En este Día Internacional del Consumidor dedico mi análisis a entender el mapa de agencias de reguladores que inciden en nuestra protección, ya sea mediante tutelar la competencia en general o nuestros derechos en particular, o atender temas muy especializados, como telecomunicaciones, energía y por supuesto los riesgos sanitarios. Esto nos permite tener como consumidores y empresas mayor claridad de a quién dirigirnos o qué aspectos regulatorios cuidar su cumplimiento. Les presento mi colaboración: Los Reguladores que Protegen al Consumidor.
¿Quién cuida la salud de los consumidores?
14/03/2016 por Deja un comentario
Mañana se celebra el Día Internacional del Consumidor. En este espacio hemos escrito ampliamente sobre los orígenes del festejo, y sobre los puntos que permiten integrar una nueva agenda en la materia, tanto en lo que corresponde a la industria privada, como en el terreno de servicios públicos. Así, los temas abordados han centrado su atención en la Cofece y la Profeco, siendo que las políticas a favor de la competencia y de los consumidores convergen y se complementan.
Este año para conmemorar el Día Internacional del Consumidor me enfoco en una de las principales agencias mexicanas en la materia que se ocupa de evitar que seamos perjudicados por riesgos sanitarios. Se trata de la Cofepris, quien avanza en ampliar sus competencias en los mercados de productos y servicios que pueden afectar nuestra salud: alimentos, bebidas, suplementos alimenticios, medicamentos, hospitales, donaciones de órganos, pesticidas y un largo etcétera. De ahí que resulta fundamental estudiar a fondo esta institución, para ir identificando cómo contribuir a que cumpla con sus metas de la manera más eficiente posible. Les comparto mi colaboración que publica hoy Reforma Negocios: El Día del Consumidor… y su salud.
BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
Día del consumidor… y su salud
Las políticas y acciones que inciden en el bienestar y derechos de los consumidores se desarrollan desde diferentes frentes. Por un lado, tenemos dos agencias -Profeco y Cofece- cuyas amplias funciones convergen y se complementan. Por el otro, se han venido dotando competencias a instancias que cumplen con tareas más especializadas, como el IFT, la CRE o Conapred. Asimismo, vemos al Congreso y al Poder Judicial más activos, así como más y mejores organizaciones ciudadanas. En este concierto es importante recordar dos momentos históricos clave que impulsaron el movimiento de protección de los consumidores en EU por las graves afectaciones a la salud de estos -incluso la muerte-: las crisis del elíxir de la sulfanilamida (1937) y el de la talidomida (1962). Estos trágicos acontecimientos generaron una exigencia social por un mayor control en la industria de fármacos y dieron pauta a la creación de una agencia especializada para regular y prevenir riesgos sanitarios. Se trata de la Food and Drug Administration (FDA), quien gradualmente fue extendiendo sus funciones a otros terrenos.
En México, el equivalente de esta agencia es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que, a pesar de su juventud (2001), comienza a consolidar su valor social y económico ante consumidores e industria. Sus amplísimas funciones inciden en aspectos tan cotidianos como los alimentos, bebidas, suplementos alimenticios y medicamentos que tenemos en nuestros hogares; los cosméticos que usamos a diario; así como el control sanitario de la publicidad de todos los anteriores. También abarca temas de gran relevancia en materia de salud, tanto preventiva, como en el tratamiento de enfermedades, mediante la vigilancia de los establecimientos de salud, de ahí que con frecuencia se conoce de su trabajo contra las clínicas «patito». Asimismo, desarrolla una constante batalla contra los productos milagro o contra la venta de alcohol ilegal, en donde rompió récord en 2015 al haber hecho decomisos sin precedentes. Éstas últimas funciones son las que parecen restringir la imagen de la Cofepris a una policía sanitaria, pero son sólo algunas de entre una gran variedad.
Resulta interesante observar cómo a pesar de su creciente protagonismo, existe escasa literatura sobre esta institución, así como sobre la racionalidad de la regulación contra riesgos sanitarios. Al respecto, una reciente publicación de Central Ciudadano y Consumidor recuerda que el fundamento de esta tarea se encuentra en el Artículo Cuarto Constitucional, que indica que «toda persona tiene derecho a la protección a la salud». Sin embargo, garantizar este derecho debe hacerse de una manera armónica con otros principios básicos de la misma Constitución, en donde el Estado al regular propicie la competitividad y competencia en el mercado, para que los consumidores podamos disfrutar del acceso a productos y servicios bajo su control. De esta manera, la regulación debe ser proporcional al grado de riesgo sanitario que implica la actividad industrial, para que la reducción de riesgos no inhiba el robustecimiento de mercados, ni genere precios inaccesibles. Asimismo, la regulación no debe generar cargas desproporcionadas a la industria que sólo aumenten burocracia o trámites. Así, el arte consiste en encontrar el equilibrio entre las medidas de control y protección, con el adecuado y eficiente funcionamiento de los mercados.
Esta función regulatoria se vuelve más compleja de diseñar y ejecutar en un país con profundas divisiones sociales y económicas, y en donde prevalecen múltiples retos en materia de cumplimiento de la ley, informalidad y corrupción. Por un lado, los consumidores enfrentan diferentes niveles de riesgos sanitarios dependiendo de su entorno socioeconómico, incluso al adquirir productos o servicios de la misma categoría. Por el otro, en lo industrial, vemos un sector que avanza en competitividad, procesos industriales, innovación, mientras otro que se queda rezagado, alejado de la tecnología y con productividad decreciente. Esta realidad representa un gran desafío en la generación de instrumentos regulatorios y exige un entendimiento de nuestras diferencias sociales e industriales.
En todo este panorama vemos señales de una institución que se consolida, en parte gracias a un período de estabilidad, en donde por más de 5 años su extitular Mikel Arriola dio buenos resultados. De ahí el acierto en el nombramiento del nuevo titular, Julio Sánchez y Tépoz, quien por su previa experiencia en Profeco, Cofeco y la misma Cofepris, anticipa que desarrollará una visión integral. Esta estabilidad da resultados, permite enfocar mejor los programas y presupuestos, y contribuye a una mejor evaluación y rendición de cuentas. De ahí que incluso sería conveniente que el Congreso pudiera definir la duración del mandato del titular de Cofepris y demás comisionados. Sin duda existen retos enormes, pero en este Día Internacional del Consumidor tenemos razones para reconocer a una institución que avanza en cumplir sus funciones de bienestar social y de desarrollo económico.
¿Cómo funcionan las reseñas de negocios?
01/03/2016 por Deja un comentario
¿Qué tan frecuentemente consultas reseñas de negocios en línea? ¿Lo haces para seleccionar vuelos, aviones, restaurantes, etc? ¿Qué criterio sigues para tomar decisiones? Como empresario, ¿sabes cómo navegar en este complejo mundo de reseñas? ¿Cómo inciden éstas en la reputación de tu empresa?
En ocasiones navegamos por sitios que presentan reseñas de negocios, que en un principio parecen objetivas y de utilidad para los consumidores. En el fondo existe todo un complejo esquema comercial y de publicidad escondida, que mucho se aleja de ser una ventana transparente que nos permita identificar a los mejores negocios.
Por el otro lado, como empresarios, en ocasiones observas que tu competencia tiene reseñas muy positivas -exageradas dirías-, y en cambio tu careces de las mismas o tienes comentarios muy negativos que te sorprenden por no ser conformes con la realidad. ¿Qué haces al respecto? ¿Sabes qué han habido juicios contra sitios de reseñas por hacerles «bully» a los negocios que no pagan precios altos por tener calificaciones altas?
En fin, es un esquema más complejo de lo que parece a simple vista, por lo que del lado del consumidor o de la empresa, resulta fundamental saber con detalles los pormenores de este creciente fenómeno. Estamos frente a una oportunidad de construir canales de comunicación confiables e íntegros, por lo que hay que evitar engaños, abusos y manipulaciones. Les invito a leer mi colaboración en Fortuna y Poder: ¿Afectan las reseñas a mi negocio?
Hasta pronto.
La Reputación de la Empresa y la Confianza en el Mercado
17/02/2016 por Deja un comentario
¿Cómo construyes la reputación de tu empresa? ¿Los consumidores confían en tus productos o servicios? Ahora velo a nivel del mercado o industria: ¿qué tanto tu sector goza de confianza con los consumidores?
