De Springbreakers, Inversión y Estándares.

La sabiduría popular permite en ocasiones entender la clara dimensión de nuestra realidad. “Dios los hace y ellos se juntan”, describe cómo las comunidades se integran por personas que responden a incentivos y conductas semejantes, donde  la virtud y el vicio, siendo los dos extremos, enmarcan la aspiración o fracaso de éstas. Así, las comunidades lanzan señales que generan identidad y atracción a sus semejantes: i) legalidad, transparencia, responsabilidad, atraerán a personas que busquen esos mismos valores; ii) corrupción, compadrazgo, influyentismo, atraen a quienes se benefician de estos elementos en la toma de decisiones.

¿Qué señales envía el país y su clase política a posibles inversionistas? Desde conflictos de interés, hasta riqueza injustificada –desde casas aquí o en el exterior, relojes, autos, viajes, etc.- ; desde alcaldes que confirman haber robado un poco y levantan faldas a sus invitadas en fiestas de 10 millones de pesos, hasta partidos que gastan en sus campañas cantidades exorbitantes e ilimitadas; desde legisladores y gobernadores que se llevan moches y comisiones millonarios por contratos y licitaciones públicas, hasta quienes ofrecen concesiones desde la SCT –trenes, aeropuertos, caminos, etc.- con ventajas para sus interés personales y políticos. La lista sería interminable, pero la nota común es la impunidad y la visión de que es la única forma de hacer las cosas en este país. Estas son las señales que se envía y de ese tamaño serán los perfiles nacionales y extranjeros que inviertan en México. Claro que existen muchos esfuerzos importantes que buscan hacer las cosas de manera legal, pero para estos es mucho más difícil y complejo.

En este escenario, y ante un gobierno que es muy gastón en infraestructura y que tiene la responsabilidad de abrir el sector energético, surge la pregunta: ¿se ahuyentarán inversiones? Algunas autoridades de manera cínica responden: por supuesto que no, estas empresas están acostumbradas e estos entornos de corrupción, como el de México. Y aquí es donde tenemos que actuar. Estoy absolutamente convencido que la empresa privada debe participar en el sector energético, ¿pero queremos que lo hagan quienes están dispuestas a llegar con portafolios de efectivo para repartirlos ilegalmente por todos lados? Si no elevamos los estándares de nuestros mercados, el riesgo es que nuestra economía se desarrolle y crezca sólo a partir de la corrupción, lo cual consolidará el poder oligárquico de algunos cuantos y aleje los beneficios sociales de estos procesos de liberalización. De ahí que urge abordar este tema y evitar que el mal endémico que tenemos, haga metástasis y sea imposible solucionarlo. Les comparto mi colaboración de hoy en Reforma Negocios.

 

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ

DE SPRING-BREAKERS, INVERSIÓN Y ESTÁNDARES.

¿Por qué será que muchos mexicanos tienen un comportamiento en nuestro País tan contrastante con el que tienen al cruzar la frontera a EU? ¿Por qué estos no se atreverían allá ni a pasarse un semáforo? ¿Es una razón cultural, de dobles estándares o de incentivos? Mientras aquí el incentivo es a transgredir, allá es a cumplir. Esta realidad se agrava si reconocemos que este fenómeno también ocurre en sentido inverso. Basta observar cómo en esta temporada nuestras playas se saturan de los conocidos spring-breakers, quienes vienen al País a hacer todo lo que no pueden en el suyo, pues aquí el entorno lo permite e incluso fomenta. Son turistas que vienen a darle la vuelta a la ley. Derraman sus recursos a costa de depredar y corromper los nuestros.

Lo mismo pasa en el mundo de negocios. Nuestras empresas llevan varias décadas luchando por ser más productivas y competitivas. Principalmente, aquéllas que se han integrado más al comercio global, en particular al TLCAN, lo han logrado (McKinsey Global Institute 2014), gracias a elevar sus estándares a la altura de las mejores prácticas internacionales, tanto para su desempeño nacional como en el extranjero. Al respecto, las empresas tradicionales se han rezagado y cada vez la distancia entre ambas es mayor. Esta desigualdad de estándares reduce la confianza en el mercado y tiene múltiples vertientes -responsabilidad corporativa, controles de calidad, relaciones laborales, ambientales, cumplimiento regulatorio, atención a consumidores, mecanismos anticorrupción, contratación de servicios legales y relaciones públicas, entre otras-. Al igual que con los spring-breakers, lo inverso también ocurre con empresas extranjeras que operan en el País. Mientras la gran mayoría sigue estándares internacionales, existen algunas que los bajan y presentan parámetros de prácticas comerciales diferentes, lo que se refleja en un trato diferenciado a los consumidores, a la competencia y a la autoridad.

