El creciente intercambio comercial global genera retos permanentes a la eficacia de las agencias de protección al consumidor. En la medida que han proliferado los tratados y acuerdos comerciales, las agencias comienzan a desarrollar esfuerzos de cooperación internacional para intercambiar experiencias, definir mejor políticas públicas, buscar la ampliación de derechos sustantivos y adjetivos de los consumidores y propiciar así un cumplimiento de la ley más generalizado y relaciones de consumo más equitativas y seguras.

Las redes y agencias internacionales se encuentran frente a la gran oportunidad de concretar sus esfuerzos y brindar resultados específicos a los consumidores. Hacia el futuro se espera mayor visibilidad y articulación de los foros de participación internación y mayor incidencia de estas agendas en las políticas públicas locales. México presidirá el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor para el periodo 2013-2014

Antecedentes

Ya han pasado casi 30 años desde la emisión de las Directrices para la Protección del Consumidor, aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en abril de 1985. Si bien en diferentes países o regiones ya había un avance en leyes que definían mecanismos para promover y proteger los derechos de los consumidores, predominaba en dicha época una heterogeneidad en torno a la definición de derechos sustantivos y procedimientos para su defensa y garantía[1]. Previo a estas Directrices los derechos de los consumidores eran configurados desde lo local con formas y contenidos muy diversos. Adicionalmente, el mundo atravesaba la llamada  Guerra Fría, en la que estaban en discusión dos modelos económicos opuestos y, consecuentemente, la visión de los mercados, consumidores y la intervención de los gobiernos estaba en debate permanente. En este contexto de polarización resultaba difícil configurar un modelo único de derechos de los consumidores. Por estas razones es que las Directrices dan el primer paso hacia la universalización de los derechos de los consumidores. Sin duda, este fue un paso histórico, pues permitió construir un movimiento que trascendía fronteras, y era la oportunidad para impulsar mecanismos de cooperación internacional, no sólo en foros multilaterales, sino en lo regional y bilateral, pero también de una manera destacada en la cooperación entre organizaciones ciudadanas especializadas en la agenda del consumidor[2].

Las Directrices de la ONU dieron pauta a la homologación en el diseño normativo de los derechos sustantivos de los consumidores. De esta manera, la ONU define seis derechos del consumidor de carácter universal: I) protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad; II) promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores; III) el acceso de los consumidores a una información adecuada; IV) la educación del consumidor; V) la compensación al consumidor; vi) libertad para formar organizaciones de consumidores.

Estos seis ejes fundamentales han servido como parámetro en múltiples países. México no es la excepción y el espíritu de estas directrices se encuentra incluido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Espacios de cooperación internacional

La cooperación internacional sobre los derechos de los consumidores ha enfrentado las mismas adversidades y oportunidades que otros ámbitos. Como veremos más adelante, la cooperación transgubernamental es la que ha prevalecido, en donde existe coordinación directa entre las agencias especializadas en la materia y no mediante un mecanismo tradicional, como pudiera ser a través de las cancillerías. Así, se cuenta con diferentes redes gubernamentales en los que se intercambian mejores experiencias de políticas públicas, información y cooperación judicial transfronteriza, entre muchos otros asuntos.

La desventaja de estos mecanismos es que la mayoría son informales y carecen de visibilidad por la falta de apoyos políticos y económicos. Por otro lado, en la mayoría de los espacios que se analizarán, se respira un ambiente de incapacidad para que las estructuras de gobierno tradicionales enfrenten eficazmente sus retos.

La protección y promoción de los derechos de los consumidores ha encontrado en la cooperación internacional una fórmula para el intercambio de experiencias, el análisis de casos, el identificar políticas públicas de mayor impacto, y buscar así generalizar el cumplimiento de la ley y de hacer más eficaces los derechos de los consumidores. Los foros son de distinta naturaleza y propósito.

a) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En 1969 la OCDE crea el Comité de Políticas del Consumidor. Los delegados se reúnen dos veces al año. Se trata de un espacio que, si se compara con otros comités de la misma OCDE, es compacto y tiene mucho mayor potencial para que sus trabajos tengan mayor alcance en los países miembro.

