y complejo.
En este escenario, y ante un gobierno que es muy gastón en infraestructura y que tiene la responsabilidad de abrir el sector energético, surge la pregunta: ¿se ahuyentarán inversiones? Algunas autoridades de manera cínica responden: por supuesto que no, estas empresas están acostumbradas e estos entornos de corrupción, como el de México. Y aquí es donde tenemos que actuar. Estoy absolutamente convencido que la empresa privada debe participar en el sector energético, ¿pero queremos que lo hagan quienes están dispuestas a llegar con portafolios de efectivo para repartirlos ilegalmente por todos lados? Si no elevamos los estándares de nuestros mercados, el riesgo es que nuestra economía se desarrolle y crezca sólo a partir de la corrupción, lo cual consolidará el poder oligárquico de algunos cuantos y aleje los beneficios sociales de estos procesos de liberalización. De ahí que urge abordar este tema y evitar que el mal endémico que tenemos, haga metástasis y sea imposible solucionarlo. Les comparto mi colaboración de hoy en Reforma Negocios.
BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
DE SPRING-BREAKERS, INVERSIÓN Y ESTÁNDARES.
¿Por qué será que muchos mexicanos tienen un comportamiento en nuestro País tan contrastante con el que tienen al cruzar la frontera a EU? ¿Por qué estos no se atreverían allá ni a pasarse un semáforo? ¿Es una razón cultural, de dobles estándares o de incentivos? Mientras aquí el incentivo es a transgredir, allá es a cumplir. Esta realidad se agrava si reconocemos que este fenómeno también ocurre en sentido inverso. Basta observar cómo en esta temporada nuestras playas se saturan de los conocidos spring-breakers, quienes vienen al País a hacer todo lo que no pueden en el suyo, pues aquí el entorno lo permite e incluso fomenta. Son turistas que vienen a darle la vuelta a la ley. Derraman sus recursos a costa de depredar y corromper los nuestros.
Lo mismo pasa en el mundo de negocios. Nuestras empresas llevan varias décadas luchando por ser más productivas y competitivas. Principalmente, aquéllas que se han integrado más al comercio global, en particular al TLCAN, lo han logrado (McKinsey Global Institute 2014), gracias a elevar sus estándares a la altura de las mejores prácticas internacionales, tanto para su desempeño nacional como en el extranjero. Al respecto, las empresas tradicionales se han rezagado y cada vez la distancia entre ambas es mayor. Esta desigualdad de estándares reduce la confianza en el mercado y tiene múltiples vertientes -responsabilidad corporativa, controles de calidad, relaciones laborales, ambientales, cumplimiento regulatorio, atención a consumidores, mecanismos anticorrupción, contratación de servicios legales y relaciones públicas, entre otras-. Al igual que con los spring-breakers, lo inverso también ocurre con empresas extranjeras que operan en el País. Mientras la gran mayoría sigue estándares internacionales, existen algunas que los bajan y presentan parámetros de prácticas comerciales diferentes, lo que se refleja en un trato diferenciado a los consumidores, a la competencia y a la autoridad.
El caso más reciente es la marca Reebok, propiedad de Adidas, la cual con un mismo caso de publicidad engañosa enfrentó de manera diferente su responsabilidad frente a las autoridades y consumidores de EU y México. Mientras que allá llegó a un arreglo con la autoridad para pagar 25 millones de dólares a los consumidores engañados, aquí optó por seguir una estrategia litigiosa chicanera, la cual fue aceptada por dos instancias judiciales. Afortunadamente, la Suprema Corte le puso un alto a esta situación. Si bien Reebok actuó con base en incentivos de mercado y judiciales locales -el Papa Francisco diría que se «mexicanizó»-, es el momento de que reconozca que se equivocó y que les tendrá a autoridades y consumidores mexicanos el mismo respeto que tuvo con los de EU.
Este ejemplo ilustra las señales que manda el mercado mexicano a inversionistas extranjeros: altos niveles de corrupción gubernamental, conflictos de interés impunes, moches y comisiones, procesos judiciales opacos, derechos de propiedad inciertos, mínimo crecimiento, entre varios aspectos. Ante esta realidad, resulta prioritario fortalecer nuestro mercado y comunidad de negocios elevando estándares, donde la empresa tiene la gran oportunidad de ser el motor transformador. En inminentes inversiones, como la energética o aeroportuaria, debemos tener cuidado, pues ante las señales descritas, existen riesgos considerables de que las empresas con mayor responsabilidad corporativa -las cuales construirían capital social y humano- se alejen y así inviertan empresas spring-breakers, que tienen prácticas comerciales controvertidas y agravarán la corrupción. Por eso hay que elevar los estándares y que los nuevos inversionistas contribuyan a mejorar nuestro entorno económico y social y no a replicar malas conductas, como el despacho de litros de gasolina incompletos o prácticas anticompetitivas en servicios aeroportuarios.
En el ámbito gubernamental urge eliminar la simulación de servicio civil de carrera, para que los inversionistas conozcan mejor la trayectoria de largo plazo de los servidores. Tenemos grandes servidores públicos, que comparten riesgos y reputación con quienes abusan y tienen conflictos de interés. Hay que darles mayor brillo a los primeros y que salgan a flote los segundos. Así, un inversionista se sentará con autoridades que promueven efectivamente el interés público y no el enriquecimiento propio.