El caso más reciente es la marca Reebok, propiedad de Adidas, la cual con un mismo caso de publicidad engañosa enfrentó de manera diferente su responsabilidad frente a las autoridades y consumidores de EU y México. Mientras que allá llegó a un arreglo con la autoridad para pagar 25 millones de dólares a los consumidores engañados, aquí optó por seguir una estrategia litigiosa chicanera, la cual fue aceptada por dos instancias judiciales. Afortunadamente, la Suprema Corte le puso un alto a esta situación. Si bien Reebok actuó con base en incentivos de mercado y judiciales locales -el Papa Francisco diría que se «mexicanizó»-, es el momento de que reconozca que se equivocó y que les tendrá a autoridades y consumidores mexicanos el mismo respeto que tuvo con los de EU.

Este ejemplo ilustra las señales que manda el mercado mexicano a inversionistas extranjeros: altos niveles de corrupción gubernamental, conflictos de interés impunes, moches y comisiones, procesos judiciales opacos, derechos de propiedad inciertos, mínimo crecimiento, entre varios aspectos. Ante esta realidad, resulta prioritario fortalecer nuestro mercado y comunidad de negocios elevando estándares, donde la empresa tiene la gran oportunidad de ser el motor transformador. En inminentes inversiones, como la energética o aeroportuaria, debemos tener cuidado, pues ante las señales descritas, existen riesgos considerables de que las empresas con mayor responsabilidad corporativa -las cuales construirían capital social y humano- se alejen y así inviertan empresas spring-breakers, que tienen prácticas comerciales controvertidas y agravarán la corrupción. Por eso hay que elevar los estándares y que los nuevos inversionistas contribuyan a mejorar nuestro entorno económico y social y no a replicar malas conductas, como el despacho de litros de gasolina incompletos o prácticas anticompetitivas en servicios aeroportuarios.

En el ámbito gubernamental urge eliminar la simulación de servicio civil de carrera, para que los inversionistas conozcan mejor la trayectoria de largo plazo de los servidores. Tenemos grandes servidores públicos, que comparten riesgos y reputación con quienes abusan y tienen conflictos de interés. Hay que darles mayor brillo a los primeros y que salgan a flote los segundos. Así, un inversionista se sentará con autoridades que promueven efectivamente el interés público y no el enriquecimiento propio.

La agenda empresarial para elevar los estándares es amplia. Desde la promoción de códigos de mejores prácticas comerciales, sellos de calidad y mecanismos de autorregulación, así como lineamientos anticorrupción, como los que publicó el CCE. En el ámbito académico hay que fortalecer los contenidos de responsabilidad social y corporativa. En el ámbito judicial urge avanzar con la propuesta del Ministro José Ramón Cossío sobre la colegiación, para generar un mercado de servicios legales más transparente y con más incentivos orientados a la reputación y mérito. Al elevar nuestros estándares, construiríamos mejores incentivos de mercado y evitaremos que las nuevas oportunidades de inversión sean benéficas para spring-breakers.

México e Inglaterra: entre Bond y El Santo

2015 es el Año Dual México-Inglaterra. Esto implica que a lo largo del año se celebrarán eventos en ambos países, con el objetivo de avanzar en el conocimiento recíproco de nuestra sociedad, visión empresarial, instituciones, culturas, gastronomía, etc. La agenda pública de las actividades se enfoca más bien a eventos empresariales concernientes a tender redes entre posibles interesados. Nada mal. Sin embargo, estoy convencido que este gran esfuerzo diplomático debe impulsar discusiones a fondo de los orígenes de ambas naciones -sistema político, principios filosóficos, regulación económica, cultura política y cívica-, pues estamos ante esa gran oportunidad de ponernos frente al espejo de un país referente para el mundo, en general, y para la cultura occidental, en particular. Sin duda, de acuerdo con el interés de cada persona podríamos encontrar un punto de encuentro interesantísimo: museografía, música, servicio profesional de carrera, urbanismo, antropología, etc., pero en mi colaboración con Animal Político, propongo los siguientes ejes de acercamiento y entendimiento recíproco:

  1. Entre el Parlamentarismo y Nacionalismo Revolucionario.
  2. Libertades, propiedad privada y pacto social.
  3. New Right y Neoliberalismo.
  4. Hacer fila, ética y dignidad política.

En la etapa de profunda crisis y fractura política y social que atravesamos, fortalecer nuestra relación con uno de los países fundadores de la democracia moderna, es la oportunidad de voltear a ver los orígenes de cómo fue elaborándose ese pacto social, y entrar sin miedo a una discusión nacional sobre la vigencia de nuestro pacto, Constitución y facultades que tienen nuestros representantes. Les invito a leer: México e Inglaterra: Entre Bond y el Santo.

