| Buenos días. Les comparto artículo que me publica hoy Reforma Negocios. |
EL ESTADO OBESO
Bernardo Altamirano Rodríguez 12 Sep. 13 
El sobrepeso y la obesidad son un grave problema de salud pública global. Las recetas a esta enfermedad se diseñan en instancias como la OMS y la OCDE para homogeneizar las políticas públicas que se instrumentan. En los ámbitos nacionales también se diseñan medidas específicas, mismas que en muchos casos están contaminadas por agendas políticas. Un tema que genera enorme controversia es el crear impuestos a bebidas y alimentos con alta densidad energética (fat taxes). Cabe señalar que en la actual propuesta de Reforma Fiscal del Gobierno federal se incluye gravar a bebidas azucaradas, lo que nos obliga a preguntarnos si se trata de un interés de salud pública o es una máscara recaudatoria.
La respuesta debe partir de evidencias empíricas. Con base en una investigación de Central Ciudadano y Consumidor, se observan varias claves: 1) El sobrepeso y la obesidad no son atribuibles exclusivamente al consumo de determinados productos; 2) Consecuentemente, per se ningún producto es responsable directo del aumento en la diabetes ni en otras enfermedades relacionadas; 3) En otros países donde se aplicó el fat tax no hay evidencia de que éste haya reducido el Índice de Masa Corporal de los ciudadanos, debido a que no se puede determinar la manera en que los consumidores reaccionan a los cambios en precios y los productos con que sustituyen los que tienen impuesto; 4) Estos impuestos afectan a la gente de menos recursos, razón por la que incluso la OCDE los considera regresivos.
Por otro lado, el estudio en cuestión destaca cómo los avances tecnológicos en nuestra sociedad han transformado radicalmente nuestro estilo de vida. El contar hoy con más tecnología a nuestro alcance se ha traducido en una reducción de la actividad física y en una diferente capacidad de almacenamiento y procesamiento de alimentos en los hogares. Otros datos importantes son que de 2000 a 2010 el porcentaje de hogares con automóvil pasó de 32.5 por ciento a 44.2 por ciento; 45 millones de usuarios de internet en promedio pasan 5 horas conectados al día; las suscripciones a televisión satelital aumentaron en un 934 por ciento (las personas entre 10 y 19 años de edad pasan 14 horas o más viendo televisión por semana). Sin duda alguna, la tecnología nos ha hecho una sociedad más sedentaria, lo que se refleja en un cambio en el equilibrio calórico de los mexicanos, pues mientras el promedio de calorías consumidas diario se mantiene constante en dicho periodo (3 mil 186, de acuerdo con la FAO), el gasto calórico se ha reducido. Es decir, consumimos la misma cantidad de calorías, pero gastamos menos energía, lo que contribuye directamente con el sobrepeso y la obesidad.
Por otro lado, la propuesta del Gobierno federal justifica el impuesto a partir de datos que muestran sólo una fotografía de este problema, por lo que es parcial e insuficiente y sugiere que más que ser una motivación de salud pública es una simple necesidad recaudatoria. Debe considerarse que del año 2000 a 2012, pasamos de un 62 por ciento de la población con sobrepeso u obesidad a un 71 por ciento. Lo interesante es que del 2000 al 2006 la tasa de crecimiento fue del 2.13 por ciento anual; a partir de 2006 y hasta 2012, la tasa fue de 0.38 por ciento. Esto significa que en los últimos años esta enfermedad creció a tasas decrecientes, lo cual revela que los esfuerzos hechos en el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria empiezan a reflejar avances. En este sentido, no se entiende que ante estos resultados, antes de que el Gobierno publique su agenda contra la obesidad, proponga un impuesto. De confirmarse esta tendencia, no sólo afectará a los consumidores más pobres, sino que repercutirá en el diseño e instrumentación de políticas públicas. Esto implica que el Gobierno les apostará más a medidas unilaterales, parciales y de corto plazo, en lugar de construir e instrumentar un proyecto nacional antiobesidad en el que participen la empresa y la sociedad, e impulsar una revolución alimentaria.
