¿Cuál es el incentivo en México para emprender, si existen voces muy radicales que impugnan la actividad empresarial y la competencia económica? Las campañas actuales que existen a favor del «Emprendedurismo» deben promover una visión más integral y sobre todo, coordinar esfuerzos para vincular a la empresa con el interés público. Una empresa no sólo genera empleos y bienestar, sino que es una extensión de la libertad individual: la libertad de emprender. En este sentido, la educación y cultura en nuestro país han resaltado por décadas la importancia de nuestros grandes héroes, vinculados con los actores políticos, y paulatinamente los sociales, culturales y científicos, pero hace falta darle mayor visibilidad a la gran contribución que han hecho los grandes empresarios para el desarrollo de nuestra Nación. De igual manera, desde la escuela te enseñan el valor de las empresas públicas, particularmente de PEMEX, pero no se hace énfasis sobre la evolución e impacto de las grandes empresas mexicanas, que junto con las primeras, proveen diariamente de gran cantidad de benefactores a los consumidores mexicanos. De ahí que tenemos que lanzar una estrategia integral para fortalecer la imagen de la empresa, desde el valor de la libertad, del empleo, de la educación y de la filantropía. Aquí les comparto mi artículo que me publica hoy Reforma, en el que hago una serie de reflexiones al respecto.
La Empresa y el Interés Público
Bernardo Altamirano Rodríguez
21 Feb. 14
El centro político oscila pendularmente al ritmo de la discusión política. La confrontación entre izquierda y derecha ha sido evidente en los debates fiscal, presupuestario y energético, y polariza en al menos dos aspectos claves. Por un lado, en definir si al Estado le corresponde asumir una mayor intervención en torno al desarrollo económico y modernización del País, aumentando su protagonismo y responsabilidad por encima de los de la empresa y ciudadanía. Por el otro, se polariza la relación entre el sector público y el privado, lo que deteriora la confianza en los procesos públicos. En este contexto, la empresa tiene una gran oportunidad para tomar definiciones en torno a cómo dinamizar su vinculación con el interés público, y así darle mayor visibilidad a la enorme contribución y potencial que tiene ésta en el crecimiento, desarrollo y democratización del País.
El primer paso consiste en fortalecer y ampliar la concepción y espíritu de la libertad empresarial, lo que requiere una moderna argumentación que vincule a ésta con el principio Pro Persona. Este aspecto implica ubicar esta libertad como inherente a la persona y, por tanto, el Estado no sólo debe justificar las razones por las que la limita, sino que, en cambio, debe promoverla y protegerla. Con esta vía será más eficaz la conciliación y desarrollo integral de políticas públicas en torno a tres principios constitucionales claves: libertad empresarial, derechos básicos de los consumidores y competencia económica.
De manera paralela, debe impulsarse una agenda educativa en la que se enseñe a estudiantes el valor de emprender y que se describa la historia de cómo las empresas y sus líderes han sido claves para construir esta Nación, y no sólo gracias a actores políticos y empresas públicas. La educación debe reflejar la realidad de millones de familias mexicanas en la que existen benefactores provistos diariamente tanto por marcas como por servicios públicos. En esta misma dirección convendría lanzar gran cruzada pro empresa y pro competencia, mediante la cual se difunda la relación entre la competencia y el progreso.
También debe discutirse a fondo sobre la filantropía que desarrolla la empresa. Si, por un lado, la polarización en el debate político desvirtúa el papel de la empresa, todos los actos que de ésta emanen estarán contaminados por la misma desconfianza. De ahí que urge elevar la imagen de la empresa, pues se potencia el papel de la filantropía. Si, por el otro lado lado, el Estado incrementa las exigencias recaudatorias y amplía su acción social, conviene a la empresa reorientar sus esfuerzos para impulsar mejores mecanismos de contraloría ciudadana, así como en ampliar la gama de think tanks y su incidencia en la toma de decisiones. De esta manera, la empresa contribuiría a enriquecer la pluralidad en torno a la visión y atención de los fenómenos públicos.
Una tendencia creciente en nuestro País consiste en promover programas de autorregulación que propicien un mejor cumplimiento de la ley y reduzcan costos de implementación. Existen esfuerzos importantes, pero hace falta conectarlos con el consumidor y con la autoridad, para que los primeros internalicen en su decisión de compra estas prácticas, y para que la segunda entienda que es un esquema que permite mejorar la gobernabilidad. La autorregulación en el sector empresarial es lo que la participación ciudadana en el social, en la que desde ambas vías se busca incidir en lo público.
Por último, urge avanzar en transparentar una función propia de cualquier democracia, que es la del cabildeo, la cual, en los últimos años, se ha profesionalizado y busca entender la complejidad de nuestra pluralidad. Se requieren mejores procesos de consulta y publicidad de la agenda de autoridades. Este paso contribuirá a generar mayor confianza en torno a la participación de la empresa en la apertura de nuevos mercados.
Con estas medidas, la empresa fortalecerá sus esfuerzos de informar a la sociedad cómo contribuye al interés público, a través de articular la libertad empresarial, derechos de los consumidores y competencia como una nueva visión de confianza y legalidad.
Regulación, Competencia y Consumidores 
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