La Revolución de los Consumidores de Servicios Públicos

¿Quién podría hacer hoy una sólida apología de nuestros servicios públicos? Desde hace muchos años, el primer paso que han querido dar nuestros gobernantes es el de la ampliación de la cobertura. En años recientes la lucha es por la calidad. La realidad es apabullante: tenemos servicios públicos escasos y de muy baja calidad. El estándar en la provisión de estos servicios es malo, pero además es asimétrico. No es lo mismo la atención de un metrobus en la Ciudad de México, que el de un colectivo que transporta pasajeros en la zona conurbada del Estado de México. No es la misma calidad ni disponibilidad en clínicas urbanas, que en zonas rurales o marginadas. Existe un gran contraste entre los servicios educativos de Nuevo León o el D. F., respecto de los de Guerrero o Oaxaca. En este sentido, la enorme desigualdad que existe en México no será combatida, en la medida que no tengamos una verdadera cultura de servicios públicos. Por esto, el centro del debate en torno a cómo generar comunidad y cohesión social, es el propiciar servicios de altos estándares, en los que se brinde un servicio de calidad, disponibilidad, competitivos, con mecanismos anticorrupción y por supuesto, que fomenten una cultura del servicio.

Por estas razones es que invito a leer mi colaboración en Animal Político, en donde busco que analicemos el estado de nuestros servicios públicos, poniéndonos en una lógica de consumidores. Es decir, si tuviéramos la posibilidad de elegir entre opciones de servicios, ¿nos quedaríamos con los que usamos diariamente? Los invito a leer: la Revolución de los Consumidores de Servicios Públicos.

El alto a la Publicidad Engañosa por parte de la Suprema Corte.

¿Qué pensarías sobre el hecho de que una empresa le reconozca ciertos derechos a unos consumidores en otro país y no haga lo propio con nosotros en México respecto de un mismo daño? Ante el creciente desarrollo de empresas globales con canales de producción y comercialización en todo el mundo, tenemos que evitar que éstas tengan un trato diferente a consumidores dependiendo de su país. Al contrario, este tipo de empresas tienen una responsabilidad corporativa mayor, pues tienen principios y estándares que deben aplicar globalmente y que incluso contribuyan a mejorar prácticas comerciales en mercados menos desarrollados. De lo contrario, reducir estándares implicaría que estas marcas tengan consumidores de primera, segunda, tercera, etc., categorías.

Pues Reebok en México demuestra que nos considera consumidores de segunda. Esto se evidenció con un caso de publicidad engañosa encontrada en un anuncio de los tenis Easy Tone, que se persiguió de manera simultánea y por diferentes mecanismos en EUA y México.La gran diferencia es que mientras en EUA acordó con la autoridad conformar un fondo de 25 millones de dólares para compensar a quienes engañó con su publicidad, en México se la pasó jugando al abogado coyote peleando que no se había probado que su publicidad era engañosa (insisto, ¡Es la misma que Reebok reconoció engañosa en EUA!). Por eso, con una estrategia procesal que denigra la dignidad de los consumidores mexicanos, peleó de forma una acción colectiva interpuesta por la Profeco en febrero de 2012. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación le puso un alto a estas prácticas abusivas y le dijo a Reebok que a ellos les corresponde probar que su anuncio tiene las ventajas que afirman y no a los consumidores demostrar lo contrario. Es decir, la carga de la prueba recae en la empresa. ¡Felicidades a la Corte y en particular al Min. José Ramón Cossío quien en la Primera Sala promovió esta resolución! ¡Es un gran precedente en materia de publicidad engañosa!

Siempre he pensado que los derechos básicos de los consumidores comparten ciertas características con los derechos y libertades fundamentales, como el hecho de que en su defensa y promoción se debe considerar su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este sentido, estamos hablando de que el derecho básico tutelado es el derecho a la información, mediante al combate a la publicidad engañosa. Por esto resulta indispensable estudiar el proceso jurídico contra Reebok, tanto en EUA, como en México. Les comparto un ensayo que escribí al respecto y que me es publicado en el Blog de Nexos: El Juego de la Corte. Mi texto: El alto a la Publicidad Engañosa por parte de la Suprema Corte.

Conferencia Internacional sobre Regulación de Seguridad de Producto.

El pasado 23 de febrero participé como panelista en el Congreso Anual de la Organización Internacional sobre Seguridad y Salubridad de los Productos de Consumo (ICPHSO, por sus siglas en inglés), celebrado en Orlando, Florida. Como lo he comentado anteriormente en este blog, necesitamos avanzar en México para propiciar una mejor regulación de seguridad de producto que reduzca realmente los riesgos y daños de productos de consumo de los consumidores, ya sea el juguete de un niño, el electrodoméstico de la casa, la ropa que usan los bebés o incluso los artículos para alberca, entre muchos otros. No puede entenderse cómo desde 1993 México ha avanzado de manera importante en integrarse económicamente con sus socios comerciales de EUA y Canadá, pero desde el punto de vista de regulación y prevención de riesgos, estamos muy alejados. Por eso he advertido que avanzar en la agenda de seguridad de producto no solo es la oportunidad para darle un profundo valor social a nuestra regulación, sino que además sería un ángulo que vale la pena atender para combatir el comercio informal en las calles, que sin duda es un terrible riesgo para todos los consumidores que ahí adquieren productos o servicios.