Estas preguntas son importantes, pues de la buena reputación y confianza se puede generar mayor dinamismo y crecimiento en los negocios. Por lo que resulta fundamental avanzar en mecanismos que permitan a las empresas que realizan buenas prácticas comerciales, a ganarse la confianza de los consumidores. Los invito a leer mi colaboración en Fortuna y Poder.
Herencia compartida entre EUA y México: rumbo a un mundo de negocios sin fronteras.
16/02/2016 por Deja un comentario
Ayer tuve el honor de ser conferencista en el McCoy College of Business, de la Texas State University, en su Business Leadership Week.
La invitación me llamó de sobremanera la atención, pues fue en homenaje al trabajo de un líder de origen mexicano, Tomás Rivera, quien durante su vida académica en EUA (tanto en Texas, como en California), buscó generar puentes entre ambas naciones. En este contexto, me invitaron para que expusiera porqué razones estamos construyendo y desarrollando el Better Business Bureau (BBB) en México.
La reflexión que hice partió de explicar las grandes diferencias que existen en materia económica, política, social, legal y para los negocios, entre ambos países. Uno de los aspectos de mayor relevancia en esta comparación es la gran cantidad de regulaciones que existen en México (de acuerdo con el índice de libertades económicas del Cato Institute estamos por encima del lugar 90). Esto significa que sobrerregulamos nuestra vida económica y empresarial. Así que enfrentamos una contradicción, pues por un lado impulsamos desde hace varios años una profunda apertura comercial, mediante tratados. Por el otro, en el ámbito interno, ya sea federación, estados o municipios, ponen un yugo regulatorio muy fuerte a la actividad empresarial, lo que propicia su asfixia. Las regulaciones son restrictivas y no generan los incentivos para emprender ni abrir un negocio. Esta es una de las verdaderas razones de las migraciones, las graves asimetrías en la productividad y de la incapacidad de que los mexicanos desarrollen proyectos empresariales competitivos.
En este contexto, la importancia de contar con una BBB consiste en apoyar a los empresarios y profesionistas mexicanos que están comprometidos a hacer las cosas de manera correcta, a promover mejores prácticas comerciales, ética empresarial, en fin, una verdadera comunidad de confianza. Justamente con BBB queremos contribuir a cambiar la cultura empresarial, para que los incentivos se alineen en favor del emprendedurismo, legalidad, información y satisfacción de los consumidores. Queremos que BBB contribuya a generar incentivos positivos tanto de los consumidores, como de los negocios y profesionistas.
Los alumnos estuvieron muy participativos y con ganas de involucrarse con nosotros desde allá. Claro que estaremos encontrando fórmula de incorporar jóvenes tan talentosos.
Las PYMES y la privacidad de datos de sus clientes.
29/01/2016 por Deja un comentario
Esta semana inicio una etapa de colaboraciones quincenales en el Blog de Marco Antonio Mares, Fortuna y Poder.
La primera entrega la dedico al tema de la semana: la protección de privacidad de datos, cuyo día internacional se celebró el pasado 28 de enero. Durante estos días, a través de Better Business Bureau México, hemos diseñado una serie de productos informativos sobre protección de datos personales y privacidad, ciberseguridad y robo de identidad. Estos aspectos son algunos de los principales retos comerciales de la era digital, pues implica riesgos y vulnerabilidades que afectan a millones de consumidores en todo el mundo.
El lado positivo de la moneda es generar una cultura empresarial a favor de la privacidad de datos. No importa el tamaño de las PYMES, puede ser un consultorio dental, un contratista, un despacho de abogados o la marca más importante de comercio on-line, lo relevante es que conozcan las regulaciones que deben cumplir en la materia, y que lo hagan de tal manera que generen confianza con sus clientes. Aquí está el meollo del asunto, pues no se trata de cumplir regulaciones desde una óptica burocrática, sino reconocer que éstas se encuentran diseñadas para proteger un bien fundamental de los consumidores: su identidad y privacidad. De ahí que las empresas y profesionistas, al cumplir sus obligaciones en la materia, deben generar fuerza comercial y crecer, mediante garantizar a sus clientes que los datos personales que estos depositan son debidamente salvaguardados.
En esta colaboración explico cómo las PYMES pueden ser mejores negocios mediante una adecuada política de privacidad de datos.
¿Protección al consumidor «reloaded»?
14/01/2016 por 4 comentarios
En el Senado de la República existe la posibilidad de que se impulse una profunda reforma en materia de protección al consumidor. La iniciativa es un gran avance al incorporar temas que no se han atendido anteriormente y que ahora ampliarán la protección, sobre todo en materia de seguridad de producto y comercio electrónico. Si bien se expande la agenda temática, no se modifica la racionalidad y modus operandi de la Profeco. Este es un tema clave que debe discutirse a fondo. Como lo he dicho desde hace varios años, el modelo de protección se encuentra superado, por lo que la presente iniciativa es una gran oportunidad para un debate social, en el que se discutan los principios y mecanismos adecuados de protección, que por un lado fortalezcan a los consumidores, impulsen la libertad y responsabilidad empresarial -particularmente con las Pyme-, y consoliden el papel de la Profeco, en tanto autoridad. Para avanzar en la protección al consumidor no basta solo fortalecer a la Profeco, necesitamos consumidores más exigentes de sus derechos y responsabilidades, empresas modernas comprometidas con la competencia y los consumidores, y una autoridad que pueda actuar con certidumbre y contundencia.
Les comparto mi colaboración que aparece hoy en Reforma Negocios.
BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
¿Protección al consumidor reloaded?
La iniciativa de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor presentada por los senadores Héctor Larios, Ana Lilia Herrera, Miguel Barbosa, entre otros, e impulsada por la ex Procuradora Lorena Martínez, es el preámbulo de una potencial reforma profunda que no se observa desde los años 90.
Como cualquier proyecto, tiene aciertos y oportunidades de mejora. Lo que resulta fundamental es no perder de vista la naturaleza de la función que busca fortalecerse, la cual consiste en corregir externalidades o fallas de mercado propias de una relación de debilidad de los consumidores frente a los proveedores, mediante la definición de responsabilidades administrativas a las empresas.
En este sentido, el análisis de esta iniciativa debe partir de valorar si la nueva regulación que se contempla es racional y justificable, si los proveedores privados y públicos tendrán la capacidad material de observar la ley, y si la autoridad contará con los recursos para hacer que ésta se cumpla con base en instrumentos conformes a nuestra realidad económica y social. La iniciativa es muy amplia, por lo que sólo abordaremos algunos aspectos.
En los años 70, en EU, se creó la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, especializada en regular y verificar que los productos que se comercialicen no impliquen un riesgo contra los consumidores -electrónicos, juguetes, textiles y accesorios para bebé, etc. De ahí que los consumidores y empresas de EU tengan tan claro en sus prioridades que la seguridad es primero. Si bien es un tema muy precario en nuestra regulación, en los últimos años, México ha participado en medidas regionales importantes, como la Cumbre de Seguridad de Producto que organizó la OEA en Colombia o la Tercer Cumbre de Seguridad de Producto para el TLCAN. La iniciativa avanza en materia de seguridad de producto y define responsabilidades sobre emisión de alertas, llamados a revisión (recalls) y retiro de productos. Es un gran acierto este tema, pues implica avanzar en un mercado más seguro. Sin duda las cargas regulatorias que se generarán se justifican para evitar riesgos y daños a nuestra integridad física. Sin embargo, el gran pendiente será cómo evitar que productos riesgosos se sigan comercializando en la informalidad.
A nivel global se han buscado entender los nuevos retos y riesgos que implica el comercio electrónico, por lo que esta iniciativa enfoca adecuadamente las nuevas herramientas aplicadas en las principales economías, sobre todo en materia de requerir a los proveedores que adopten mecanismos técnicos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección y confidencialidad de la información de los usuarios. Esto, ante la creciente amenaza de robo de datos y de identidad. Adicionalmente, se prevé fortalecer la regulación de dos industrias que en años recientes han estado bajo la lupa, como son el caso de las ventas directas y los tiempos compartidos.