La agenda empresarial para elevar los estándares es amplia. Desde la promoción de códigos de mejores prácticas comerciales, sellos de calidad y mecanismos de autorregulación, así como lineamientos anticorrupción, como los que publicó el CCE. En el ámbito académico hay que fortalecer los contenidos de responsabilidad social y corporativa. En el ámbito judicial urge avanzar con la propuesta del Ministro José Ramón Cossío sobre la colegiación, para generar un mercado de servicios legales más transparente y con más incentivos orientados a la reputación y mérito. Al elevar nuestros estándares, construiríamos mejores incentivos de mercado y evitaremos que las nuevas oportunidades de inversión sean benéficas para spring-breakers.
En días recientes se ha abierto el debate sobre la posibilidad de hacer una reforma integral a la Ley Federal de Protección al Consumidor y consecuentemente de la Profeco. Al respecto, les comparto la entrevista que me hicieron en Reforma Negocios y se publica hoy, en donde analizamos diferentes oportunidades para mejorar la tutela de los derechos de los consumidores. En la nota se enfatizan las propuestas en materia de verificación, pero quisiera retomar otros aspectos también propuestos.
Desde diciembre de 2011 señalé que el modelo de protección al consumidor en México está superado, pues éste se caracteriza por una visión centralista, inquisitoria y excluyente. En este sentido, el dotar a una sola instancia de todo un conjunto de atribuciones en la materia ha excluido que participen y tengan responsabilidades otros niveles de gobierno, las organizaciones de consumidores, la empresa y otros grupos de interés. En ese sentido, desde hace al menos 20 años las relaciones entre Estado y empresa han cambiado radicalmente, y por lo mismo es importante reorientar el papel de instituciones como la Profeco. Al respecto, convendrá distribuir mecanismos de protección a otras instancias y transitar a un modelo basado en la corresponsabilidad y construcción de confianza.
Aquí hay dos aspectos clave. Por un lado, la definición de los derechos básicos de los consumidores. En este terreno pienso que nuestra legislación comparte elementos con las regulaciones y políticas públicas más avanzadas en el mundo. Por el otro lado, los mecanismos de los que dispone la autoridad –la Profeco- para verificar el debido cumplimiento de la ley. Aquí es donde se encuentra el debate sobre la eficacia y eficiencia de los instrumentos de verificación. Al respecto he escrito en otras oportunidades lo burocrática y compleja que es la función de verificación a cargo de diferentes instituciones que hacen visitas a establecimientos comerciales, por lo que amerita un debate transversal y profundo, que permite generar mayor certidumbre jurídica y que el cumplimiento de la ley sea generalizado. Asimismo, también he escrito que para aligerar la carga de los costos de verificación, se deben introducir incentivos de mercado.
En la entrevista hago mención expresa que en el terreno de combustibles ya no tiene razón que la Profeco tenga toda un área de verificación de combustibles, dado que la reciente reforma energética genera nuevos incentivos de mercado para que la competencia sea la base de un nuevo marco de cumplimiento de la ley. Este planteamiento lo sostengo desde que entró en vigor las NOMs 005 y la 185 en materia de despacho de gasolina, pues el diseño histórico con el que se ha pretendido que los consumidores gocen litros de a litro parece una paradoja: el Estado (vía Pemex), que hasta hoy, es quien goza de la venta exclusiva de gasolina en el país y quien tiene también la exclusividad de otorgar franquicias para que particulares abran estaciones de servicio, le otorga a otra entidad del mismo Estado (Profeco), la responsabilidad de que verifique que no nos roben, cuando en realidad debería generar un mercado con más competencia y rivalidad entre proveedores. En pocas palabras es el mismo perro persiguiéndose la cola. La competencia generará una nueva dinámica de verificación en el sector de gasolina y gas LP.
Otro aspecto clave en materia de verificación, es que al igual como se avanzó en el diseño de la actual COFECE, en la Profeco se deben dividir las áreas de verificación e investigación, de las que resuelvan los procedimientos para que se sustancien en forma de juicio y eventualmente conduzca a una sanción.
Por último, les comparto nuevamente un policy brief que Central Ciudadano y Consumidor y CIDAC hicieron en 2013, “Políticas de Competencia y Protección al Consumidor: Hacia una convergencia necesaria”, en donde a partir del análisis de diferentes mercados, así como sistemas de protección de consumidores y competencia más avanzados en el mundo, proponemos la fusión entre la hoy COFECE y la Profeco, con el objeto de que ambas políticas converjan para así avanzar en ampliar el bienestar de los consumidores y el ejercicio de sus derechos.
Hoy, como en 2012, el mercado del huevo enfrenta un problema de alzas considerables en los precios. En la ocasión anterior, el origen del problema fue la gripe aviar que generó escasez en el abasto y comercialización del producto e impactó gravemente en los precios en varias zonas del país. Ahora, las autoridades no han atribuido este encarecimiento a un problema sanitario. Al respecto vale la pena leer el análisis de Carlos Martínez, quien revisa el comportamiento estacional del precio del huevo y sobre todo lo vincula con una posible afectación debido a precios internacionales. Incluso el propio Secretario de Economía declaró que se busca identificar el origen del incremento y poder tomar las acciones contra los responsables de esta situación. Asimismo descartó que se tratara de un problema de temporada o de abastecimiento. Esta declaración detonó una serie de acciones gubernamentales. En este contexto es donde conviene identificar el papel que en esta crisis corresponde a consumidores, autoridades, políticos e industria.