DSC00042En este Congreso Internacional en nuestro panel se analizó el marco regulatorio que existe entre los tres países miembro del TLCAN, cuáles son sus diferencias, debilidades y oportunidades. Asimismo, considerando que gran parte de los asistentes eran líderes industriales con operaciones en los tres países, presentamos un mapa de los principales actores y de recomendaciones sobre cómo elaborar su plan de cumplimiento regulatorio, cómo diseñar un correcto esquema de relaciones públicas y por supuesto, cómo entender la lógica de las autoridades verificadoras en esta materia. Les invito a conocer dicha información y a seguir impulsando la agenda de seguridad de producto, que este año tendrá una gran oportunidad de ser más visible, pues México será el anfitrión de la Tercera Cumbre Trilateral del TLCAN en la materia.  Hasta pronto.

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Rumbo a la Equidad Contractual

Desde niños nos recomiendan tener cuidado con la «letra chiquita» de los contratos, pues existen condiciones que en ocasiones ofrecen las empresas, que pueden ser abusivas, engañosas o desproporcionadas, que como consumidores nos ponen en una situación desventajosa y desigual. Por eso hay que entender qué son los contratos de adhesión, cuál es su papel en propiciar mayor equidad en las relaciones de consumo y cuál es el debate contemporáneo en torno a este tema en México.

Les invito a leer este artículo que escribimos Carlos Martínez y yo, y que es publicado en el Portal de la Revista Nexos, en la Sección del Juego de la Corte: Rumbo a la Equidad Contractual. En este texto revisamos la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la demanda que interpuso en 2012 la Profeco, para pedir la nulidad de un conjunto de cláusulas del contrato de adhesión de diversas empresas del sector de televisión de paga. Con este caso se puede entender mejor porqué el Estado puede regular por encima de la voluntad de las partes (en el marco de la libertad empresarial) una serie de principios contractuales que reducen probabilidad de riesgos y abusos comerciales en perjuicio de los consumidores.

La exclusión financiera y el empeño.

Los tradicionales servicios bancarios y financieros en el país solo llegan al 20% de la población. Aunque sea obvio, hay que ser claros: 8 e cada 10 mexicanos están excluidos de estos servicios. Esto implica que no solo no tienen sus respectivas cuentas de ahorro, sino que no son sujetos de crédito. Muchas voces reconocen que esta situación se debe a una regulación muy rígida. Por estas razones es que se han desarrollado otras alternativas a las que la gente puede recurrir de manera fácil y ágil para recibir un crédito o préstamo en los momentos que sus finanzas personales enfrentan problemas (lo que además es muy frecuente en estos años de estancamiento económico). Una de las principales opciones es empeñar algún bien. En efecto, la industria prendaria ha crecido de manera importante en el país y sin embargo, existe poca información clara que nos permita entender cómo opera y cuáles son sus retos para brindar mayor satisfacción a los consumidores.

De ahí que resulta fundamental estudiar mejor el mercado prendario y enfocar políticas públicas y regulatorias que amplíen el bienestar de los consumidores y que reduzcan la exclusión financiera que vivimos. Por supuesto que uno de los asuntos que debe ser atendido es cómo propiciar que ese 80% de mexicanos excluidos pueda ser un consumidor de la banca tradicional y evitar que recurran a agiotistas. En la medida que haya mayor cobertura, habrá mayor competencia de servicios e instrumentos de crédito y eso beneficiará a los consumidores. Ir en esta dirección contribuirá a reducir costos de autoridades en materia de verificación, que revisan fundamentalmente aspectos burocráticos o penales, pero que no propician per sé mejores condiciones de mercado.

De ahí que les invito a leer mi colaboración de ayer en Reforma Negocios. Asimismo, hago mención de la película de Ladrón de Bicicletas, para ejemplificar el valor que tiene el recibir dinero rápido por la vía del empeño. Les comparto el vínculo sobre esta magnífica película.