Por otro lado, se busca dotar a la Profeco con nuevos instrumentos de vigilancia, verificación y coerción, para hacer que la ley se cumpla. Este aspecto amerita una revisión a fondo, sobre todo buscando que se incentiven mejores prácticas comerciales y que la coerción parta del reconocimiento de la buena fe de las empresas y sea la ultima ratio. Esto cobra mayor relevancia entre las Pyme, quienes por error o ignorancia enfrentan múltiples multas y clausuras. Mucho podríamos aprender del extinto modelo británico de la Office of Fair Trading, quien impulsaba buenas prácticas y capacitación a las Pyme, pues la mejor protección al consumidor empieza desde el fomento de una moderna cultura empresarial. Formar buenos empresarios es invertir en construcción de ciudadanía. La coerción per se no genera esta cultura, por lo que conviene replantear las responsabilidades de las Pyme en la iniciativa.
Adicionalmente, la iniciativa recurre a mecanismos rígidos de regulación, cuando la tendencia internacional consiste en impulsar esquemas de autorregulación. Esto incluso fue abordado en los trabajos del reciente Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor celebrado en Perú, donde las autoridades reconocen que tienen que avanzar en esta dirección.
Por último, esta iniciativa apuntaría a una SuperProfeco, por lo que urge complementarla con medidas de fortalecimiento institucional, como el establecimiento de un período legal de su titular. Además, brindar autonomía al área de investigación respecto de la instancia sancionadora. Por último, generar mayores espacios bajo los cuales intervengan los jueces y tribunales.
La iniciativa en comento sería un gran paso en cuanto a los nuevos temas que incorpora. Sin embargo, para que sea una reforma integral falta cambiar el modelo de protección, para que sea menos centralista, burocrático e inquisitorial. Aprovechemos esta oportunidad para transitar a un nuevo modelo basado en la confianza y corresponsabilidad entre gobierno, empresa y sociedad.
***
Como lo señalo en el artículo, el año pasado fue de intensa participación en foros internacionales. Tuve la oportunidad de ser ponente en el International Consumer Product Health and Safety Organization (ICPHSO), en donde expuse el marco de seguridad de producto en México, comparado con sus socios comerciales EUA y Canadá; la Cumbre de Seguridad de Producto organizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Superintendencia de Comercio de Colombia (SIC), en donde expuse cómo fortalecer la reputación de las empresas que desarrollan buenos procesos de seguridad de producto (aquí puede verse la conferencia); el Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor (FIAGC), celebrado en Perú, donde abordé el tema de la autorregulación y las mejores prácticas comerciales; finalmente la Tercera Cumbre de Seguridad de Productos del TLCAN, en México, en donde expuse cuáles son las mejores prácticas en la materia. Aquí les comparto algunos testimonios fotográficos.
Orden de las fotografías: 1) En Colombia con la Directora de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA, Evelyn Jacir, evento al que fui invitado por la SIC de Colombia; 2) Las siguientes fotos fueron en el FIAGC de Perú: i) con el Presidente del INDECOPI de Perú, Hebert Tassano, quien me hizo favor de invitar; ii) Carlos Arnaiz, Vicepresidente de la agencia española responsable de la protección al consumidor; iii) Yanci Urbina, titular de la agencia de El Salvador; iv) Mónica Ramírez, Superintendente Delegada de Colombia, y Cynthia Zapata, titular de la materia en Costa Rica, quien por cierto, será la próxima presidenta del FIAGC; v) Juan Luís Crucelegui, Jefe de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor de la UNCTAD, en donde participo en el Grupo de Expertos de Competencia y Políticas del Consumidor COMPAL
Discutamos la Competencia.
22/10/2015 por Deja un comentario
Ayer tuve la oportunidad de participar el el programa Espiral, conducido por Ricardo Raphael. El tema sobre el cual reflexionamos es el de las recientes reformas en materia de competencia económica. ¿Es suficiente reformar la ley para que se decrete la competencia en los mercados? ¿Es un tema institucional, de incentivos o cultural? ¿México tiene una visión unívoca en la materia? ¿Cómo podemos avanzar en empresas que sepan competir más y que esto genere mayor beneficio social?
Estos son algunos de los aspectos sobre los cuales se reflexionó junto con la Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Alejandra Palacios, Manuel Molano del IMCO, Lucía Ojeda de SAI Consultores y su servidor. Este tipo de reflexiones son fundamentales, pues si bien el tema de competencia económica es de alta complejidad técnica, también debe evaluarse desde un punto de vista de modelo de sociedad y mercado.
Participación en el Foro Internacional sobre Seguridad de Producto en Colombia.
13/09/2015 por Deja un comentario
La primera semana de septiembre tuve el honor de participar en el Primer Congreso Internacional sobre Seguridad de Productos, organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. El encuentro se desarrolló en la bellísima ciudad de Cartagena y fue la oportunidad para convocar a especialistas y autoridades de latinoamericanas, estadounidenses y organismos internacionales, como la OEA y la OPS.
Claramente existe en las autoridades latinoamericanas una clara intención de avanzar en el tema de seguridad de producto, tanto desde la perspectiva de regulación y normatividad, de los mecanismos para construir mayor responsabilidad de las empresas y conocimiento y educación de los consumidores. Mi participación estuvo orientada a reflexionar sobre cómo la integridad y confianza de una empresa en materia de seguridad de producto, contribuye a avanzar en su reputación y mejor imagen con consumidores, competidores y reguladores. De ahí que resulta fundamental identificar un adecuado esquema de cumplimiento regulatorio, recalls, manejo de crisis y comunicación corporativa, entre otros aspectos.
Muchas gracias al Superintendente de Industria y Comercio y a la Superintendente Delegada en materia de protección al consumidor, por haberme invitado. Sin duda hay mucho que recorrer en todos nuestros países, y estos espacios son de gran utilidad para compartir experiencias y prioridades.
Aquí me encuentro con buenos amigos, como Evelyn Jacyr, quien en la OEA creó la Red de Alertas Rápida, Josep Tous, experto internacional, y las autoridades de República Dominicana.
¡Rompamos el legado mercantilista y construyamos el del liberalismo!
23/07/2015 por Deja un comentario
En América Latina, en general, y en México, en particular, las políticas y programas gubernamentales que buscan atender nuestros graves problemas estructurales, están contaminadas por fantasmas y mitos de nuestro pasado, y por eso a la clase política se ha especializado en manipular y pelear contra molinos de viento. La sociedad queda confundida por estas acciones y conflictos. En realidad, lo que tenemos que reconocer es que no hemos enfrentado nuestro problema de fondo: el legado que nos dejó el virreinato sigue vigente más que nunca. Seguimos teniendo una visión mercantilista y por eso nuestras economías siguen subordinadas al interés político, no al bienestar social ni al desarrollo individual. La medida más urgente que debemos tomar en el presente es avanzar en una agenda liberal, en lo político y económico. Debemos dejar de pensar en un Estado benefactor, que por un lado no ha sido eficaz en combatir la pobreza, pero por el otro lado, ha sido muy eficaz en frenar la iniciativa e ímpetu de crecimiento de los ciudadanos. Les invito a leer este artículo que me publica Foreign Affairs Latinoamérica.
Los maestros… y alumnos.
15/05/2015 por Deja un comentario
En este Día del Maestro tengo una doble razón para festejar y disfrutar. Por un lado, continuar con la confianza del ITAM, quien desde hace diez años me ha dado la oportunidad de dialogar, reflexionar, debatir y aprender de sus alumnos. En este semestre impartí el segundo curso sobre «La Empresa ante la Regulación, la Competencia y los Consumidores». Gracias a los alumnos por enriquecer el contenido y el análisis y por, en esta ocasión, haber tenido que madrugar para clase de 7:00 am. Juntos revisamos las principales razones por las que el Estado limita o restringe las libertades económicas, y en particular la empresarial, por razones de tutelar la competencia económica o derechos de los consumidores. Asimismo, presentaron 7 casos de de gran relevancia y actualidad, en donde existen conflictos en materia de normas técnicas, publicidad, contratos de adhesión, tutela de la competencia, concentraciones, mercados regulados (PEMEX o aeronáutica), incluso el tema Google. Agradezco a una de las mejores abogadas en materia de competencia económica, Laura Méndez, que me haya hecho favor de acompañar en este curso para brindarles el capítulo respectivo de una manera dinámica y atractiva.
«La Empresa ante la Regulación, la Competencia y los Consumidores. ITAM, mayo 2015.