El huevo es la principal proteína de origen animal que consumimos los mexicanos. Somos el consumidor número uno en el mundo (promedio de 22 kg por persona al año). Por eso el alza en el precio no es un tema menor. No obstante esta relevancia, los consumidores somos los soberanos de los mercados y tenemos la opción de elegir otros alimentos y con la correspondiente reducción de la demanda, contribuir a que baje y se estabilice el precio del huevo. Además, nos corresponde denunciar actos ilegales.
De manera intrínseca con el tema de los consumidores, está el papel de la Profeco, quien en estas circunstancias despliega una estrategia de vigilancia y verificación en establecimientos, con el objeto de identificar posibles infracciones a la Ley y violaciones a los derechos básicos de los consumidores, así como prácticas abusivas, coercitivas o engañosas, para lo cual cuenta con diferentes instrumentos coercitivos como multas, suspensiones y clausuras. Eventualmente en caso de encontrar casos de acaparamiento, puede hacer la denuncia correspondiente al ministerio público, pues son responsabilidades de carácter penal. Asimismo, en caso de identificar prácticas que pudieran ser monopólicas, puede abrir una denuncia con la COFECE. El punto fino en la interpretación jurídica, es cómo pueden sistematizarse aquellas prácticas industriales o comerciales en detrimento de la sociedad, que el artículo 28 constitucional advierte que serán castigadas con severidad, en relación con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento en cuanto a que un tipo de práctica abusiva es la manipulación de precios. Resulta oportuno que la Profeco emita criterios y lineamientos de cómo interpretar y aplicar estas disposiciones. Asimismo, es muy importante vincular cómo bajo el principio Pro Persona que establece nuestra Constitución, la Profeco también asume responsabilidades en cuanto a la protección y defensa de derechos fundamentales, como el de alimentación. Al respecto, escribí hace tiempo un paper sobre la argumentación jurídica y política pública que siguió la Profeco en 2012 al enfrentar la crisis de gripe aviar: Derechos básicos de los consumidores, mercado global y derechos humanos. El caso de México.
El tema de competencia económica es el más atractivo, dada la reciente reforma legal. Al respecto, la Comisionada Presidenta de la COFECE declaró que se inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas, para identificar si se acredita la manipulación de precios, así como la eventual segmentación de mercados. Para cumplir esta tarea, esta agencia tiene ahora mecanismos de verificación e investigación muy robustos, semejantes a los que ocurren en las principales agencias “antitrust” en el mundo, como es el caso de que la COFECE en sus diligencias pueda tener acceso a cualquier oficina, computadora, archivero, etc., o el caso de ofrecer reducir sanciones a quien haya participado en prácticas ilegales y coadyuve con la investigación (los famosos whistleblowers). Esto representa que la agencia tiene la facultad de revisar a detalle todo lo que sea de su interés y en caso de encontrar elementos que permitan probar la práctica monopólica, lo usará en la investigación misma. Otro aspecto clave en este caso será la determinación del mercado relevante y el poder sustancial de cada procesado, así como ampliar las investigaciones a los insumos para la elaboración de este producto.
El tercer aspecto que hay que analizar son los políticos, quienes reaccionan a diferentes incentivos. Recordemos que en la crisis de gripe aviar del 2012, el entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard hizo compras masivas de huevo en la Central de Abastos y la distribuyó, en ciertas comunidades vinculados con sus clientelas políticas, en donde la gente para comprar un kilo de huevo tenía que hacer tres horas de fila. Lo anterior además atrofió canales de distribución en la Ciudad y complicó la crisis. Este fenómeno es muy delicado, porque ante un caso extremo, podría ser el detonante de una “Guerra de Alimentos”, en la que los políticos empiecen a comprar grandes cantidades de producto para dar a sus gobernados y con esto generar zonas de escasez y desabasto, así como a encarecer todavía más más el precio de estos alimentos. Adicionalmente, existen voces de políticos que no reconocen que no hay control de precios y que al presionar no son parte de la solución, sino que incluso inciden en que se violen garantías de las empresas, como la del debido proceso.
Por último la empresa debe ser muy clara respecto de cuáles son sus responsabilidades legales en materia de mostrar precios al consumidor y cumplir programas de calibración de básculas, así como desde el punto de vista práctico tener facturas de compra y venta de sus productos. Obviamente no incurrir en conductas o actos que se encuentren tipificados como abusivos, engañosos o coercitivos, ni mucho menos prácticas monopólicas o anticompetitivas. En la medida que se genere información clara, las empresas podrán planear mejor su cumplimiento regulatorio y así las autoridades enfocarse con mayor precisión en las infractoras. Por último, en relación con el ejercicio de derechos humanos como el de alimentación, se generan nuevas relaciones y responsabilidades jurídicas de la empresa, pues ésta no necesariamente podría ser sancionada por una autoridad por violentar el ejercicio de éstas garantías, pero sí por obstaculizar su adecuado disfrute en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes en la materia.
Por último, urge debatir a fondo sobre casos de crisis en la comercialización de productos básicos, pues hoy es el caso del huevo, pero también pasa con el maíz y algún día con el agua. Por eso, tenemos que contar con procesos más claros respecto de cómo actuar en crisis como la que hoy nos ocupa y definir criterios sobre las responsabilidades de cada agente en el mercado.