 

 La exclusión financiera y el empeño.
Bernardo Altamirano Rodríguez / (02 febrero 2015)
Enero terminó, pero su cuesta se prolonga en millones de hogares. Contar con alternativas crediticias, bancarias o pagos en mensualidades coadyuva a aligerar esta carga. Sin embargo, estas opciones de la banca comercial tradicional tienen en el País muy limitada accesibilidad (sólo para el 20 por ciento de las familias) y cobertura (sólo el  56 por ciento de los municipios tienen sucursales). Estos elementos son los que conllevan a afirmar que «en México vivimos una grave exclusión y discriminación financiera» (CONAPRED), así como que «el bajo coeficiente de inclusión financiera está asociada con la pobreza» (Foro Internacional sobre Inclusión Financiera).

En este contexto, se requiere entender mejor los mercados de crédito y las necesidades de los hogares, para identificar si las medidas que toman las autoridades reguladoras o a quienes les corresponde aplicar la ley son las adecuadas o si, por el contrario, contribuyen a profundizar en la exclusión financiera. Para millones de mexicanos que demandan liquidez y que no tienen acceso a los bancos tradicionales existe una gama de servicios de finanzas populares, como los relacionados con el consumo, cooperativas o microcréditos. Asimismo, existe un sector que en los últimos años ha tenido una importante expansión y durante esta temporada enfrenta muchas presiones de las autoridades, como es la industria del sector prendario, mejor conocido como casas de empeño.

Todos sabemos lo que es un empeño, pero poco se conoce sobre las complejidades de este mercado y, en particular, sobre las necesidades de sus consumidores. El valor social de esta industria fue plasmado a la perfección en la gran película «Ladrón de Bicicletas», donde su protagonista, Antonio Ricci, al igual que muchos otros pignorantes, no sólo encuentran en el empeño la fórmula para salir de un problema, sino que representa un empujón para aspirar a un empleo o aprovechar una oportunidad. En México, las casas de empeño ya no sólo ofrecen la tradicional fórmula de dar dinero a cambio de recibir en prenda electrónicos, joyas o automóviles, sino que han iniciado nuevos esfuerzos de economía colaborativa en la que a cambio de un depósito en efectivo, facilitan a un grupo de albañiles la posibilidad de usar una coladora o al plomero la herramienta, con lo que les permiten ser contratados o empleados. El tamaño de este mercado es cercano a 35 mil millones de pesos anuales, con más de 7 mil establecimientos (con 20 por ciento informales). El préstamo promedio de este mercado es entre mil 300 y mil 500 pesos. Las casas de empeño se dirigen a los niveles de ingreso C y D, que son más del 65 por ciento de la población del País.

En poco tiempo, la carga regulatoria de este sector ha aumentado considerablemente. No sólo deben cumplir con el tradicional registro del contrato de adhesión, sino que ahora deben inscribir a cada una de sus sucursales en un registro a cargo de la Profeco. Además, en entidades como Chiapas, el Estado de México y Guanajuato se crearon registros estatales adicionales, que no sólo sobrerregulan, sino que se extralimitan en sus atribuciones e invaden la esfera federal. Adicionalmente, se debe cumplir con nuevas regulaciones antilavado de dinero que elevan los costos operativos de proveedores. El riesgo de estas barreras es que incentiven la informalidad. Así, mayor regulación y politización local profundizan la discriminación financiera.

Por el otro lado, una de las críticas constantes al sector es el de las altas comisiones que cobran. Lo anterior es efecto de la exclusión financiera mencionada, que limita las opciones de los consumidores y eleva los costos de transacción. Por tanto, se requiere de una política integral que reconozca la interdependencia de los mercados bancario y prendario. Así, la efectiva política de protección al consumidor dependerá de generar una mayor competencia de servicios, productos e infraestructura. No entender esto puede profundizar la exclusión y discriminación financieras.

Lo anterior podría complementarse mediante programas de autorregulación en la industria prendaria, promover mejores prácticas comerciales, ampliar el impacto de mecanismos de información y entendimiento del CAT (como el promovido por Condusef) y, por supuesto, avanzar en mecanismos que permitan el mejor cumplimiento regulatorio. Con estas medidas, no mediante la sobrerregulación, se podrá avanzar en la inclusión financiera, brindar mayor bienestar a los consumidores y fortalecer la confianza en el mercado.

Miscelánea: 1. La explosión en Cuajimalpa obliga a que los reguladores energéticos prioricen, en los procesos de apertura del sector, el diseño de estándares de seguridad para proveedores que minimicen riesgos de daños a consumidores. 2. La denuncia que hizo PepsiCo para que se retire el spot parodia con fines electorales de su anuncio de Emperador abrirá un muy interesante debate sobre publicidad, derechos de autor y libertad de expresión. ¡Bienvenido!

La Seguridad en la Venta de Gas L. P.

Sin lugar a dudas, la trágica explosión de una pipa de gas L. P. la semana pasada en Cuajimalpa nos dejó a todos consternados. Si bien ya teníamos múltiples inquietudes sobre la seguridad en torno al despacho de gas en nuestros hogares, ahora aumentan las dudas. ¿Es un hecho aislado? ¿Puede pasar lo mismo en mi casa o incluso en mi manzana? ¿La compañía que contrato cumple con todos los requisitos de seguridad?

