¿Cuál es el futuro de Profeco?

Reforma
(30-Abr-2013).-

Los cambios en un modelo de defensa y promoción de los derechos de los consumidores son correlativos a cambios en las prácticas e instituciones económicas. En la década de los 70, el mundo atravesaba la Guerra Fría, en la que dos modelos económicos antagónicos buscaban imponer su visión de mercado, consumidor e intervención gubernamental. Bajo una óptica, el Estado era responsable de velar por el poder adquisitivo de los consumidores, para lo cual limitaba de manera estricta la libertad empresarial, controlaba precios y producía gran cantidad de bienes y servicios. Bajo otra, el Estado era responsable de tutelar la competencia en los mercados, pues la libre participación de los actores permitía obtener mejores precios y ampliar la libertad de elección.

En México, la Profeco nace en 1976, justo en medio de este debate. En esa época, nuestra economía era cerrada y dirigida, la competencia económica era muy limitada y prevalecían los controles de precios. Las prácticas anteriores fueron interpretadas por el Estado mexicano como la fórmula idónea para defender los intereses económicos de los consumidores, siendo estos parte de sus derechos básicos. En este marco, la Profeco cumplió cabalmente con una función de control y coerción, mediante sus visitas de verificación y vigilancia, con las cuales buscaba asegurar el cumplimiento de esta visión económica.

La Profeco nació con un diseño institucional centralista, excluyente y basado en desgastantes mecanismos persecutorios, mismos que polarizan, por un lado, los derechos de los consumidores, y por otro, a la empresa. Esto generó desconfianza entre ambas partes y sobre todo ante el mercado.

Con el paso del tiempo, México fue abriendo gradualmente sus puertas comerciales y cambiando su visión económica. En 1993 nace la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco), cuya función clave es combatir las prácticas monopólicas y anticompetitivas. El libre mercado comenzó a consolidarse, el control de precios se fue desvaneciendo y la Cofeco se perfilaba para ser un protagonista. Este era el momento propicio para cambiar de fondo el modelo de protección de los consumidores y, por ende, de la Profeco, lo cual, como sabemos, no ocurrió.

Ahora se abre otra oportunidad. El pasado domingo, el Secretario de Economía afirmó que «la Profeco está inmersa en un proceso de reestructuración». La afirmación del Secretario Guajardo es idónea para repensar a fondo el modelo de protección, sobre todo a partir de que Cofeco y Profeco pertenecen a su Sector Coordinado.

El nuevo enfoque debe partir del reconocimiento de que las políticas de competencia económica y de los derechos de los consumidores son complementarias. Si bien ambas buscan promover el bienestar del consumidor, sus instrumentos institucionales varían, incluso llegando a sobreponerse, en tanto una medida de protección del consumidor puede afectar la competencia y viceversa. Esto lo ha estudiado ampliamente la OCDE, y podemos observar cómo múltiples países cuentan con instituciones que conjuntan ambas funciones: EU, Canadá, Francia, Australia, Colombia, Perú y Panamá, entre otros.

En México debemos dirigirnos hacia un modelo en donde una sola institución desarrolle las funciones de protección de los consumidores y de combatir las prácticas monopólicas. En este esquema, la función de verificación de la Profeco se enfocaría a combatir riesgos y abusos comerciales que atenten contra la integridad de los consumidores y la equidad de las relaciones de consumo, pero también para identificar prácticas monopólicas que se lleven a cabo desde cualquier ámbito comercial. De manera paralela, convendría desarrollar una oficina semejante al otrora Instituto Mexicano del Consumidor, un espacio mediante el cual se fortalezca la información a favor de los consumidores, para así reducir asimetrías de mercado y contribuir a una mayor transparencia comercial. Finalmente, convendría fortalecer el rol de los jueces.

Como lo dije desde diciembre de 2011, estando al frente de la Profeco, el modelo de protección de los consumidores en México está superado. Se debe transitar hacia un modelo en el que se construya confianza e incentive mejores prácticas comerciales, mediante mecanismos de corresponsabilidad y participación con la ciudadanía, nuevos esquemas de autorregulación empresarial y mayor intervención de los demás niveles de Gobierno. De esta manera será posible tener una visión integral de mercado y alinear derechos de los consumidores, competencia y libertad empresarial, en torno a un solo eje: la legalidad.

Presidente de Central Consumidor y Ciudadano A. C., miembro del Grupo de Expertos en Competencia y Derechos de los Consumidores de la UNCTAD, Ex Procurador Federal del Consumidor y Líder Negociador para Better Business Bureau en México.

Artículo publicado en Reforma/Negocios el pasado 30 de abril de 2013. http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/printImpresa.aspx?DocId=1472045-1066&strr=bernardo altamirano