Por el otro lado, este semestre tuve la muy grata experiencia de ser profesor de asignatura en la UNAM. Gracias a la Dra. Issa Luna Pla, di el curso sobre «Régimen Jurídica de la Publicidad», a alumnos de la Licenciatura de Comunicación, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias a un grupo de gran talento y compromiso, no solo estudiamos los principales aspectos de la regulación comercial, sanitaria y financiera que incide en la publicidad. Además, analizamos cerca de 40 casos en los que las autoridades han sancionado productos publicitarios por ser ilegales, abusivos o engañosos. El análisis de estos casos es de gran importancia para entender qué tipo de empresas son realmente abusivas y engañan intencionalmente, y cuáles buscan corregir y enmendar sus afirmaciones publicitarias. Agradezco a Jorge Paz Arellano, quien me acompañó en este curso y con su gran experiencia en derecho de la información, contribuyó a encontrar la información pública adecuada para el análisis y discusión de los casos.
Régimen Jurídico de la Publicidad. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mayo 2015.
Zapata lucharía por Uber y los food trucks.
12/05/2015 por Deja un comentario
¿Cómo analizar caso de Uber a la luz de principios políticos y económicos básicos? ¿Tendría algo que opinar al respecto Emiliano Zapata? Estoy convencido que sí, pues su lucha fue por la pequeña propiedad y nuestra libertad económica. En las ciudades, Zapata lucharía porque el emprendedor, el innovador, el que se autoemplea, pudieran romper las cadenas de un Estado sobrerregulador y voraz. Apoyaría a quienes tienen una pequeña propiedad tipo food truck y que le quiere agregar valor. Hay que estudiar más a Zapata y entender sus luchas agrarias, desde una perspectiva urbana, pues el opresor de inicios del S. XX es muy diferente al de hoy, pero en ambos casos existe ese principio fundamental en que hay que reconocer a la propiedad privada como una libertad fundamental, la cual con el trabajo se le agrega valor y genera beneficios sociales y por tanto es el medio idóneo para desarrollarnos de manera autónoma. Les invito a leer mi colaboración en Animal Político: Zapata lucharía por Uber y los food trucks.
De Springbreakers, Inversión y Estándares.
17/04/2015 por Deja un comentario
La sabiduría popular permite en ocasiones entender la clara dimensión de nuestra realidad. “Dios los hace y ellos se juntan”, describe cómo las comunidades se integran por personas que responden a incentivos y conductas semejantes, donde la virtud y el vicio, siendo los dos extremos, enmarcan la aspiración o fracaso de éstas. Así, las comunidades lanzan señales que generan identidad y atracción a sus semejantes: i) legalidad, transparencia, responsabilidad, atraerán a personas que busquen esos mismos valores; ii) corrupción, compadrazgo, influyentismo, atraen a quienes se benefician de estos elementos en la toma de decisiones.
¿Qué señales envía el país y su clase política a posibles inversionistas? Desde conflictos de interés, hasta riqueza injustificada –desde casas aquí o en el exterior, relojes, autos, viajes, etc.- ; desde alcaldes que confirman haber robado un poco y levantan faldas a sus invitadas en fiestas de 10 millones de pesos, hasta partidos que gastan en sus campañas cantidades exorbitantes e ilimitadas; desde legisladores y gobernadores que se llevan moches y comisiones millonarios por contratos y licitaciones públicas, hasta quienes ofrecen concesiones desde la SCT –trenes, aeropuertos, caminos, etc.- con ventajas para sus interés personales y políticos. La lista sería interminable, pero la nota común es la impunidad y la visión de que es la única forma de hacer las cosas en este país. Estas son las señales que se envía y de ese tamaño serán los perfiles nacionales y extranjeros que inviertan en México. Claro que existen muchos esfuerzos importantes que buscan hacer las cosas de manera legal, pero para estos es mucho más difícil y complejo.
En este escenario, y ante un gobierno que es muy gastón en infraestructura y que tiene la responsabilidad de abrir el sector energético, surge la pregunta: ¿se ahuyentarán inversiones? Algunas autoridades de manera cínica responden: por supuesto que no, estas empresas están acostumbradas e estos entornos de corrupción, como el de México. Y aquí es donde tenemos que actuar. Estoy absolutamente convencido que la empresa privada debe participar en el sector energético, ¿pero queremos que lo hagan quienes están dispuestas a llegar con portafolios de efectivo para repartirlos ilegalmente por todos lados? Si no elevamos los estándares de nuestros mercados, el riesgo es que nuestra economía se desarrolle y crezca sólo a partir de la corrupción, lo cual consolidará el poder oligárquico de algunos cuantos y aleje los beneficios sociales de estos procesos de liberalización. De ahí que urge abordar este tema y evitar que el mal endémico que tenemos, haga metástasis y sea imposible solucionarlo. Les comparto mi colaboración de hoy en Reforma Negocios.
BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
DE SPRING-BREAKERS, INVERSIÓN Y ESTÁNDARES.
¿Por qué será que muchos mexicanos tienen un comportamiento en nuestro País tan contrastante con el que tienen al cruzar la frontera a EU? ¿Por qué estos no se atreverían allá ni a pasarse un semáforo? ¿Es una razón cultural, de dobles estándares o de incentivos? Mientras aquí el incentivo es a transgredir, allá es a cumplir. Esta realidad se agrava si reconocemos que este fenómeno también ocurre en sentido inverso. Basta observar cómo en esta temporada nuestras playas se saturan de los conocidos spring-breakers, quienes vienen al País a hacer todo lo que no pueden en el suyo, pues aquí el entorno lo permite e incluso fomenta. Son turistas que vienen a darle la vuelta a la ley. Derraman sus recursos a costa de depredar y corromper los nuestros.
Lo mismo pasa en el mundo de negocios. Nuestras empresas llevan varias décadas luchando por ser más productivas y competitivas. Principalmente, aquéllas que se han integrado más al comercio global, en particular al TLCAN, lo han logrado (McKinsey Global Institute 2014), gracias a elevar sus estándares a la altura de las mejores prácticas internacionales, tanto para su desempeño nacional como en el extranjero. Al respecto, las empresas tradicionales se han rezagado y cada vez la distancia entre ambas es mayor. Esta desigualdad de estándares reduce la confianza en el mercado y tiene múltiples vertientes -responsabilidad corporativa, controles de calidad, relaciones laborales, ambientales, cumplimiento regulatorio, atención a consumidores, mecanismos anticorrupción, contratación de servicios legales y relaciones públicas, entre otras-. Al igual que con los spring-breakers, lo inverso también ocurre con empresas extranjeras que operan en el País. Mientras la gran mayoría sigue estándares internacionales, existen algunas que los bajan y presentan parámetros de prácticas comerciales diferentes, lo que se refleja en un trato diferenciado a los consumidores, a la competencia y a la autoridad.
El caso más reciente es la marca Reebok, propiedad de Adidas, la cual con un mismo caso de publicidad engañosa enfrentó de manera diferente su responsabilidad frente a las autoridades y consumidores de EU y México. Mientras que allá llegó a un arreglo con la autoridad para pagar 25 millones de dólares a los consumidores engañados, aquí optó por seguir una estrategia litigiosa chicanera, la cual fue aceptada por dos instancias judiciales. Afortunadamente, la Suprema Corte le puso un alto a esta situación. Si bien Reebok actuó con base en incentivos de mercado y judiciales locales -el Papa Francisco diría que se «mexicanizó»-, es el momento de que reconozca que se equivocó y que les tendrá a autoridades y consumidores mexicanos el mismo respeto que tuvo con los de EU.
Este ejemplo ilustra las señales que manda el mercado mexicano a inversionistas extranjeros: altos niveles de corrupción gubernamental, conflictos de interés impunes, moches y comisiones, procesos judiciales opacos, derechos de propiedad inciertos, mínimo crecimiento, entre varios aspectos. Ante esta realidad, resulta prioritario fortalecer nuestro mercado y comunidad de negocios elevando estándares, donde la empresa tiene la gran oportunidad de ser el motor transformador. En inminentes inversiones, como la energética o aeroportuaria, debemos tener cuidado, pues ante las señales descritas, existen riesgos considerables de que las empresas con mayor responsabilidad corporativa -las cuales construirían capital social y humano- se alejen y así inviertan empresas spring-breakers, que tienen prácticas comerciales controvertidas y agravarán la corrupción. Por eso hay que elevar los estándares y que los nuevos inversionistas contribuyan a mejorar nuestro entorno económico y social y no a replicar malas conductas, como el despacho de litros de gasolina incompletos o prácticas anticompetitivas en servicios aeroportuarios.