¿Quién podría hacer hoy una sólida apología de nuestros servicios públicos? Desde hace muchos años, el primer paso que han querido dar nuestros gobernantes es el de la ampliación de la cobertura. En años recientes la lucha es por la calidad. La realidad es apabullante: tenemos servicios públicos escasos y de muy baja calidad. El estándar en la provisión de estos servicios es malo, pero además es asimétrico. No es lo mismo la atención de un metrobus en la Ciudad de México, que el de un colectivo que transporta pasajeros en la zona conurbada del Estado de México. No es la misma calidad ni disponibilidad en clínicas urbanas, que en zonas rurales o marginadas. Existe un gran contraste entre los servicios educativos de Nuevo León o el D. F., respecto de los de Guerrero o Oaxaca. En este sentido, la enorme desigualdad que existe en México no será combatida, en la medida que no tengamos una verdadera cultura de servicios públicos. Por esto, el centro del debate en torno a cómo generar comunidad y cohesión social, es el propiciar servicios de altos estándares, en los que se brinde un servicio de calidad, disponibilidad, competitivos, con mecanismos anticorrupción y por supuesto, que fomenten una cultura del servicio.
Por estas razones es que invito a leer mi colaboración en Animal Político, en donde busco que analicemos el estado de nuestros servicios públicos, poniéndonos en una lógica de consumidores. Es decir, si tuviéramos la posibilidad de elegir entre opciones de servicios, ¿nos quedaríamos con los que usamos diariamente? Los invito a leer: la Revolución de los Consumidores de Servicios Públicos.
¿Qué pensarías sobre el hecho de que una empresa le reconozca ciertos derechos a unos consumidores en otro país y no haga lo propio con nosotros en México respecto de un mismo daño? Ante el creciente desarrollo de empresas globales con canales de producción y comercialización en todo el mundo, tenemos que evitar que éstas tengan un trato diferente a consumidores dependiendo de su país. Al contrario, este tipo de empresas tienen una responsabilidad corporativa mayor, pues tienen principios y estándares que deben aplicar globalmente y que incluso contribuyan a mejorar prácticas comerciales en mercados menos desarrollados. De lo contrario, reducir estándares implicaría que estas marcas tengan consumidores de primera, segunda, tercera, etc., categorías.
Pues Reebok en México demuestra que nos considera consumidores de segunda. Esto se evidenció con un caso de publicidad engañosa encontrada en un anuncio de los tenis Easy Tone, que se persiguió de manera simultánea y por diferentes mecanismos en EUA y México.La gran diferencia es que mientras en EUA acordó con la autoridad conformar un fondo de 25 millones de dólares para compensar a quienes engañó con su publicidad, en México se la pasó jugando al abogado coyote peleando que no se había probado que su publicidad era engañosa (insisto, ¡Es la misma que Reebok reconoció engañosa en EUA!). Por eso, con una estrategia procesal que denigra la dignidad de los consumidores mexicanos, peleó de forma una acción colectiva interpuesta por la Profeco en febrero de 2012. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación le puso un alto a estas prácticas abusivas y le dijo a Reebok que a ellos les corresponde probar que su anuncio tiene las ventajas que afirman y no a los consumidores demostrar lo contrario. Es decir, la carga de la prueba recae en la empresa. ¡Felicidades a la Corte y en particular al Min. José Ramón Cossío quien en la Primera Sala promovió esta resolución! ¡Es un gran precedente en materia de publicidad engañosa!
Siempre he pensado que los derechos básicos de los consumidores comparten ciertas características con los derechos y libertades fundamentales, como el hecho de que en su defensa y promoción se debe considerar su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este sentido, estamos hablando de que el derecho básico tutelado es el derecho a la información, mediante al combate a la publicidad engañosa. Por esto resulta indispensable estudiar el proceso jurídico contra Reebok, tanto en EUA, como en México. Les comparto un ensayo que escribí al respecto y que me es publicado en el Blog de Nexos: El Juego de la Corte. Mi texto: El alto a la Publicidad Engañosa por parte de la Suprema Corte.
El pasado 15 de marzo se celebró el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Resulta indispensable reflexionar y debatir cuáles son las prioridades y mecanismos más eficaces y eficientes que contribuyan a una mejor tutela de estos. En esta lógica, les comparto el artículo que publico hoy en Reforma Negocios, en el que propongo una serie de temas que considero relevantes en nuestra discusión actual. Como siempre, son muy bienvenidos sus comentarios.
BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
El Día del Consumidor
El movimiento por los derechos de los consumidores ha avanzado desde su inicio en los años 30. Uno de sus momentos más emblemáticos fue el discurso pronunciado en 1963 por John F. Kennedy, el cual dio pauta para que cada 15 de marzo se conmemore el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Los logros de este proceso pueden enmarcarse en dos grandes rubros. Por un lado, la protección de la integridad física de los consumidores, para reducir la probabilidad de riesgos que atenten contra su salud. Por otro, la lucha por la equidad y legalidad, para evitar que el consumidor, por ser la parte débil en las relaciones de consumo, sea objeto de prácticas abusivas, coercitivas o engañosas. Sin duda este aniversario es una oportunidad para evaluar avances y retos en esta agenda, la cual debe alinearse con incentivos de mercado y competencia, para ampliar la satisfacción de los consumidores y el ejercicio de sus derechos.
