Hacia una Regulación Democrática

Las recientes reformas del Pacto por México definieron un paraguas sobre el cual se definirán regulaciones de competencia, telecomunicaciones y energéticas muy complejas, tanto desde el punto de vista técnico-jurídico, como social. Es muy importante esta oportunidad para ordenar la racionalidad de nuestras regulaciones, hacerlas lo más simples posibles y hacer que éstas representen el interés público y efectivamente sean cumplidas por todas las partes. De ahí que es conveniente hablar de una «Regulación Democrática», no sólo en cuanto a su origen, proceso y motivación, sino a que impulse una nueva educación moderna, que permita nos haga internalizar la competencia económica como parte de nuestra vida diaria.

Aquí les dejo el link para el Periódico Reforma y además el texto íntegro. Bienvenidos sus comentarios.

HACIA UNA REGULACIÓN DEMOCRÁTICA

Bernardo Altamirano Rodríguez

5 Mar. 14

Las relaciones entre Estado, competencia y empresa sufrieron profundos cambios derivados de las reformas promovidas por el Pacto por México, lo que se reflejará en nuevos equilibrios. Se trata de transformaciones que definen nuevos derechos y responsabilidades para la empresa, y replantean la fuerza y alcance de órganos reguladores, así como de instancias judiciales que tenderán a resolver los conflictos. No es exagerado afirmar que vivimos una revolución regulatoria, por lo que resulta pertinente debatir sobre cómo ampliar y articular los beneficios de ésta.

Estos cambios constitucionales representan la oportunidad ideal para ordenar, en el ámbito legal y administrativo, la racionalidad y espíritu que deberá inspirar el diseño de la futura regulación económica. El primer aspecto consiste en distribuir los costos y beneficios de la regulación entre los diferentes agentes del mercado. Los esfuerzos de los reguladores harán bien en enfocar cómo generar mayor inversión, innovación tecnológica, competencia, empleo y desarrollo, pero dentro de este marco deben incluir al consumidor. Lo anterior implica sistematizar los artículos 1º, 25 y 28 de nuestra Constitución: partir de la base de que el objetivo de la regulación consiste en permitirnos gozar de nuestras libertades y derechos fundamentales -como ciudadanos y consumidores-, mediante la competencia, competitividad y crecimiento económico.

De manera específica, en el diseño legislativo de las reformas de telecomunicaciones y energética resulta indispensable profundizar en la competencia y transparencia, pues por tratarse de mercados restringidos o monopolios, se reduce el bienestar del consumidor y aumenta la vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos.

Esta revolución regulatoria encuentra dos retos adicionales. Por un lado, en el ámbito internacional, en caso de que se avance con el Acuerdo de Asociación Transpacífico, implicará nuevas medidas regulatorias que generarán exigencias de información y cumplimiento de los sectores industriales y comerciales. Por el otro, en el ámbito local, urge profundizar una mejora regulatoria que elimine barreras de entrada que no se justifican y que tiendan a reducir el comercio informal y la corrupción.

Por último, nuestros reguladores deben tener en mente la muy frágil cultura de la legalidad que afecta a todos los sectores de nuestro País. En una reciente encuesta que hizo Parametría sobre cómo los mexicanos percibimos a nuestra Constitución, se observa que el 63 por ciento de los entrevistados consideran que las leyes son realizadas por la clase política sin tomar en cuenta las opiniones de los ciudadanos. En el mismo sentido, los últimos resultados de Latinobarómetro muestran que en México solo el 37 por ciento de la ciudadanía apoya a la democracia. Asimismo, se encontró que el 55 por ciento de la población había enfrentado problemas económicos, incluso para poder comprar alimentos. En este sentido, la nueva generación regulatoria debe poner los derechos y bienestar del consumidor como centro de gravedad, lo que enfatizará su carácter social y de interés público, y no como un acuerdo cupular de beneficios restringidos.

Por estas razones es que nuestros reguladores deben ser sensibles a la realidad social y cultural, y no sólo buscar el «impecable» diseño jurídico, sino transitar a la eficaz internalización de la conducta deseada. Así como se ha cuestionado que tenemos democracia sin demócratas, corremos el riesgo de tener un mercado sin genuinos competidores ni consumidores responsables. De ahí que es indispensable propiciar una educación moderna basada en la corresponsabilidad de los asuntos públicos, en la legalidad y en la competencia, en donde estos valores sean parte de nuestra vida diaria. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de democratizar la regulación y de confirmar que la competencia es el mejor medio para encaminarnos al progreso.

Miscelánea: Es justo reconocer a la titular de la Profeco por lanzar el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que justamente bajo un principio de transversalidad busca generar una misma racionalidad en torno a las políticas proconsumidor.

@beraltamirano

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