En el ámbito gubernamental urge eliminar la simulación de servicio civil de carrera, para que los inversionistas conozcan mejor la trayectoria de largo plazo de los servidores. Tenemos grandes servidores públicos, que comparten riesgos y reputación con quienes abusan y tienen conflictos de interés. Hay que darles mayor brillo a los primeros y que salgan a flote los segundos. Así, un inversionista se sentará con autoridades que promueven efectivamente el interés público y no el enriquecimiento propio.
La agenda empresarial para elevar los estándares es amplia. Desde la promoción de códigos de mejores prácticas comerciales, sellos de calidad y mecanismos de autorregulación, así como lineamientos anticorrupción, como los que publicó el CCE. En el ámbito académico hay que fortalecer los contenidos de responsabilidad social y corporativa. En el ámbito judicial urge avanzar con la propuesta del Ministro José Ramón Cossío sobre la colegiación, para generar un mercado de servicios legales más transparente y con más incentivos orientados a la reputación y mérito. Al elevar nuestros estándares, construiríamos mejores incentivos de mercado y evitaremos que las nuevas oportunidades de inversión sean benéficas para spring-breakers.
¿Reforma integral de la Profeco?
16/04/2015 por Deja un comentario
En días recientes se ha abierto el debate sobre la posibilidad de hacer una reforma integral a la Ley Federal de Protección al Consumidor y consecuentemente de la Profeco. Al respecto, les comparto la entrevista que me hicieron en Reforma Negocios y se publica hoy, en donde analizamos diferentes oportunidades para mejorar la tutela de los derechos de los consumidores. En la nota se enfatizan las propuestas en materia de verificación, pero quisiera retomar otros aspectos también propuestos.
Desde diciembre de 2011 señalé que el modelo de protección al consumidor en México está superado, pues éste se caracteriza por una visión centralista, inquisitoria y excluyente. En este sentido, el dotar a una sola instancia de todo un conjunto de atribuciones en la materia ha excluido que participen y tengan responsabilidades otros niveles de gobierno, las organizaciones de consumidores, la empresa y otros grupos de interés. En ese sentido, desde hace al menos 20 años las relaciones entre Estado y empresa han cambiado radicalmente, y por lo mismo es importante reorientar el papel de instituciones como la Profeco. Al respecto, convendrá distribuir mecanismos de protección a otras instancias y transitar a un modelo basado en la corresponsabilidad y construcción de confianza.
Aquí hay dos aspectos clave. Por un lado, la definición de los derechos básicos de los consumidores. En este terreno pienso que nuestra legislación comparte elementos con las regulaciones y políticas públicas más avanzadas en el mundo. Por el otro lado, los mecanismos de los que dispone la autoridad –la Profeco- para verificar el debido cumplimiento de la ley. Aquí es donde se encuentra el debate sobre la eficacia y eficiencia de los instrumentos de verificación. Al respecto he escrito en otras oportunidades lo burocrática y compleja que es la función de verificación a cargo de diferentes instituciones que hacen visitas a establecimientos comerciales, por lo que amerita un debate transversal y profundo, que permite generar mayor certidumbre jurídica y que el cumplimiento de la ley sea generalizado. Asimismo, también he escrito que para aligerar la carga de los costos de verificación, se deben introducir incentivos de mercado.
En la entrevista hago mención expresa que en el terreno de combustibles ya no tiene razón que la Profeco tenga toda un área de verificación de combustibles, dado que la reciente reforma energética genera nuevos incentivos de mercado para que la competencia sea la base de un nuevo marco de cumplimiento de la ley. Este planteamiento lo sostengo desde que entró en vigor las NOMs 005 y la 185 en materia de despacho de gasolina, pues el diseño histórico con el que se ha pretendido que los consumidores gocen litros de a litro parece una paradoja: el Estado (vía Pemex), que hasta hoy, es quien goza de la venta exclusiva de gasolina en el país y quien tiene también la exclusividad de otorgar franquicias para que particulares abran estaciones de servicio, le otorga a otra entidad del mismo Estado (Profeco), la responsabilidad de que verifique que no nos roben, cuando en realidad debería generar un mercado con más competencia y rivalidad entre proveedores. En pocas palabras es el mismo perro persiguiéndose la cola. La competencia generará una nueva dinámica de verificación en el sector de gasolina y gas LP.
Otro aspecto clave en materia de verificación, es que al igual como se avanzó en el diseño de la actual COFECE, en la Profeco se deben dividir las áreas de verificación e investigación, de las que resuelvan los procedimientos para que se sustancien en forma de juicio y eventualmente conduzca a una sanción.
Por último, les comparto nuevamente un policy brief que Central Ciudadano y Consumidor y CIDAC hicieron en 2013, “Políticas de Competencia y Protección al Consumidor: Hacia una convergencia necesaria”, en donde a partir del análisis de diferentes mercados, así como sistemas de protección de consumidores y competencia más avanzados en el mundo, proponemos la fusión entre la hoy COFECE y la Profeco, con el objeto de que ambas políticas converjan para así avanzar en ampliar el bienestar de los consumidores y el ejercicio de sus derechos.
El ABC en la crisis del huevo.
09/04/2015 por Deja un comentario
Hoy, como en 2012, el mercado del huevo enfrenta un problema de alzas considerables en los precios. En la ocasión anterior, el origen del problema fue la gripe aviar que generó escasez en el abasto y comercialización del producto e impactó gravemente en los precios en varias zonas del país. Ahora, las autoridades no han atribuido este encarecimiento a un problema sanitario. Al respecto vale la pena leer el análisis de Carlos Martínez, quien revisa el comportamiento estacional del precio del huevo y sobre todo lo vincula con una posible afectación debido a precios internacionales. Incluso el propio Secretario de Economía declaró que se busca identificar el origen del incremento y poder tomar las acciones contra los responsables de esta situación. Asimismo descartó que se tratara de un problema de temporada o de abastecimiento. Esta declaración detonó una serie de acciones gubernamentales. En este contexto es donde conviene identificar el papel que en esta crisis corresponde a consumidores, autoridades, políticos e industria.
El huevo es la principal proteína de origen animal que consumimos los mexicanos. Somos el consumidor número uno en el mundo (promedio de 22 kg por persona al año). Por eso el alza en el precio no es un tema menor. No obstante esta relevancia, los consumidores somos los soberanos de los mercados y tenemos la opción de elegir otros alimentos y con la correspondiente reducción de la demanda, contribuir a que baje y se estabilice el precio del huevo. Además, nos corresponde denunciar actos ilegales.
De manera intrínseca con el tema de los consumidores, está el papel de la Profeco, quien en estas circunstancias despliega una estrategia de vigilancia y verificación en establecimientos, con el objeto de identificar posibles infracciones a la Ley y violaciones a los derechos básicos de los consumidores, así como prácticas abusivas, coercitivas o engañosas, para lo cual cuenta con diferentes instrumentos coercitivos como multas, suspensiones y clausuras. Eventualmente en caso de encontrar casos de acaparamiento, puede hacer la denuncia correspondiente al ministerio público, pues son responsabilidades de carácter penal. Asimismo, en caso de identificar prácticas que pudieran ser monopólicas, puede abrir una denuncia con la COFECE. El punto fino en la interpretación jurídica, es cómo pueden sistematizarse aquellas prácticas industriales o comerciales en detrimento de la sociedad, que el artículo 28 constitucional advierte que serán castigadas con severidad, en relación con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento en cuanto a que un tipo de práctica abusiva es la manipulación de precios. Resulta oportuno que la Profeco emita criterios y lineamientos de cómo interpretar y aplicar estas disposiciones. Asimismo, es muy importante vincular cómo bajo el principio Pro Persona que establece nuestra Constitución, la Profeco también asume responsabilidades en cuanto a la protección y defensa de derechos fundamentales, como el de alimentación. Al respecto, escribí hace tiempo un paper sobre la argumentación jurídica y política pública que siguió la Profeco en 2012 al enfrentar la crisis de gripe aviar: Derechos básicos de los consumidores, mercado global y derechos humanos. El caso de México.