Este servicio de comercialización y distribución de gas L. P. se encuentra regulado por una norma oficial mexicana, que casualmente este año corresponde sea revisada y, en su caso, actualizada. Este sector se ha caracterizado por tener alta concentración de mercado entre pocos competidores, por lo que urge que se establezcan estándares para que los proveedores reinviertan parte de las ganancias tan importantes que obtienen en generar una mejor tecnología y seguridad en el despacho del combustible. ¿O será que la reforma energética no permitirá que tengamos un mejor servicio de gas? ¿Seguiremos con mecanismos de distribución añejos y que aumentan los riesgos en la sociedad?

En este contexto, les comparto la entrevista que me hacen hoy en el noticiero de @SoyCarlosMota en El Financiero-Bloomberg, en donde propongo tres aspectos en este mercado, mismos que permitirán generar mejores condiciones del servicio en el marco de la reforma energética:

1. Se debe combatir de manera contundente a todos los proveedores que despachan gas L. P., ya sea en pipas o en cilindros, que son informales. Los riesgos que representan a la sociedad son en extremo altos.

2. Las autoridades, en este caso la Secretaría de Energía, debe transparentar el trabajo mediante el cual concede permisos a particulares, así como del conjunto de trabajos de verificación a los proveedores que hace regularmente. Esto implicará dotarle de un contenido social a esta labor administrativa y que los consumidores veamos que el gobierno es eficaz en reducir y evitar riesgos de accidentes en nuestros hogares.

3. Se debe obligar a las empresas permisionarias a que inviertan en tecnología y mejores instrumentos de seguridad y actualización de sus unidades, tanques, cilindros, etc., así como en capacitar con mayores fortalezas a sus operadores, para que el servicio sea provisto de manera adecuada.

En todo este contexto, resulta indispensable accionar nuestra responsabilidad como consumidores y tener la capacidad de exigir a las empresas que nos proveen nos muestren las verificaciones de la Secretaría de Energía, así como las de la Profeco, el mantenimiento adecuado de las unidades, las pólizas de seguros por daños a terceros. En caso de no disponerlas, por supuesto no contratarlas, pero por el otro lado, denunciar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.

Les invito entonces a ver la entrevista: La seguridad en la venta de Gas L. P.http://www.elfinanciero.com.mx/tv/llaman-a-consumidores-a-ser-exigentes-en-mercado-de-gas-lp.html

Refundar los Servicios Públicos

Vivimos días de polarización. Nuestra clase política se ha preocupado más por dividir a la sociedad, que en construir un centro robusto que nos convoque a todos a involucrarnos en el diseño del futuro de este País. Esta división se profundiza en la medida que crecen las evidencias de políticos corruptos que se benefician de “moches” de presupuestos públicos (financiados con nuestros impuestos) o que otorgan contratos públicos y licitaciones a sus amigos, socios o familiares, en condiciones de ilegalidad, pulverizando la confianza en las instituciones públicas. Uno de los temas transversales que evidencian esta situación es el de los servicios públicos. ¿Les suena el fraude multimillonario de la Línea 12 del metro? ¿El transporte público urbano es digno y compatible con el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México -que prevé convertirse en el 3ero a nivel mundial? ¿Nuestros servicios públicos de salud están a la altura de las prestaciones que tienen los altos funcionarios y líderes sindicales del sector? Así podríamos seguirnos con una amplia lista de ejemplos.

Tenemos que ubicar a los servicios públicos en el centro del debate nacional y que estos sean el espacio para convocar a todos los sectores –público, privado y social- a trabajar en torno a la transformación que necesitamos. Trabajar en los servicios públicos es trabajar en nosotros mismos. Es la mejor forma de invertir recursos y de activar la economía. Además, tenemos que fomentar una efectiva cultura de servicio. Si conseguimos elevar los estándares y parámetros de los servicios públicos, podremos rápidamente elevar la calidad de muchos otros mercados y servicios que brindan los particulares. Y es que la mala imagen y calidad de nuestros servicios es el parámetro con el cual se desempeñan muchos profesionistas en México y lo que propicia la cultura del «ahí se va».

Aquí les comparto mi colaboración en Reforma Negocios. ¡Felices fiestas!