Por último, ante este tipo de políticas públicas, debemos hacernos una pregunta de principio: ¿cuál es el límite de intervención del Estado ante decisiones de consumo que se ejercen en el ámbito de nuestra responsabilidad y libertad individual? El debate en torno a las políticas públicas contra la obesidad y el sobrepeso son una prueba de fuego para nuestra sociedad. Es la gran oportunidad de reducir peso a un Estado obeso e ineficaz, mediante una ciudadanía activa y participativa. Es la llave de cambio para que el consumidor y el ciudadano sean los ejes de transformación de nuestro País, sin reducir nuestras libertades. Un Estado sin ciudadanos y un mercado sin consumidores son entidades ineficaces e ineficientes, cuyas asimetrías beneficiarán a los más privilegiados.
@beraltamirano
Estimad@s amigos, por otro lado, hoy también en Reforma, Sergio Sarmiento aborda el mismo tema. Les dejo el link con su artículo «Contra Gorditos«.
Regulación, Competencia y Consumidores 
Interesante tu reflexión. Sigo sin coincidir contigo en algunos puntos.
El análisis debe sustentarse en evidencia científica, ésta existe y es muy amplia, no en evidencias empíricas como tú lo propones. Tampoco coincido en que los fat taxes afecten a los más pobres, pues precisamente ellos, con muy pocas o nulas herramientas para hacer un consumo responsable, son quienes más se ven afectados al destinar gran parte de su ingreso en productos que les afectan seriamente a la salud, a su calidad de vida. Si éstos quedan fuera de su poder adquisitivo, destinarán entonces ese dinero a comprar alimentos más saludables.
Por supuesto, coincido en que los gravar alimentos y bebidas chatarra no son la única solución al problema de la obesidad. Nos faltan ciudades seguras con espacios públicos para hacer actividad física, que sean amables en su infraestructura y privilegien a los peatones y a los ciclistas, con servicios de transporte público de calidad. Nos falta una industria de alimentos y bebidas que sea socialmente responsable y ética. Nos faltan políticas públicas que estén enfocadas en el bienestar de los ciudadanos. Nos faltan ciudadanos responsables.
En tu reflexión creo que hace falta la otra parte, la de los costos económicos de la obesidad y sus complicaciones (ya no los personales o los familiares, esos que tienen que ver con perder la salud, con menos años de vida, y que son los que yo vivo a diario con nuestros pacientes), sino aquellos que tienen que ver con el impacto en la productividad, en más gente enferma incapaz de generar ganancias. Creo que conoces esas cifras, justo en el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria están publicadas. Somos un país obeso, un país lleno de niños obesos, que no podrán ser productivos económicamente y que serán una carga económica para los servicios de salud pública. Acciones, como gravar bebidas azucaradas, puede ser una, de las muchas intervenciones que debe haber para revertir este grave problema.
Hola Evelia y gracias por tu post.
Mencionas que los más pobres «destinarían entonces ese dinero a comprar alimentos más saludables». Sobre esta afirmación no existe ningún estudio que pueda afirmarlo ni comprobarlo de manera concluyente. Sobre este tema, te recomiendo en nuestro estudio «Hacia un consumidor responsable en la Obesidad y Sobrepeso » (www.centralcyc.mx), tenemos todo un apartado en donde se estudian los análisis económicos que cruzan las elasticidades y sustitutos, y podrás comprobar que es imposible afirmar que se sustituyan por productos de mayor valor nutrimental. Lo anterior, además asume que esta última gama de productos es igualmente barata que los que son objetos de impuestos, lo cual no es correcto.
Coincido plenamente con tu tercer párrafo. Al respecto nuestro organización también hizo una agenda integral para un consumidor y entorno saludable, que te invito a consultar en el mismo portal.
En tu último párrafo coincido parcialmente. En efecto se requieren más recursos y debe existir financiamiento. Por tanto, insisto en que el planteamiento de este impuesto estuvo mal formulado y motivado, pues no es sostenible que se diga que es para reducir la obesidad, cuando pudieron decir que efectivamente es para financiar la atención de este problema. Lamentablemente, hoy sabemos que eso no va a ocurrir. Por el otro lado, mayor gasto no significa per sé una mejor atención. Al respecto en este blog tengo dos posts que trato ese tema.
Me encanta este debate y lamento que no se haya dado en el ámbito de una agenda de salud pública, sino en el de una agenda recaudatoria. Saludos.