El tema de competencia económica es el más atractivo, dada la reciente reforma legal. Al respecto, la Comisionada Presidenta de la COFECE declaró que se inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas, para identificar si se acredita la manipulación de precios, así como la eventual segmentación de mercados. Para cumplir esta tarea, esta agencia tiene ahora mecanismos de verificación e investigación muy robustos, semejantes a los que ocurren en las principales agencias “antitrust” en el mundo, como es el caso de que la COFECE en sus diligencias pueda tener acceso a cualquier oficina, computadora, archivero, etc., o el caso de ofrecer reducir sanciones a quien haya participado en prácticas ilegales y coadyuve con la investigación (los famosos whistleblowers). Esto representa que la agencia tiene la facultad de revisar a detalle todo lo que sea de su interés y en caso de encontrar elementos que permitan probar la práctica monopólica, lo usará en la investigación misma. Otro aspecto clave en este caso será la determinación del mercado relevante y el poder sustancial de cada procesado, así como ampliar las investigaciones a los insumos para la elaboración de este producto.
El tercer aspecto que hay que analizar son los políticos, quienes reaccionan a diferentes incentivos. Recordemos que en la crisis de gripe aviar del 2012, el entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard hizo compras masivas de huevo en la Central de Abastos y la distribuyó, en ciertas comunidades vinculados con sus clientelas políticas, en donde la gente para comprar un kilo de huevo tenía que hacer tres horas de fila. Lo anterior además atrofió canales de distribución en la Ciudad y complicó la crisis. Este fenómeno es muy delicado, porque ante un caso extremo, podría ser el detonante de una “Guerra de Alimentos”, en la que los políticos empiecen a comprar grandes cantidades de producto para dar a sus gobernados y con esto generar zonas de escasez y desabasto, así como a encarecer todavía más más el precio de estos alimentos. Adicionalmente, existen voces de políticos que no reconocen que no hay control de precios y que al presionar no son parte de la solución, sino que incluso inciden en que se violen garantías de las empresas, como la del debido proceso.
Por último la empresa debe ser muy clara respecto de cuáles son sus responsabilidades legales en materia de mostrar precios al consumidor y cumplir programas de calibración de básculas, así como desde el punto de vista práctico tener facturas de compra y venta de sus productos. Obviamente no incurrir en conductas o actos que se encuentren tipificados como abusivos, engañosos o coercitivos, ni mucho menos prácticas monopólicas o anticompetitivas. En la medida que se genere información clara, las empresas podrán planear mejor su cumplimiento regulatorio y así las autoridades enfocarse con mayor precisión en las infractoras. Por último, en relación con el ejercicio de derechos humanos como el de alimentación, se generan nuevas relaciones y responsabilidades jurídicas de la empresa, pues ésta no necesariamente podría ser sancionada por una autoridad por violentar el ejercicio de éstas garantías, pero sí por obstaculizar su adecuado disfrute en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes en la materia.
Por último, urge debatir a fondo sobre casos de crisis en la comercialización de productos básicos, pues hoy es el caso del huevo, pero también pasa con el maíz y algún día con el agua. Por eso, tenemos que contar con procesos más claros respecto de cómo actuar en crisis como la que hoy nos ocupa y definir criterios sobre las responsabilidades de cada agente en el mercado.
Conferencia Internacional sobre Regulación de Seguridad de Producto.
05/03/2015 por Deja un comentario
El pasado 23 de febrero participé como panelista en el Congreso Anual de la Organización Internacional sobre Seguridad y Salubridad de los Productos de Consumo (ICPHSO, por sus siglas en inglés), celebrado en Orlando, Florida. Como lo he comentado anteriormente en este blog, necesitamos avanzar en México para propiciar una mejor regulación de seguridad de producto que reduzca realmente los riesgos y daños de productos de consumo de los consumidores, ya sea el juguete de un niño, el electrodoméstico de la casa, la ropa que usan los bebés o incluso los artículos para alberca, entre muchos otros. No puede entenderse cómo desde 1993 México ha avanzado de manera importante en integrarse económicamente con sus socios comerciales de EUA y Canadá, pero desde el punto de vista de regulación y prevención de riesgos, estamos muy alejados. Por eso he advertido que avanzar en la agenda de seguridad de producto no solo es la oportunidad para darle un profundo valor social a nuestra regulación, sino que además sería un ángulo que vale la pena atender para combatir el comercio informal en las calles, que sin duda es un terrible riesgo para todos los consumidores que ahí adquieren productos o servicios.
En este Congreso Internacional en nuestro panel se analizó el marco regulatorio que existe entre los tres países miembro del TLCAN, cuáles son sus diferencias, debilidades y oportunidades. Asimismo, considerando que gran parte de los asistentes eran líderes industriales con operaciones en los tres países, presentamos un mapa de los principales actores y de recomendaciones sobre cómo elaborar su plan de cumplimiento regulatorio, cómo diseñar un correcto esquema de relaciones públicas y por supuesto, cómo entender la lógica de las autoridades verificadoras en esta materia. Les invito a conocer dicha información y a seguir impulsando la agenda de seguridad de producto, que este año tendrá una gran oportunidad de ser más visible, pues México será el anfitrión de la Tercera Cumbre Trilateral del TLCAN en la materia. Hasta pronto.
La exclusión financiera y el empeño.
03/02/2015 por Deja un comentario
Los tradicionales servicios bancarios y financieros en el país solo llegan al 20% de la población. Aunque sea obvio, hay que ser claros: 8 e cada 10 mexicanos están excluidos de estos servicios. Esto implica que no solo no tienen sus respectivas cuentas de ahorro, sino que no son sujetos de crédito. Muchas voces reconocen que esta situación se debe a una regulación muy rígida. Por estas razones es que se han desarrollado otras alternativas a las que la gente puede recurrir de manera fácil y ágil para recibir un crédito o préstamo en los momentos que sus finanzas personales enfrentan problemas (lo que además es muy frecuente en estos años de estancamiento económico). Una de las principales opciones es empeñar algún bien. En efecto, la industria prendaria ha crecido de manera importante en el país y sin embargo, existe poca información clara que nos permita entender cómo opera y cuáles son sus retos para brindar mayor satisfacción a los consumidores.
De ahí que resulta fundamental estudiar mejor el mercado prendario y enfocar políticas públicas y regulatorias que amplíen el bienestar de los consumidores y que reduzcan la exclusión financiera que vivimos. Por supuesto que uno de los asuntos que debe ser atendido es cómo propiciar que ese 80% de mexicanos excluidos pueda ser un consumidor de la banca tradicional y evitar que recurran a agiotistas. En la medida que haya mayor cobertura, habrá mayor competencia de servicios e instrumentos de crédito y eso beneficiará a los consumidores. Ir en esta dirección contribuirá a reducir costos de autoridades en materia de verificación, que revisan fundamentalmente aspectos burocráticos o penales, pero que no propician per sé mejores condiciones de mercado.
De ahí que les invito a leer mi colaboración de ayer en Reforma Negocios. Asimismo, hago mención de la película de Ladrón de Bicicletas, para ejemplificar el valor que tiene el recibir dinero rápido por la vía del empeño. Les comparto el vínculo sobre esta magnífica película.
La exclusión financiera y el empeño.
Bernardo Altamirano Rodríguez / (02 febrero 2015)
Enero terminó, pero su cuesta se prolonga en millones de hogares. Contar con alternativas crediticias, bancarias o pagos en mensualidades coadyuva a aligerar esta carga. Sin embargo, estas opciones de la banca comercial tradicional tienen en el País muy limitada accesibilidad (sólo para el 20 por ciento de las familias) y cobertura (sólo el 56 por ciento de los municipios tienen sucursales). Estos elementos son los que conllevan a afirmar que «en México vivimos una grave exclusión y discriminación financiera» (CONAPRED), así como que «el bajo coeficiente de inclusión financiera está asociada con la pobreza» (Foro Internacional sobre Inclusión Financiera).
En este contexto, se requiere entender mejor los mercados de crédito y las necesidades de los hogares, para identificar si las medidas que toman las autoridades reguladoras o a quienes les corresponde aplicar la ley son las adecuadas o si, por el contrario, contribuyen a profundizar en la exclusión financiera. Para millones de mexicanos que demandan liquidez y que no tienen acceso a los bancos tradicionales existe una gama de servicios de finanzas populares, como los relacionados con el consumo, cooperativas o microcréditos. Asimismo, existe un sector que en los últimos años ha tenido una importante expansión y durante esta temporada enfrenta muchas presiones de las autoridades, como es la industria del sector prendario, mejor conocido como casas de empeño.