 

 

BERNARDO ALTAMIRANO

Refundar los servicios públicos

Los servicios públicos de nuestro País atraviesan una profunda crisis de desconfianza que abre la oportunidad para romper paradigmas y detonar una refundación de estos, mediante la colaboración entre Estado, empresa y consumidores, lo cual sería la fórmula idónea para fortalecer el sentido de comunidad y superar la fractura social que atravesamos. Y es que si bien llevamos años discutiendo el mejor diseño sobre cómo proveer estos servicios, en la realidad estamos muy lejos de los niveles que demanda la sociedad. Los mejores ejemplos son los casos de seguridad y educación públicas, siendo este último ámbito una muestra sobre la complejidad que implica definir estándares de calidad, y donde el mismo responsable de brindar este servicio es quien ha encabezado fuertes reacciones al respecto. ¡Vaya paradoja!

Por estas razones es que se requiere ampliar el debate sobre estos servicios. Revisemos algunos casos, como el del transporte público en el Valle de México. Según el Inegi, existen 14.8 millones de viajes diarios, de los cuales el 64.5 por ciento son en colectivo, el 16.4 por ciento en taxi y el 8.2 por ciento en Metro. En cuanto a la calidad de servicio, una encuesta elaborada por GCE revela que los usuarios califican como el peor servicio a los colectivos (54.3 por ciento) y después a los taxis (3.8 por ciento). Asimismo, los encuestados señalan que los conductores incurren en múltiples faltas, como ir a exceso de velocidad o no respetar los semáforos. En este sentido, tenemos servicios de baja calidad, que además son los primeros en violentar el orden público y contribuir al caos vial. Esto evidencia que el debate sobre Uber es solo la punta del iceberg y que requiere extenderse a otros servicios para identificar cómo ampliar la satisfacción de millones de usuarios del transporte público.

En segundo lugar, recordemos el debate sobre el IEPS de bebidas y alimentos de alto contenido calórico con el objeto de fomentar el consumo de agua potable y construir bebederos en escuelas de todo el País (objetivo todavía no cumplido). Las cifras del Inegi nos muestran que en el País sólo el 26 por ciento de la población piensa que el agua en su ciudad es potable (bebible sin temor a enfermarse). Por otro lado, se recomienda activarse físicamente, pero sólo el 39 por ciento de los mexicanos piensa que los parques y espacios públicos son suficientemente seguros. Estos datos evidencian a gobernantes que al diagnosticar problemas y proponer soluciones omiten una autoevaluación objetiva sobre la eficacia de sus servicios y programas, y trasladan los costos a la sociedad.

Un tercer caso es el de electricidad, en donde consumidores y empresas cuestionan permanentemente la calidad, precios y atención del servicio de CFE. Ahora esta empresa tiene un nuevo marco jurídico y una directiva más moderna, que tiene el gran reto de innovar en mecanismos de atención al consumidor y por supuesto ahora tendrá que competir con otras empresas. Aquí hay mucho por hacer, como cambiar un contrato de adhesión de los años 70, en propiciar mejores estándares, calidad y precios para los usuarios. Es la gran oportunidad para la CFE de reposicionarse frente a los consumidores.

Los puntos anteriores son sólo una muestra de cómo en México hemos diseñado servicios públicos que no generan una cultura de servicio a favor del usuario, no existe claridad ni exigibilidad de los derechos y no se abren de manera cierta las puertas a la inversión privada y social. Y es que llevamos décadas de presupuestos públicos abultados y de raquítica satisfacción de sus consumidores, en donde parece que los únicos satisfechos son políticos, burocracias, organizaciones clientelares y quienes ganan dudosas licitaciones, todo esto en el marco de una corrupción escalofriante. Por esto debe revisarse a fondo la filosofía y visión de estos servicios para que la labor política se dignifique y transite de una praxis de búsqueda del poder y de rentas económicas, a una que impulse una efectiva cultura del servicio público. Esto implica refundar los servicios públicos a partir de estándares de calidad y excelencia, presupuestos eficientes, contratos transparentes y equitativos y que incorpore elementos de mercado y de colaboración. Lo anterior sería una forma clara de ponernos todos a trabajar en la reconstrucción de confianza y comunidad que tanto necesitamos, para estar orgullosos de nuestros servicios públicos y lograr que nuestra referencia sea el Metrobús y no el del recogedor de basura que te «exige» la propina.

Miscelánea: Lo planteado por el Presidente de la República sobre el desarrollo de observatorios para evitar y combatir la corrupción será útil en el ámbito de los servicios públicos, así como en la construcción del nuevo aeropuerto y en licitaciones del sector energético.

@beraltamirano

DE AEROPUERTOS Y ELEFANTES BLANCOS

Desde hace más de una década se discute la necesidad de ampliar la capacidad de operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se parte de la premisa que las dos pistas con las que hoy cuenta el aeropuerto (que no pueden utilizarse de manera simultánea), inhiben el potencial de crecimiento de la operación misma, así como de la misma industria aeronáutica civil de país. Hoy en día se brindan 36 millones de vuelos al año. Se espera tener un crecimiento en una primera etapa a 3 pistas de uso concurrente y con un total de 50 millones de usuarios. Al límite se espera contar con 6 pistas y 120 millones de usuarios.