En la sociedad de la información el mayor reto es la protección de la privacidad y datos personales de consumidores, así como de los usuarios de servicios públicos y financieros. Como muestra, en 2014 la Comisión Federal de Comercio de EUA (FTC) ubicó al robo de identidad como la causa principal de reclamos de consumidores (más de 350 mil casos). En México, el IFAI y la Secretaría de Economía ejercen la batuta en este tema y tienen la compleja tarea de difundir el nuevo marco jurídico, promover una amplia campaña de educación en torno a este tema prioritario, tanto para las empresas, como consumidores, así como de avanzar en modernos mecanismos de certificación y autorregulación.
Un segundo aspecto se relaciona con la tutela de la integridad física de los consumidores, mediante la regulación de la seguridad de productos de consumo. Como lo hemos comentado antes, se trata de regulaciones que se desarrollan para reducir riesgos de daños por el uso cotidiano de productos con deficiencias en su proceso industrial. Aquí es paradójico observar cómo en México desde el lanzamiento del TLCAN se ha avanzado hacia la integración comercial e industrial con EUA y Canadá, pero es inexplicable cómo no se han desarrollado regulaciones paralelas y un esquema de responsabilidades como las que sí existen en dichos países. Este año México será el anfitrión de la Tercera Cumbre sobre Seguridad de Producto para los miembros del TLCAN, por lo que es una oportunidad para darle mayor visibilidad al tema.
Un tercer aspecto se relaciona con el derecho básico más complejo de tutelar en el presente: el derecho a la información. Por un lado, encontramos avances de gran relevancia, como la reciente resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte, quien acaba de revisar una acción de grupo -hoy acciones colectivas- que interpuso la Profeco contra Reebok en febrero de 2012 por publicidad engañosa en los tenis «Easy Tone». La Corte señaló que corresponde a la empresa probar que su publicidad es veraz y comprobable. Es temprano para conocer el alcance de esta resolución, pero anticipo que será muy positiva no sólo para los consumidores y para el trabajo de la Profeco, sino para el gran universo de empresas que buscan mayor confianza en el mercado, mediante competencia leal, legal y la autorregulación. El segundo tema es el acceso y búsqueda de la información. Me refiero a las acciones de años recientes emprendidas tanto por la FTC y la Comisión Europea contra Google, para identificar si el poder de mercado que tiene implica un sesgo en los mecanismos de búsqueda y esto afecta a la competencia, y confunde y vulnera al consumidor. En este contexto, existe la oportunidad para que la Cofece emprenda acciones similares y que se avance en la neutralidad de esta plataforma y así fortalecer el derecho a la información de los consumidores mexicanos.
En cuarto lugar tenemos tres epidemias que perjudican a los consumidores respecto del precio final, calidad y seguridad de lo que adquieren: informalidad, corrupción y piratería. Estos problemas no sólo afectan los servicios tradicionales, sino los más innovadores. El CEO de Netflix advirtió que la mayor competencia que ellos enfrentan en el mundo es la piratería, que además genera barreras a la entrada y reduce opciones a los consumidores.
Sin duda queda pendiente revisar retos de cómo proveer mayor calidad y cobertura en servicios públicos -desde el nuevo aeropuerto, hasta los hospitales-, así como los beneficios que traerá a los consumidores la reforma energética y el tema de la protección de la salud, entre otros.
Desde niños nos recomiendan tener cuidado con la «letra chiquita» de los contratos, pues existen condiciones que en ocasiones ofrecen las empresas, que pueden ser abusivas, engañosas o desproporcionadas, que como consumidores nos ponen en una situación desventajosa y desigual. Por eso hay que entender qué son los contratos de adhesión, cuál es su papel en propiciar mayor equidad en las relaciones de consumo y cuál es el debate contemporáneo en torno a este tema en México.
Les invito a leer este artículo que escribimos Carlos Martínez y yo, y que es publicado en el Portal de la Revista Nexos, en la Sección del Juego de la Corte: Rumbo a la Equidad Contractual. En este texto revisamos la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la demanda que interpuso en 2012 la Profeco, para pedir la nulidad de un conjunto de cláusulas del contrato de adhesión de diversas empresas del sector de televisión de paga. Con este caso se puede entender mejor porqué el Estado puede regular por encima de la voluntad de las partes (en el marco de la libertad empresarial) una serie de principios contractuales que reducen probabilidad de riesgos y abusos comerciales en perjuicio de los consumidores.
Los tradicionales servicios bancarios y financieros en el país solo llegan al 20% de la población. Aunque sea obvio, hay que ser claros: 8 e cada 10 mexicanos están excluidos de estos servicios. Esto implica que no solo no tienen sus respectivas cuentas de ahorro, sino que no son sujetos de crédito. Muchas voces reconocen que esta situación se debe a una regulación muy rígida. Por estas razones es que se han desarrollado otras alternativas a las que la gente puede recurrir de manera fácil y ágil para recibir un crédito o préstamo en los momentos que sus finanzas personales enfrentan problemas (lo que además es muy frecuente en estos años de estancamiento económico). Una de las principales opciones es empeñar algún bien. En efecto, la industria prendaria ha crecido de manera importante en el país y sin embargo, existe poca información clara que nos permita entender cómo opera y cuáles son sus retos para brindar mayor satisfacción a los consumidores.