Todos sabemos lo que es un empeño, pero poco se conoce sobre las complejidades de este mercado y, en particular, sobre las necesidades de sus consumidores. El valor social de esta industria fue plasmado a la perfección en la gran película «Ladrón de Bicicletas», donde su protagonista, Antonio Ricci, al igual que muchos otros pignorantes, no sólo encuentran en el empeño la fórmula para salir de un problema, sino que representa un empujón para aspirar a un empleo o aprovechar una oportunidad. En México, las casas de empeño ya no sólo ofrecen la tradicional fórmula de dar dinero a cambio de recibir en prenda electrónicos, joyas o automóviles, sino que han iniciado nuevos esfuerzos de economía colaborativa en la que a cambio de un depósito en efectivo, facilitan a un grupo de albañiles la posibilidad de usar una coladora o al plomero la herramienta, con lo que les permiten ser contratados o empleados. El tamaño de este mercado es cercano a 35 mil millones de pesos anuales, con más de 7 mil establecimientos (con 20 por ciento informales). El préstamo promedio de este mercado es entre mil 300 y mil 500 pesos. Las casas de empeño se dirigen a los niveles de ingreso C y D, que son más del 65 por ciento de la población del País.
En poco tiempo, la carga regulatoria de este sector ha aumentado considerablemente. No sólo deben cumplir con el tradicional registro del contrato de adhesión, sino que ahora deben inscribir a cada una de sus sucursales en un registro a cargo de la Profeco. Además, en entidades como Chiapas, el Estado de México y Guanajuato se crearon registros estatales adicionales, que no sólo sobrerregulan, sino que se extralimitan en sus atribuciones e invaden la esfera federal. Adicionalmente, se debe cumplir con nuevas regulaciones antilavado de dinero que elevan los costos operativos de proveedores. El riesgo de estas barreras es que incentiven la informalidad. Así, mayor regulación y politización local profundizan la discriminación financiera.
Por el otro lado, una de las críticas constantes al sector es el de las altas comisiones que cobran. Lo anterior es efecto de la exclusión financiera mencionada, que limita las opciones de los consumidores y eleva los costos de transacción. Por tanto, se requiere de una política integral que reconozca la interdependencia de los mercados bancario y prendario. Así, la efectiva política de protección al consumidor dependerá de generar una mayor competencia de servicios, productos e infraestructura. No entender esto puede profundizar la exclusión y discriminación financieras.
Lo anterior podría complementarse mediante programas de autorregulación en la industria prendaria, promover mejores prácticas comerciales, ampliar el impacto de mecanismos de información y entendimiento del CAT (como el promovido por Condusef) y, por supuesto, avanzar en mecanismos que permitan el mejor cumplimiento regulatorio. Con estas medidas, no mediante la sobrerregulación, se podrá avanzar en la inclusión financiera, brindar mayor bienestar a los consumidores y fortalecer la confianza en el mercado.
Miscelánea: 1. La explosión en Cuajimalpa obliga a que los reguladores energéticos prioricen, en los procesos de apertura del sector, el diseño de estándares de seguridad para proveedores que minimicen riesgos de daños a consumidores. 2. La denuncia que hizo PepsiCo para que se retire el spot parodia con fines electorales de su anuncio de Emperador abrirá un muy interesante debate sobre publicidad, derechos de autor y libertad de expresión. ¡Bienvenido!
La Seguridad en la Venta de Gas L. P.
02/02/2015 por 2 comentarios
Sin lugar a dudas, la trágica explosión de una pipa de gas L. P. la semana pasada en Cuajimalpa nos dejó a todos consternados. Si bien ya teníamos múltiples inquietudes sobre la seguridad en torno al despacho de gas en nuestros hogares, ahora aumentan las dudas. ¿Es un hecho aislado? ¿Puede pasar lo mismo en mi casa o incluso en mi manzana? ¿La compañía que contrato cumple con todos los requisitos de seguridad?
Este servicio de comercialización y distribución de gas L. P. se encuentra regulado por una norma oficial mexicana, que casualmente este año corresponde sea revisada y, en su caso, actualizada. Este sector se ha caracterizado por tener alta concentración de mercado entre pocos competidores, por lo que urge que se establezcan estándares para que los proveedores reinviertan parte de las ganancias tan importantes que obtienen en generar una mejor tecnología y seguridad en el despacho del combustible. ¿O será que la reforma energética no permitirá que tengamos un mejor servicio de gas? ¿Seguiremos con mecanismos de distribución añejos y que aumentan los riesgos en la sociedad?
En este contexto, les comparto la entrevista que me hacen hoy en el noticiero de @SoyCarlosMota en El Financiero-Bloomberg, en donde propongo tres aspectos en este mercado, mismos que permitirán generar mejores condiciones del servicio en el marco de la reforma energética:
1. Se debe combatir de manera contundente a todos los proveedores que despachan gas L. P., ya sea en pipas o en cilindros, que son informales. Los riesgos que representan a la sociedad son en extremo altos.
2. Las autoridades, en este caso la Secretaría de Energía, debe transparentar el trabajo mediante el cual concede permisos a particulares, así como del conjunto de trabajos de verificación a los proveedores que hace regularmente. Esto implicará dotarle de un contenido social a esta labor administrativa y que los consumidores veamos que el gobierno es eficaz en reducir y evitar riesgos de accidentes en nuestros hogares.
3. Se debe obligar a las empresas permisionarias a que inviertan en tecnología y mejores instrumentos de seguridad y actualización de sus unidades, tanques, cilindros, etc., así como en capacitar con mayores fortalezas a sus operadores, para que el servicio sea provisto de manera adecuada.
En todo este contexto, resulta indispensable accionar nuestra responsabilidad como consumidores y tener la capacidad de exigir a las empresas que nos proveen nos muestren las verificaciones de la Secretaría de Energía, así como las de la Profeco, el mantenimiento adecuado de las unidades, las pólizas de seguros por daños a terceros. En caso de no disponerlas, por supuesto no contratarlas, pero por el otro lado, denunciar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.
Les invito entonces a ver la entrevista: La seguridad en la venta de Gas L. P.http://www.elfinanciero.com.mx/tv/llaman-a-consumidores-a-ser-exigentes-en-mercado-de-gas-lp.html
Refundar los Servicios Públicos
22/12/2014 por 1 comentario
Vivimos días de polarización. Nuestra clase política se ha preocupado más por dividir a la sociedad, que en construir un centro robusto que nos convoque a todos a involucrarnos en el diseño del futuro de este País. Esta división se profundiza en la medida que crecen las evidencias de políticos corruptos que se benefician de “moches” de presupuestos públicos (financiados con nuestros impuestos) o que otorgan contratos públicos y licitaciones a sus amigos, socios o familiares, en condiciones de ilegalidad, pulverizando la confianza en las instituciones públicas. Uno de los temas transversales que evidencian esta situación es el de los servicios públicos. ¿Les suena el fraude multimillonario de la Línea 12 del metro? ¿El transporte público urbano es digno y compatible con el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México -que prevé convertirse en el 3ero a nivel mundial? ¿Nuestros servicios públicos de salud están a la altura de las prestaciones que tienen los altos funcionarios y líderes sindicales del sector? Así podríamos seguirnos con una amplia lista de ejemplos.
Tenemos que ubicar a los servicios públicos en el centro del debate nacional y que estos sean el espacio para convocar a todos los sectores –público, privado y social- a trabajar en torno a la transformación que necesitamos. Trabajar en los servicios públicos es trabajar en nosotros mismos. Es la mejor forma de invertir recursos y de activar la economía. Además, tenemos que fomentar una efectiva cultura de servicio. Si conseguimos elevar los estándares y parámetros de los servicios públicos, podremos rápidamente elevar la calidad de muchos otros mercados y servicios que brindan los particulares. Y es que la mala imagen y calidad de nuestros servicios es el parámetro con el cual se desempeñan muchos profesionistas en México y lo que propicia la cultura del «ahí se va».
Aquí les comparto mi colaboración en Reforma Negocios. ¡Felices fiestas!