Estos son datos que se obtienen del portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En realidad escasea la información pública disponible sobre cómo se llegó a la conclusión de que la propuesta ganadora es la idónea. La información muestra estimaciones finales, pero desconocemos los diagnósticos, las comparaciones entre proyectos, y sobre todo cómo se llega a las proyecciones de operación. ¿Basta la nueva infraestructura aeroportuaria para ganar más mercado de vuelos y operaciones? ¿A qué aeropuertos les vamos a ganar mercado –nacionales o internacionales? ¿Cómo se vincula esta propuesta con una política integral de transporte y de desarrollo aeroportuario en todo el país? ¿Es válido tener un modelo aeroportuario con clara tendencia centralizadora? ¿En qué ganaremos con esta estrategia los consumidores? ¿Mejorarán los precios y calidad de los servicios? ¿Qué opina la industria aérea sobre el diseño del proyecto del aeropuerto ganador? ¿Contribuye o no a generar eficiencias? ¿Por qué no se incluye un proyecto de esta envergadura en el Plan Nacional de Infraestructura? Así podríamos seguir haciendo una gran cantidad de preguntas.

Por estas razones, es que Central Ciudadano y Consumidor, bajo el impulso de su Director @carlosmartinezv decidió emprender dos acciones en el sector, mismas que les invitamos a conocer y participar. En primer lugar, realizar un estudio sobre la competencia y retos del sector de aeronáutica civil, mediante el cual se contribuye a entender mejor el desarrollo de esta industria. Por el otro, a participar en el diseño e instrumentación de un Observatorio sobre este nuevo aeropuerto. Este último tema es clave, pues las decisiones tomadas hasta ahora han sido bastante reservadas. Por un lado, sabemos que ASA hizo un estudio de mercado de despachos de arquitectos que tuvieran experiencia en elaborar este tipo de proyectos, posteriormente les extendió una invitación a los mejores de entre estos, y por último designó a un jurado que determinó el proyecto ganador. Por estas razones, es que todos esperábamos que la SCT diera a conocer cuál sería la ruta a seguir para construir el nuevo aeropuerto, sus diagnósticos y sus requerimientos, pero en cambio, de la nada sacó de la chistera un proyecto ganador. Por delante vienen retos enormes: esquemas de concertación y coordinación entre autoridades de diferentes órdenes de gobierno, que determinarán los elementos técnicos, ambientales, urbanos, etc. Por el otro, una serie de licitaciones y contrataciones públicas en torno a un proyecto que será el más costoso de la presente administración –y tal vez de muchas otras. Por tratarse de un sector que ha dejado huella negativa en temas como la licitación del tren México-Querétaro o el tema de los dispositivos de pago electrónico en casetas de peaje o incluso en la transición de las televisiones analógicas a digitales, urge acompañar con metodologías reconocidas todo el proceso de construcción, para que se blinde de corrupción, de prácticas anticompetitivas o de medidas ilegales.

Reconozco que es válido plantear obras públicas de vanguardia, con diseños innovadores y apostándole a una visión de trascendencia. Sin embargo, esto debe darse con una racionalidad económica y de políticas públicas integrales, de lo contrario corremos el riesgo de que la anunciada obra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sea un elefante blanco.

La regulación desde lo local

BA34CNMR

 

La semana pasada participé en la 34 Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, gracias a la invitación del titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), Mtro. Virgilio Andrade. En este foro se reúnen las principales autoridades reguladoras de estados y municipios, con el objetivo de identificar cuáles son las mejores prácticas de regulación local, diseñar agendas y coaliciones, así como para promover el espíritu del emprendedurismo. Son semillas importantes que buscan formar cuadros profesionales en la materia.

Tuve la oportunidad de moderar una mesa muy interesante en la que participaron el Dr. Benjamín Contreras, Comisionado de Competencia Económica, y el Dr. Sergio López Ayllón, Director General del CIDE. Durante el diálogo se analizaron las principales medidas que se han tomado a nivel de la COFECE para construir alianzas y coaliciones con agentes económicos locales y así promover una mejor regulación. Por supuesto que se revisaron cuáles son los principales obstáculos presentes que desde lo local atentan contra las recientes reformas, tanto en competencia económica, como el caso de la reforma energética. Al respecto habrá que estar muy atentos para evitar que medidas regulatorias locales atenten contra la Constitución y contra la certidumbre jurídica que requieren la instrumentación de las recientes reformas. Asimismo, se comentó la complejidad que implica que la COFECE observe y vigile el desarrollo de licitaciones y contratos públicos en lo local, que sin lugar a dudas, en muchos casos atentan contra los principios más elementales de competencia económica.