Los programas a favor de los changarros de Vicente Fox, de las Pymes de Felipe Calderón o del emprendedor del Presidente Peña Nieto, no encontraron la mejor fórmula para promover el espíritu de la libre empresa y el valor que esto representa para construir una mejor comunidad. Programas vienen y van, pero coinciden en la premisa de entregar recursos, sin necesariamente generar capital humano ni social. Esta mala inversión de dinero público ha sido evidenciada por la Auditoría Superior de la Federación, quien demostró la falta de control y de supervisión del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) en el otorgamiento de recursos por casi mil 500 millones de pesos, así como la carencia de indicadores o metas para evaluar cuántas empresas han sido creadas y su impacto. En este sentido, al igual que ocurrió con los temas agrario, indígena, partidos políticos, combate a la pobreza, etcétera, el emprendedurismo se convirtió en un movimiento -a la mexicana-, pues implicó burocratizarlo y crear fondos discrecionales y sin impacto efectivo. Debe romperse esta inercia y el terreno de la empresa puede ser el que detone un cambio profundo en la concepción de los programas sociales. Y es que queremos empresarios que innoven y ejerzan libremente sus profesiones, no que se vuelvan expertos en bajar fondos públicos en un entorno poco claro.

Lo anterior además cobra relevancia ante un presupuesto 2017, que recortó casi la mitad de los recursos de los fondos que maneja Inadem, mismos que este año ya habían sido reducidos en un 20 por ciento respecto de 2015. En este periodo se han ejercido cerca de 17 mil millones de pesos. Ante estas circunstancias es legítimo preguntarse si valió la pena este gasto y si tuvo algún impacto relevante, pues si bien hay que reconocer que la banca privada está muy lejos de cumplir con su función de financiamiento de Pymes y emprendedores, también hay que admitir que estos programas no son la solución.

Más allá de tratarse de objetivos loables, resulta indispensable priorizar resultados, sobre todo en el contexto del interés superior de nuestra democracia y crecimiento económico. El Presidente Peña Nieto debe perfilar su legado en este ámbito y reorientar la energía y recursos destinados para evitar que sean desperdiciados. Para ello, necesita articular instituciones como Nafin, Bancomext, ProMéxico, Bansefi, entre otros, en torno a una estrategia integral y de largo plazo. Incluso revisar la experiencia de instituciones exitosas como la Small Business Administration de EU, creada desde la época de Dwight Eisenhower. Dar un paso firme en eliminar fondos discrecionales y dotar al Inadem de un liderazgo disruptivo que confronte a gobernadores y alcaldes sobrerreguladores, medie con Hacienda y el SAT para identificar las más adecuadas medidas fiscales, fortalezca la propiedad intelectual e industrial, impulse la competencia y flexibilice fuentes de financiamiento privado, teja redes de valor y articule áreas estratégicas con emprendedores que aporten en innovación, vigile el piso parejo en licitaciones y contrataciones públicas, y combata la corrupción y el compadrazgo. De manera muy importante, el Inadem debe impulsar mejores condiciones de solución de conflictos en materia de cobros de las Pymes, en particular en lo que concierne con instancias gubernamentales y empresas públicas. Sin duda, desde este espacio se debe lanzar una gran discusión que redefina ese ogro denominado Rectoría Económica del Estado y proponga una adecuada definición de la propiedad privada y fortalezca sus mecanismos de defensa. El Inadem debe romper cadenas de control sobre la empresa y ser el promotor de un movimiento a favor de una nueva visión de legalidad y de la libertad empresarial, y así ser la pinza que complemente nuestro proceso de democratización. De lo contrario, la herencia que nos dejará será la de «emprendedores» que tomen calles por recortes a fondos gubernamentales.