¿Reforma integral de la Profeco?

En días recientes se ha abierto el debate sobre la posibilidad de hacer una reforma integral a la Ley Federal de Protección al Consumidor y consecuentemente de la Profeco. Al respecto, les comparto la entrevista que me hicieron en Reforma Negocios y se publica hoy, en donde analizamos diferentes oportunidades para mejorar la tutela de los derechos de los consumidores. En la nota se enfatizan las propuestas en materia de verificación, pero quisiera retomar otros aspectos también propuestos.

Desde diciembre de 2011 señalé que el modelo de protección al consumidor en México está superado, pues éste se caracteriza por una visión centralista, inquisitoria y excluyente. En este sentido, el dotar a una sola instancia de todo un conjunto de atribuciones en la materia ha excluido que participen y tengan responsabilidades otros niveles de gobierno, las organizaciones de consumidores, la empresa y otros grupos de interés. En ese sentido, desde hace al menos 20 años las relaciones entre Estado y empresa han cambiado radicalmente, y por lo mismo es importante reorientar el papel de instituciones como la Profeco. Al respecto, convendrá distribuir mecanismos de protección a otras instancias y transitar a un modelo basado en la corresponsabilidad y construcción de confianza.

Aquí hay dos aspectos clave. Por un lado, la definición de los derechos básicos de los consumidores. En este terreno pienso que nuestra legislación comparte elementos con las regulaciones y políticas públicas más avanzadas en el mundo. Por el otro lado, los mecanismos de los que dispone la autoridad –la Profeco- para verificar el debido cumplimiento de la ley. Aquí es donde se encuentra el debate sobre la eficacia y eficiencia de los instrumentos de verificación. Al respecto he escrito en otras oportunidades lo burocrática y compleja que es la función de verificación a cargo de diferentes instituciones que hacen visitas a establecimientos comerciales, por lo que amerita un debate transversal y profundo, que permite generar mayor certidumbre jurídica y que el cumplimiento de la ley sea generalizado. Asimismo, también he escrito que para aligerar la carga de los costos de verificación, se deben introducir incentivos de mercado.

En la entrevista hago mención expresa que en el terreno de combustibles ya no tiene razón que la Profeco tenga toda un área de verificación de combustibles, dado que la reciente reforma energética genera nuevos incentivos de mercado para que la competencia sea la base de un nuevo marco de cumplimiento de la ley. Este planteamiento lo sostengo desde que entró en vigor las NOMs 005 y la 185 en materia de despacho de gasolina, pues el diseño histórico con el que se ha pretendido que los consumidores gocen litros de a litro parece una paradoja: el Estado (vía Pemex), que hasta hoy, es quien goza de la venta exclusiva de gasolina en el país y quien tiene también la exclusividad de otorgar franquicias para que particulares abran estaciones de servicio, le otorga a otra entidad del mismo Estado (Profeco), la responsabilidad de que verifique que no nos roben, cuando en realidad debería generar un mercado con más competencia y rivalidad entre proveedores. En pocas palabras es el mismo perro persiguiéndose la cola. La competencia generará una nueva dinámica de verificación en el sector de gasolina y gas LP.

Otro aspecto clave en materia de verificación, es que al igual como se avanzó en el diseño de la actual COFECE, en la Profeco se deben dividir las áreas de verificación e investigación, de las que resuelvan los procedimientos para que se sustancien en forma de juicio y eventualmente conduzca a una sanción.

Por último, les comparto nuevamente un policy brief que Central Ciudadano y Consumidor y CIDAC hicieron en 2013, “Políticas de Competencia y Protección al Consumidor: Hacia una convergencia necesaria”, en donde a partir del análisis de diferentes mercados, así como sistemas de protección de consumidores y competencia más avanzados en el mundo, proponemos la fusión entre la hoy COFECE y la Profeco, con el objeto de que ambas políticas converjan para así avanzar en ampliar el bienestar de los consumidores y el ejercicio de sus derechos.