De ahí que resulta fundamental estudiar mejor el mercado prendario y enfocar políticas públicas y regulatorias que amplíen el bienestar de los consumidores y que reduzcan la exclusión financiera que vivimos. Por supuesto que uno de los asuntos que debe ser atendido es cómo propiciar que ese 80% de mexicanos excluidos pueda ser un consumidor de la banca tradicional y evitar que recurran a agiotistas. En la medida que haya mayor cobertura, habrá mayor competencia de servicios e instrumentos de crédito y eso beneficiará a los consumidores. Ir en esta dirección contribuirá a reducir costos de autoridades en materia de verificación, que revisan fundamentalmente aspectos burocráticos o penales, pero que no propician per sé mejores condiciones de mercado.
De ahí que les invito a leer mi colaboración de ayer en Reforma Negocios. Asimismo, hago mención de la película de Ladrón de Bicicletas, para ejemplificar el valor que tiene el recibir dinero rápido por la vía del empeño. Les comparto el vínculo sobre esta magnífica película.
La exclusión financiera y el empeño.
Bernardo Altamirano Rodríguez / (02 febrero 2015)
Enero terminó, pero su cuesta se prolonga en millones de hogares. Contar con alternativas crediticias, bancarias o pagos en mensualidades coadyuva a aligerar esta carga. Sin embargo, estas opciones de la banca comercial tradicional tienen en el País muy limitada accesibilidad (sólo para el 20 por ciento de las familias) y cobertura (sólo el 56 por ciento de los municipios tienen sucursales). Estos elementos son los que conllevan a afirmar que «en México vivimos una grave exclusión y discriminación financiera» (CONAPRED), así como que «el bajo coeficiente de inclusión financiera está asociada con la pobreza» (Foro Internacional sobre Inclusión Financiera).
En este contexto, se requiere entender mejor los mercados de crédito y las necesidades de los hogares, para identificar si las medidas que toman las autoridades reguladoras o a quienes les corresponde aplicar la ley son las adecuadas o si, por el contrario, contribuyen a profundizar en la exclusión financiera. Para millones de mexicanos que demandan liquidez y que no tienen acceso a los bancos tradicionales existe una gama de servicios de finanzas populares, como los relacionados con el consumo, cooperativas o microcréditos. Asimismo, existe un sector que en los últimos años ha tenido una importante expansión y durante esta temporada enfrenta muchas presiones de las autoridades, como es la industria del sector prendario, mejor conocido como casas de empeño.
Todos sabemos lo que es un empeño, pero poco se conoce sobre las complejidades de este mercado y, en particular, sobre las necesidades de sus consumidores. El valor social de esta industria fue plasmado a la perfección en la gran película «Ladrón de Bicicletas», donde su protagonista, Antonio Ricci, al igual que muchos otros pignorantes, no sólo encuentran en el empeño la fórmula para salir de un problema, sino que representa un empujón para aspirar a un empleo o aprovechar una oportunidad. En México, las casas de empeño ya no sólo ofrecen la tradicional fórmula de dar dinero a cambio de recibir en prenda electrónicos, joyas o automóviles, sino que han iniciado nuevos esfuerzos de economía colaborativa en la que a cambio de un depósito en efectivo, facilitan a un grupo de albañiles la posibilidad de usar una coladora o al plomero la herramienta, con lo que les permiten ser contratados o empleados. El tamaño de este mercado es cercano a 35 mil millones de pesos anuales, con más de 7 mil establecimientos (con 20 por ciento informales). El préstamo promedio de este mercado es entre mil 300 y mil 500 pesos. Las casas de empeño se dirigen a los niveles de ingreso C y D, que son más del 65 por ciento de la población del País.
En poco tiempo, la carga regulatoria de este sector ha aumentado considerablemente. No sólo deben cumplir con el tradicional registro del contrato de adhesión, sino que ahora deben inscribir a cada una de sus sucursales en un registro a cargo de la Profeco. Además, en entidades como Chiapas, el Estado de México y Guanajuato se crearon registros estatales adicionales, que no sólo sobrerregulan, sino que se extralimitan en sus atribuciones e invaden la esfera federal. Adicionalmente, se debe cumplir con nuevas regulaciones antilavado de dinero que elevan los costos operativos de proveedores. El riesgo de estas barreras es que incentiven la informalidad. Así, mayor regulación y politización local profundizan la discriminación financiera.
Por el otro lado, una de las críticas constantes al sector es el de las altas comisiones que cobran. Lo anterior es efecto de la exclusión financiera mencionada, que limita las opciones de los consumidores y eleva los costos de transacción. Por tanto, se requiere de una política integral que reconozca la interdependencia de los mercados bancario y prendario. Así, la efectiva política de protección al consumidor dependerá de generar una mayor competencia de servicios, productos e infraestructura. No entender esto puede profundizar la exclusión y discriminación financieras.
Lo anterior podría complementarse mediante programas de autorregulación en la industria prendaria, promover mejores prácticas comerciales, ampliar el impacto de mecanismos de información y entendimiento del CAT (como el promovido por Condusef) y, por supuesto, avanzar en mecanismos que permitan el mejor cumplimiento regulatorio. Con estas medidas, no mediante la sobrerregulación, se podrá avanzar en la inclusión financiera, brindar mayor bienestar a los consumidores y fortalecer la confianza en el mercado.
Miscelánea: 1. La explosión en Cuajimalpa obliga a que los reguladores energéticos prioricen, en los procesos de apertura del sector, el diseño de estándares de seguridad para proveedores que minimicen riesgos de daños a consumidores. 2. La denuncia que hizo PepsiCo para que se retire el spot parodia con fines electorales de su anuncio de Emperador abrirá un muy interesante debate sobre publicidad, derechos de autor y libertad de expresión. ¡Bienvenido!
