Hoy, como en 2012, el mercado del huevo enfrenta un problema de alzas considerables en los precios. En la ocasión anterior, el origen del problema fue la gripe aviar que generó escasez en el abasto y comercialización del producto e impactó gravemente en los precios en varias zonas del país. Ahora, las autoridades no han atribuido este encarecimiento a un problema sanitario. Al respecto vale la pena leer el análisis de Carlos Martínez, quien revisa el comportamiento estacional del precio del huevo y sobre todo lo vincula con una posible afectación debido a precios internacionales. Incluso el propio Secretario de Economía declaró que se busca identificar el origen del incremento y poder tomar las acciones contra los responsables de esta situación. Asimismo descartó que se tratara de un problema de temporada o de abastecimiento. Esta declaración detonó una serie de acciones gubernamentales. En este contexto es donde conviene identificar el papel que en esta crisis corresponde a consumidores, autoridades, políticos e industria.

El huevo es la principal proteína de origen animal que consumimos los mexicanos. Somos el consumidor número uno en el mundo (promedio de 22 kg por persona al año). Por eso el alza en el precio no es un tema menor. No obstante esta relevancia, los consumidores somos los soberanos de los mercados y tenemos la opción de elegir otros alimentos y con la correspondiente reducción de la demanda, contribuir a que baje y se estabilice el precio del huevo. Además, nos corresponde denunciar actos ilegales.

De manera intrínseca con el tema de los consumidores, está el papel de la Profeco, quien en estas circunstancias despliega una estrategia de vigilancia y verificación en establecimientos, con el objeto de identificar posibles infracciones a la Ley y violaciones a los derechos básicos de los consumidores, así como prácticas abusivas, coercitivas o engañosas, para lo cual cuenta con diferentes instrumentos coercitivos como multas, suspensiones y clausuras. Eventualmente en caso de encontrar casos de acaparamiento, puede hacer la denuncia correspondiente al ministerio público, pues son responsabilidades de carácter penal. Asimismo, en caso de identificar prácticas que pudieran ser monopólicas, puede abrir una denuncia con la COFECE. El punto fino en la interpretación jurídica, es cómo pueden sistematizarse aquellas prácticas industriales o comerciales en detrimento de la sociedad, que el artículo 28 constitucional advierte que serán castigadas con severidad, en relación con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento en cuanto a que un tipo de práctica abusiva es la manipulación de precios. Resulta oportuno que la Profeco emita criterios y lineamientos de cómo interpretar y aplicar estas disposiciones. Asimismo, es muy importante vincular cómo bajo el principio Pro Persona que establece nuestra Constitución, la Profeco también asume responsabilidades en cuanto a la protección y defensa de derechos fundamentales, como el de alimentación. Al respecto, escribí hace tiempo un paper sobre la argumentación jurídica y política pública que siguió la Profeco en 2012 al enfrentar la crisis de gripe aviar: Derechos básicos de los consumidores, mercado global y derechos humanos. El caso de México.

El tema de competencia económica es el más atractivo, dada la reciente reforma legal. Al respecto, la Comisionada Presidenta de la COFECE declaró que se inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas, para identificar si se acredita la manipulación de precios, así como la eventual segmentación de mercados. Para cumplir esta tarea, esta agencia tiene ahora mecanismos de verificación e investigación muy robustos, semejantes a los que ocurren en las principales agencias “antitrust” en el mundo, como es el caso de que la COFECE en sus diligencias pueda tener acceso a cualquier oficina, computadora, archivero, etc., o el caso de ofrecer reducir sanciones a quien haya participado en prácticas ilegales y coadyuve con la investigación (los famosos whistleblowers). Esto representa que la agencia tiene la facultad de revisar a detalle todo lo que sea de su interés y en caso de encontrar elementos que permitan probar la práctica monopólica, lo usará en la investigación misma. Otro aspecto clave en este caso será la determinación del mercado relevante y el poder sustancial de cada procesado, así como ampliar las investigaciones a los insumos para la elaboración de este producto.

El tercer aspecto que hay que analizar son los políticos, quienes reaccionan a diferentes incentivos. Recordemos que en la crisis de gripe aviar del 2012, el entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard hizo compras masivas de huevo en la Central de Abastos y la distribuyó, en ciertas comunidades vinculados con sus clientelas políticas, en donde la gente para comprar un kilo de huevo tenía que hacer tres horas de fila. Lo anterior además atrofió canales de distribución en la Ciudad y complicó la crisis. Este fenómeno es muy delicado, porque ante un caso extremo, podría ser el detonante de una “Guerra de Alimentos”, en la que los políticos empiecen a comprar grandes cantidades de producto para dar a sus gobernados y con esto generar zonas de escasez y desabasto, así como a encarecer todavía más más el precio de estos alimentos. Adicionalmente, existen voces de políticos que no reconocen que no hay control de precios y que al presionar no son parte de la solución, sino que incluso inciden en que se violen garantías de las empresas, como la del debido proceso.

Por último la empresa debe ser muy clara respecto de cuáles son sus responsabilidades legales en materia de mostrar precios al consumidor y cumplir programas de calibración de básculas, así como desde el punto de vista práctico tener facturas de compra y venta de sus productos. Obviamente no incurrir en conductas o actos que se encuentren tipificados como abusivos, engañosos o coercitivos, ni mucho menos prácticas monopólicas o anticompetitivas. En la medida que se genere información clara, las empresas podrán planear mejor su cumplimiento regulatorio y así las autoridades enfocarse con mayor precisión en las infractoras. Por último, en relación con el ejercicio de derechos humanos como el de alimentación, se generan nuevas relaciones y responsabilidades jurídicas de la empresa, pues ésta no necesariamente podría ser sancionada por una autoridad por violentar el ejercicio de éstas garantías, pero sí por obstaculizar su adecuado disfrute en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes en la materia.

Por último, urge debatir a fondo sobre casos de crisis en la comercialización de productos básicos, pues hoy es el caso del huevo, pero también pasa con el maíz y algún día con el agua. Por eso, tenemos que contar con procesos más claros respecto de cómo actuar en crisis como la que hoy nos ocupa y definir criterios sobre las responsabilidades de cada agente en el mercado.