BERNARDO ALTAMIRANO
Refundar los servicios públicos
Los servicios públicos de nuestro País atraviesan una profunda crisis de desconfianza que abre la oportunidad para romper paradigmas y detonar una refundación de estos, mediante la colaboración entre Estado, empresa y consumidores, lo cual sería la fórmula idónea para fortalecer el sentido de comunidad y superar la fractura social que atravesamos. Y es que si bien llevamos años discutiendo el mejor diseño sobre cómo proveer estos servicios, en la realidad estamos muy lejos de los niveles que demanda la sociedad. Los mejores ejemplos son los casos de seguridad y educación públicas, siendo este último ámbito una muestra sobre la complejidad que implica definir estándares de calidad, y donde el mismo responsable de brindar este servicio es quien ha encabezado fuertes reacciones al respecto. ¡Vaya paradoja!
Por estas razones es que se requiere ampliar el debate sobre estos servicios. Revisemos algunos casos, como el del transporte público en el Valle de México. Según el Inegi, existen 14.8 millones de viajes diarios, de los cuales el 64.5 por ciento son en colectivo, el 16.4 por ciento en taxi y el 8.2 por ciento en Metro. En cuanto a la calidad de servicio, una encuesta elaborada por GCE revela que los usuarios califican como el peor servicio a los colectivos (54.3 por ciento) y después a los taxis (3.8 por ciento). Asimismo, los encuestados señalan que los conductores incurren en múltiples faltas, como ir a exceso de velocidad o no respetar los semáforos. En este sentido, tenemos servicios de baja calidad, que además son los primeros en violentar el orden público y contribuir al caos vial. Esto evidencia que el debate sobre Uber es solo la punta del iceberg y que requiere extenderse a otros servicios para identificar cómo ampliar la satisfacción de millones de usuarios del transporte público.
En segundo lugar, recordemos el debate sobre el IEPS de bebidas y alimentos de alto contenido calórico con el objeto de fomentar el consumo de agua potable y construir bebederos en escuelas de todo el País (objetivo todavía no cumplido). Las cifras del Inegi nos muestran que en el País sólo el 26 por ciento de la población piensa que el agua en su ciudad es potable (bebible sin temor a enfermarse). Por otro lado, se recomienda activarse físicamente, pero sólo el 39 por ciento de los mexicanos piensa que los parques y espacios públicos son suficientemente seguros. Estos datos evidencian a gobernantes que al diagnosticar problemas y proponer soluciones omiten una autoevaluación objetiva sobre la eficacia de sus servicios y programas, y trasladan los costos a la sociedad.
Un tercer caso es el de electricidad, en donde consumidores y empresas cuestionan permanentemente la calidad, precios y atención del servicio de CFE. Ahora esta empresa tiene un nuevo marco jurídico y una directiva más moderna, que tiene el gran reto de innovar en mecanismos de atención al consumidor y por supuesto ahora tendrá que competir con otras empresas. Aquí hay mucho por hacer, como cambiar un contrato de adhesión de los años 70, en propiciar mejores estándares, calidad y precios para los usuarios. Es la gran oportunidad para la CFE de reposicionarse frente a los consumidores.
Los puntos anteriores son sólo una muestra de cómo en México hemos diseñado servicios públicos que no generan una cultura de servicio a favor del usuario, no existe claridad ni exigibilidad de los derechos y no se abren de manera cierta las puertas a la inversión privada y social. Y es que llevamos décadas de presupuestos públicos abultados y de raquítica satisfacción de sus consumidores, en donde parece que los únicos satisfechos son políticos, burocracias, organizaciones clientelares y quienes ganan dudosas licitaciones, todo esto en el marco de una corrupción escalofriante. Por esto debe revisarse a fondo la filosofía y visión de estos servicios para que la labor política se dignifique y transite de una praxis de búsqueda del poder y de rentas económicas, a una que impulse una efectiva cultura del servicio público. Esto implica refundar los servicios públicos a partir de estándares de calidad y excelencia, presupuestos eficientes, contratos transparentes y equitativos y que incorpore elementos de mercado y de colaboración. Lo anterior sería una forma clara de ponernos todos a trabajar en la reconstrucción de confianza y comunidad que tanto necesitamos, para estar orgullosos de nuestros servicios públicos y lograr que nuestra referencia sea el Metrobús y no el del recogedor de basura que te «exige» la propina.
Miscelánea: Lo planteado por el Presidente de la República sobre el desarrollo de observatorios para evitar y combatir la corrupción será útil en el ámbito de los servicios públicos, así como en la construcción del nuevo aeropuerto y en licitaciones del sector energético.
@beraltamirano
DE AEROPUERTOS Y ELEFANTES BLANCOS
03/12/2014 por Deja un comentario
Desde hace más de una década se discute la necesidad de ampliar la capacidad de operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se parte de la premisa que las dos pistas con las que hoy cuenta el aeropuerto (que no pueden utilizarse de manera simultánea), inhiben el potencial de crecimiento de la operación misma, así como de la misma industria aeronáutica civil de país. Hoy en día se brindan 36 millones de vuelos al año. Se espera tener un crecimiento en una primera etapa a 3 pistas de uso concurrente y con un total de 50 millones de usuarios. Al límite se espera contar con 6 pistas y 120 millones de usuarios.
Estos son datos que se obtienen del portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En realidad escasea la información pública disponible sobre cómo se llegó a la conclusión de que la propuesta ganadora es la idónea. La información muestra estimaciones finales, pero desconocemos los diagnósticos, las comparaciones entre proyectos, y sobre todo cómo se llega a las proyecciones de operación. ¿Basta la nueva infraestructura aeroportuaria para ganar más mercado de vuelos y operaciones? ¿A qué aeropuertos les vamos a ganar mercado –nacionales o internacionales? ¿Cómo se vincula esta propuesta con una política integral de transporte y de desarrollo aeroportuario en todo el país? ¿Es válido tener un modelo aeroportuario con clara tendencia centralizadora? ¿En qué ganaremos con esta estrategia los consumidores? ¿Mejorarán los precios y calidad de los servicios? ¿Qué opina la industria aérea sobre el diseño del proyecto del aeropuerto ganador? ¿Contribuye o no a generar eficiencias? ¿Por qué no se incluye un proyecto de esta envergadura en el Plan Nacional de Infraestructura? Así podríamos seguir haciendo una gran cantidad de preguntas.
Por estas razones, es que Central Ciudadano y Consumidor, bajo el impulso de su Director @carlosmartinezv decidió emprender dos acciones en el sector, mismas que les invitamos a conocer y participar. En primer lugar, realizar un estudio sobre la competencia y retos del sector de aeronáutica civil, mediante el cual se contribuye a entender mejor el desarrollo de esta industria. Por el otro, a participar en el diseño e instrumentación de un Observatorio sobre este nuevo aeropuerto. Este último tema es clave, pues las decisiones tomadas hasta ahora han sido bastante reservadas. Por un lado, sabemos que ASA hizo un estudio de mercado de despachos de arquitectos que tuvieran experiencia en elaborar este tipo de proyectos, posteriormente les extendió una invitación a los mejores de entre estos, y por último designó a un jurado que determinó el proyecto ganador. Por estas razones, es que todos esperábamos que la SCT diera a conocer cuál sería la ruta a seguir para construir el nuevo aeropuerto, sus diagnósticos y sus requerimientos, pero en cambio, de la nada sacó de la chistera un proyecto ganador. Por delante vienen retos enormes: esquemas de concertación y coordinación entre autoridades de diferentes órdenes de gobierno, que determinarán los elementos técnicos, ambientales, urbanos, etc. Por el otro, una serie de licitaciones y contrataciones públicas en torno a un proyecto que será el más costoso de la presente administración –y tal vez de muchas otras. Por tratarse de un sector que ha dejado huella negativa en temas como la licitación del tren México-Querétaro o el tema de los dispositivos de pago electrónico en casetas de peaje o incluso en la transición de las televisiones analógicas a digitales, urge acompañar con metodologías reconocidas todo el proceso de construcción, para que se blinde de corrupción, de prácticas anticompetitivas o de medidas ilegales.
Reconozco que es válido plantear obras públicas de vanguardia, con diseños innovadores y apostándole a una visión de trascendencia. Sin embargo, esto debe darse con una racionalidad económica y de políticas públicas integrales, de lo contrario corremos el riesgo de que la anunciada obra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sea un elefante blanco.
Regulación, Competencia y Consumidores 