Sin lugar a dudas, la trágica explosión de una pipa de gas L. P. la semana pasada en Cuajimalpa nos dejó a todos consternados. Si bien ya teníamos múltiples inquietudes sobre la seguridad en torno al despacho de gas en nuestros hogares, ahora aumentan las dudas. ¿Es un hecho aislado? ¿Puede pasar lo mismo en mi casa o incluso en mi manzana? ¿La compañía que contrato cumple con todos los requisitos de seguridad?
Este servicio de comercialización y distribución de gas L. P. se encuentra regulado por una norma oficial mexicana, que casualmente este año corresponde sea revisada y, en su caso, actualizada. Este sector se ha caracterizado por tener alta concentración de mercado entre pocos competidores, por lo que urge que se establezcan estándares para que los proveedores reinviertan parte de las ganancias tan importantes que obtienen en generar una mejor tecnología y seguridad en el despacho del combustible. ¿O será que la reforma energética no permitirá que tengamos un mejor servicio de gas? ¿Seguiremos con mecanismos de distribución añejos y que aumentan los riesgos en la sociedad?
En este contexto, les comparto la entrevista que me hacen hoy en el noticiero de @SoyCarlosMota en El Financiero-Bloomberg, en donde propongo tres aspectos en este mercado, mismos que permitirán generar mejores condiciones del servicio en el marco de la reforma energética:
1. Se debe combatir de manera contundente a todos los proveedores que despachan gas L. P., ya sea en pipas o en cilindros, que son informales. Los riesgos que representan a la sociedad son en extremo altos.
2. Las autoridades, en este caso la Secretaría de Energía, debe transparentar el trabajo mediante el cual concede permisos a particulares, así como del conjunto de trabajos de verificación a los proveedores que hace regularmente. Esto implicará dotarle de un contenido social a esta labor administrativa y que los consumidores veamos que el gobierno es eficaz en reducir y evitar riesgos de accidentes en nuestros hogares.
3. Se debe obligar a las empresas permisionarias a que inviertan en tecnología y mejores instrumentos de seguridad y actualización de sus unidades, tanques, cilindros, etc., así como en capacitar con mayores fortalezas a sus operadores, para que el servicio sea provisto de manera adecuada.
En todo este contexto, resulta indispensable accionar nuestra responsabilidad como consumidores y tener la capacidad de exigir a las empresas que nos proveen nos muestren las verificaciones de la Secretaría de Energía, así como las de la Profeco, el mantenimiento adecuado de las unidades, las pólizas de seguros por daños a terceros. En caso de no disponerlas, por supuesto no contratarlas, pero por el otro lado, denunciar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.
Les invito entonces a ver la entrevista: La seguridad en la venta de Gas L. P.http://www.elfinanciero.com.mx/tv/llaman-a-consumidores-a-ser-exigentes-en-mercado-de-gas-lp.html
El pasado lunes participé en la presentación del libro “Reforma Constitucional en Derechos Humanos: Perspectivas y Retos”, obra coordinada por el Dr. Ricardo Sepúlveda Íguiniz – uno de los principales expertos en materia de derechos humanos en México-, quien ha trabajado intensa, destacada y consistentemente en la promoción y defensa de éstos, ya sea desde la academia, sociedad civil o gobierno. La obra descrita, publicada por UBIJUS y el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, cuenta con diferentes ensayos de destacadas personalidades, como Emilio Álvarez Icaza, Miguel Sarre, Luis Armando González Placencia, Rodolfo Stavenhagen –con quien tuve el honor de participar en esta presentación -, entre otros.
Las diferentes reflexiones analizan el impacto y alcance de la reforma constitucional de 2011. Estoy convencido que dicha reforma es el momento más trascendente de nuestro constitucionalismo, pues es un verdadero giro copernicano al ubicar a la persona, en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, en el centro del escenario político, económico y social. Por mi parte, contribuí con el ensayo: Derechos básicos de los consumidores, mercado global y derechos humanos. El caso de México. Líneas abajo les comparto un resumen de mi texto, pero sobre todo los invito a adquirir esta obra, ya que hoy más que nunca ante las tragedias que vive nuestra sociedad en materia de violaciones a los derechos humanos, nos corresponde ejercer nuestra responsabilidad cívica y exigir a todas partes al cumplimiento de la ley y respeto de nuestros derechos. Hoy más que nunca debemos disponer de información clara y objetiva, que nos permita demandar a las autoridades el garantizar la vida, dignidad, derechos y libertades fundamentales en nuestro país. Sólo si la ciudadanía tiene un compromiso firme en estos principios, podremos arribar a un país en donde lo que dice la ley es en realidad el marco de nuestra convivencia social.
Resumen del ensayo Derechos básicos de los consumidores, mercado global y derechos humanos. El caso de México.
Los derechos de los consumidores se desarrollan tanto en la esfera nacional como en la internacional. Hoy en día, ante la globalización económica resulta pertinente preguntarnos cómo hacer más eficaz el ejercicio de estos derechos, pues el consumidor adquiere bienes y servicios mediante empresas locales y globales. La confianza o riesgos que imprimen unas y otras en los mercados inciden directamente en las herramientas institucionales de promoción y defensa de los derechos de los consumidores. En este ensayo se realiza un análisis integral desde el punto de la evolución del marco jurídico y del modelo económico en torno a los cuales se busca hacer eficaces estos derechos. Lo anterior confirmará la irreversible tendencia de un mercado sin fronteras y por tanto la urgente consagración de la universalidad de los derechos básicos de los consumidores, en el mismo sentido que los derechos humanos. Durante las presentes líneas podremos identificar esta interconexión, así como los pasos que ha dado México en esta dirección. Ciudad de México, abril de 2013.
