La sabiduría popular permite en ocasiones entender la clara dimensión de nuestra realidad. “Dios los hace y ellos se juntan”, describe cómo las comunidades se integran por personas que responden a incentivos y conductas semejantes, donde  la virtud y el vicio, siendo los dos extremos, enmarcan la aspiración o fracaso de éstas. Así, las comunidades lanzan señales que generan identidad y atracción a sus semejantes: i) legalidad, transparencia, responsabilidad, atraerán a personas que busquen esos mismos valores; ii) corrupción, compadrazgo, influyentismo, atraen a quienes se benefician de estos elementos en la toma de decisiones.

¿Qué señales envía el país y su clase política a posibles inversionistas? Desde conflictos de interés, hasta riqueza injustificada –desde casas aquí o en el exterior, relojes, autos, viajes, etc.- ; desde alcaldes que confirman haber robado un poco y levantan faldas a sus invitadas en fiestas de 10 millones de pesos, hasta partidos que gastan en sus campañas cantidades exorbitantes e ilimitadas; desde legisladores y gobernadores que se llevan moches y comisiones millonarios por contratos y licitaciones públicas, hasta quienes ofrecen concesiones desde la SCT –trenes, aeropuertos, caminos, etc.- con ventajas para sus interés personales y políticos. La lista sería interminable, pero la nota común es la impunidad y la visión de que es la única forma de hacer las cosas en este país. Estas son las señales que se envía y de ese tamaño serán los perfiles nacionales y extranjeros que inviertan en México. Claro que existen muchos esfuerzos importantes que buscan hacer las cosas de manera legal, pero para estos es mucho más difícil y complejo.

En este escenario, y ante un gobierno que es muy gastón en infraestructura y que tiene la responsabilidad de abrir el sector energético, surge la pregunta: ¿se ahuyentarán inversiones? Algunas autoridades de manera cínica responden: por supuesto que no, estas empresas están acostumbradas e estos entornos de corrupción, como el de México. Y aquí es donde tenemos que actuar. Estoy absolutamente convencido que la empresa privada debe participar en el sector energético, ¿pero queremos que lo hagan quienes están dispuestas a llegar con portafolios de efectivo para repartirlos ilegalmente por todos lados? Si no elevamos los estándares de nuestros mercados, el riesgo es que nuestra economía se desarrolle y crezca sólo a partir de la corrupción, lo cual consolidará el poder oligárquico de algunos cuantos y aleje los beneficios sociales de estos procesos de liberalización. De ahí que urge abordar este tema y evitar que el mal endémico que tenemos, haga metástasis y sea imposible solucionarlo. Les comparto mi colaboración de hoy en Reforma Negocios.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ

DE SPRING-BREAKERS, INVERSIÓN Y ESTÁNDARES.

¿Por qué será que muchos mexicanos tienen un comportamiento en nuestro País tan contrastante con el que tienen al cruzar la frontera a EU? ¿Por qué estos no se atreverían allá ni a pasarse un semáforo? ¿Es una razón cultural, de dobles estándares o de incentivos? Mientras aquí el incentivo es a transgredir, allá es a cumplir. Esta realidad se agrava si reconocemos que este fenómeno también ocurre en sentido inverso. Basta observar cómo en esta temporada nuestras playas se saturan de los conocidos spring-breakers, quienes vienen al País a hacer todo lo que no pueden en el suyo, pues aquí el entorno lo permite e incluso fomenta. Son turistas que vienen a darle la vuelta a la ley. Derraman sus recursos a costa de depredar y corromper los nuestros.

Lo mismo pasa en el mundo de negocios. Nuestras empresas llevan varias décadas luchando por ser más productivas y competitivas. Principalmente, aquéllas que se han integrado más al comercio global, en particular al TLCAN, lo han logrado (McKinsey Global Institute 2014), gracias a elevar sus estándares a la altura de las mejores prácticas internacionales, tanto para su desempeño nacional como en el extranjero. Al respecto, las empresas tradicionales se han rezagado y cada vez la distancia entre ambas es mayor. Esta desigualdad de estándares reduce la confianza en el mercado y tiene múltiples vertientes -responsabilidad corporativa, controles de calidad, relaciones laborales, ambientales, cumplimiento regulatorio, atención a consumidores, mecanismos anticorrupción, contratación de servicios legales y relaciones públicas, entre otras-. Al igual que con los spring-breakers, lo inverso también ocurre con empresas extranjeras que operan en el País. Mientras la gran mayoría sigue estándares internacionales, existen algunas que los bajan y presentan parámetros de prácticas comerciales diferentes, lo que se refleja en un trato diferenciado a los consumidores, a la competencia y a la autoridad.

El caso más reciente es la marca Reebok, propiedad de Adidas, la cual con un mismo caso de publicidad engañosa enfrentó de manera diferente su responsabilidad frente a las autoridades y consumidores de EU y México. Mientras que allá llegó a un arreglo con la autoridad para pagar 25 millones de dólares a los consumidores engañados, aquí optó por seguir una estrategia litigiosa chicanera, la cual fue aceptada por dos instancias judiciales. Afortunadamente, la Suprema Corte le puso un alto a esta situación. Si bien Reebok actuó con base en incentivos de mercado y judiciales locales -el Papa Francisco diría que se «mexicanizó»-, es el momento de que reconozca que se equivocó y que les tendrá a autoridades y consumidores mexicanos el mismo respeto que tuvo con los de EU.

Este ejemplo ilustra las señales que manda el mercado mexicano a inversionistas extranjeros: altos niveles de corrupción gubernamental, conflictos de interés impunes, moches y comisiones, procesos judiciales opacos, derechos de propiedad inciertos, mínimo crecimiento, entre varios aspectos. Ante esta realidad, resulta prioritario fortalecer nuestro mercado y comunidad de negocios elevando estándares, donde la empresa tiene la gran oportunidad de ser el motor transformador. En inminentes inversiones, como la energética o aeroportuaria, debemos tener cuidado, pues ante las señales descritas, existen riesgos considerables de que las empresas con mayor responsabilidad corporativa -las cuales construirían capital social y humano- se alejen y así inviertan empresas spring-breakers, que tienen prácticas comerciales controvertidas y agravarán la corrupción. Por eso hay que elevar los estándares y que los nuevos inversionistas contribuyan a mejorar nuestro entorno económico y social y no a replicar malas conductas, como el despacho de litros de gasolina incompletos o prácticas anticompetitivas en servicios aeroportuarios.

En el ámbito gubernamental urge eliminar la simulación de servicio civil de carrera, para que los inversionistas conozcan mejor la trayectoria de largo plazo de los servidores. Tenemos grandes servidores públicos, que comparten riesgos y reputación con quienes abusan y tienen conflictos de interés. Hay que darles mayor brillo a los primeros y que salgan a flote los segundos. Así, un inversionista se sentará con autoridades que promueven efectivamente el interés público y no el enriquecimiento propio.

La agenda empresarial para elevar los estándares es amplia. Desde la promoción de códigos de mejores prácticas comerciales, sellos de calidad y mecanismos de autorregulación, así como lineamientos anticorrupción, como los que publicó el CCE. En el ámbito académico hay que fortalecer los contenidos de responsabilidad social y corporativa. En el ámbito judicial urge avanzar con la propuesta del Ministro José Ramón Cossío sobre la colegiación, para generar un mercado de servicios legales más transparente y con más incentivos orientados a la reputación y mérito. Al elevar nuestros estándares, construiríamos mejores incentivos de mercado y evitaremos que las nuevas oportunidades de inversión sean benéficas para spring-breakers.