Les comparto la entrevista que me hizo el Dr. Xavier Ginebra, jurista que admiro y aprecio, y que publica este mes El Mundo del Abogado: “Debemos empoderar a los consumidores”. Como podrán observar, en dicho diálogo, reitero que la regulación económica debe tutelar y promover la competencia económica, libre concurrencia y por supuesto el bienestar de los consumidores. De manera complementaria existen otros bienes jurídicos tutelados, como pueden ser medio ambiente, derechos sociales, protección civil, etc. Quienes no tengan esta justificación, deben desaparecer pues solo empoderan a la ventanilla burocrática, no generar ningún bienestar social ni económico y limitan la libertad empresarial.
Con esta base es que es muy importante tener un panorama muy completo de las implicaciones de las nuevas reglas del juego en lo económico, principalmente en materia de competencia, telecomunicaciones y energía. Es una oportunidad para estrechar criterios y mecanismos de aplicación, que permitan una nueva relación entre reguladores y regulados. De ahí que la academia y la formación cobran un papel muy relevante. Por eso les recuerdo una doble invitación:
Como lo mencioné en mi reciente artículo “¿Hacia una Nueva Era?”, nuestro país requiere nuevos cuadros profesionales, abogados, economistas, politólogos, etc., que vean el desarrollo regulatorio como una oportunidad para ser más competitivos, no para obstaculizar las relaciones comerciales.
En efecto, los consumidores padecemos permanentemente abusos en el despacho de gasolina. Nos es muy difícil tener confianza de que nos venden #LitrosDeALitro. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, tenemos un pésimo diseño del mercado de gasolineras en México. De entrada, a Pemex le corresponde producir, extraer y distribuir combustibles. En el caso de la gasolina, sabemos que comercializa tanto la que produce aquí, como la que exporta. La parte que ha estado abierta a particulares desde hace muchos años es la venta de gasolina, mediante un esquema de franquicias que diseña Pemex. El punto es que es un esquema sin ninguna competencia: un consumidor no puede elegir entre proveedores por criterio de precio, por haber un precio único; también enfrenta restricciones de proveedores en un espacio determinado, pues localmente se limita la instalación de estaciones de gasolina (sea cual sea la razón), lo que limita las opciones del consumidor; tampoco puede elegir entre diferentes marcas; solo le queda el criterio de servicio, que es difícil identificar y distinguir.
Por estas razones, la reforma energética representa una gran oportunidad para cambiar esta situación. El objetivo consiste en que al abrir mayores mecanismos de mercado, tanto de eliminar la práctica de precio único, como permitir que competidores importen gasolina o diesel, o incluso que se abran marcas distintas a la franquicia Pemex, se fortalecerá al consumidor, y será el mejor mecanismo de impulsar la venta completa de los litros. Por estas razones resulta fundamental dar acompañamiento a las decisiones de los reguladores sobre cómo se tomarán estas medidas, en particular a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que será la gran protagonista.
Les comparto la entrevista que al respecto me hizo esta mañana Carlos Mota en su emisión de El Financiero-Bloomberg.
http://www.elfinanciero.com.mx/tv/reforma-energetica-beneficia-a-consumidores-de-gasolina.html
¿Cuando compras productos de maternidad o juguetes para tus hij@s revisas si cumplen con las condiciones mínimas de seguridad? ¿Sabes cuántos bebés y niñ@s mueren cada año por el inadecuado uso de estos productos? ¿Compras electrónicos o herramientas sin conocer el riesgo que implica su uso a tu integridad física? ¿Produces o comercializas este tipo de producto y no sabes en qué responsabilidades puedes incurrir frente a los consumidores que se dañen utilizando los mismos? ¿Eres una empresa que cumple cabalmente la regulación de seguridad de producto, pero tus competidores no lo hacen?
La regulación en materia de seguridad de producto es muy compleja en cuanto a su elaboración y cumplimiento. De ahí que como consumidores es indispensable conocer cómo proteger mejor nuestros hogares y evitar accidentes, y como empresa también identificar oportunidades para ser más competitivos a partir del cumplimiento adecuado de estas regulaciones.
Es por estas razones que la agenda de seguridad de producto debe cobrar mayor relevancia y visibilidad, para convertir una restricción regulatoria en una oportunidad. Los invito a leer mi columna de hoy en Reforma Negocios. Bienvenidos sus comentarios.
BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
Seguridad de producto
…en México es indispensable elevar la visibilidad de la agenda de seguridad de producto para brindar mayor seguridad de nuestros productos de consumo y para ser punta de lanza para combatir comercio informal…
Reforma Negocios. 8 de julio de 2014.
La seguridad de producto es el conjunto de regulaciones que tienden a reducir el riesgo de daños involuntarios en productos adquiridos por el consumidor, como son electrodomésticos, juguetes, aparatos para bebés, textiles, etc. (no incluye alimentos, bebidas o medicinas). Se trata de estándares que debe cumplir la industria, que implican costos y barreras técnicas, y cuyo objeto es proteger a los consumidores. [Read more…]
Regulación, Competencia y Consumidores 