En este Comité se ha privilegiado la investigación y el análisis, el intercambio de información; se examinan formas y métodos para fortalecer los resultados de los países; se emiten lineamientos y recomendaciones y sobre todo publica y divulga el Consumer Policy Toolkit, que se ha consolidado entre los países miembro como un referente de las políticas públicas en la materia. No obstante estos avances, en la OCDE existe todavía un gran potencial para que sus análisis y resoluciones generen mayores compromisos a sus integrantes, mediante la publicación de compromisos, metas y resultados.

b) Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación de la Ley (ICPEN). En 1992 se crea el mejor conocido ICPEN (por sus siglas en inglés: International Consumers Protection Enforcement Network), cuyo nombre inicial fue la International Marketing Supervision Network. No fue sino hasta septiembre de 2002, en la reunión anual en Australia, en donde adopta el nombre con el cual hoy es reconocido. Desde un inicio, este espacio busca las mejores fórmulas para la aplicación de la ley y las prácticas de comercio.

Más de 40 países pertenecen a esta Red, además de contar con representantes de la Unión Europea, la OCDE y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El objetivo de esta Red es facilitar las acciones de cooperación internacional para prevenir y resarcir las prácticas de comercio transfronterizo que resulten engañosas y dañen al consumidor. Las reuniones son de carácter semestral y anualmente se define una Presidencia de entre los países miembro, la cual no dispone de secretariado técnico propio de ICPEN, sino que se apoya en el personal y estructura de cada organización nacional anfitriona de las reuniones. Esto sin duda ha impedido que los trabajos de este importante foro tengan una sistematización mucho más permanente y actualizada y sobre todo identificar metas y evaluar su cumplimiento por parte de los Estados miembro. Sin duda alguna este espacio es de los que mayor potencial tiene.

c) Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC). Se trata de un órgano multilateral de cooperación informal, especializado en el análisis y discusión de la política pública de protección al consumidor, integrado por agencias gubernamentales de Iberoamérica.  Nace en 2002 en Santiago de Chile. Cuenta con 20 Estados miembro y cuatro observadores, entre ellos la UNCTAD, pero también de manera destacada Consumers International.

d) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La UNCTAD amerita una reflexión aparte, pues es un espacio estratégico para avanzar en la universalización de la protección de los derechos de los consumidores, y por que a ella le corresponde elaborar los proyectos de nuevas directrices que actualicen e incorporen los principales retos comerciales del presente y que nos permitan generar así una defensa sin fronteras. En los últimos meses se ha esforzado en promover una actualización a estas Directrices, que de concretarse, generarán un impulso a la cooperación internacional.

e) Otros espacios. La Unión Europea amerita una mención especial, pues si bien sus regulaciones vinculan sólo a sus Estados miembro, sirve de referencia para resaltar la gran relevancia de la cooperación internacional, sobre todo enfocada a la protección universal de los derechos de los consumidores. La Comisión Europea no tiene necesariamente facultades vinculatorias para hacer  cumplir las medidas, pero sí para definir regulaciones y armonizar políticas, como queda debidamente establecido en diferentes artículos del Tratado de Lisboa (como son el 12, 114, 169, entre otros). Esta solidez normativa e institucional permite que la UE participe de manera más coordinada y homogénea en los demás foros internacionales, como son los casos de ICPEN y de la misma OCDE.

Finalmente, y de manera reciente, las negociaciones del Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés), abre también una oportunidad para avanzar con una agenda de promoción de los derechos de los consumidores.

La participación de México en estos foros internacionales.

México desde su entrada a la OCDE ha participado en el Comité de Políticas del Consumidor. Sus lineamientos y documentos de trabajo han inspirado diferentes medidas, por ejemplo en materia de economía en internet, que es uno de los temas más presentes en la agenda de dicho organismo[3]

En cuanto a ICPEN, México participa en diferentes campañas conjuntas de prevención de fraudes, pero sobre todo en la última Reunión Anual que tuvo lugar en octubre de 2012 en Gante, Bélgica, la Profeco participó en la reflexión sobre cómo este Foro puede definir una agenda clara que le permita tener un mayor impacto e interlocución con empresas globales.

Sin duda alguna, el FIAGC es uno de los Foros en los que México ha participado de manera más activa; fue de los países fundadores,  e incluso coadyuvó en la redacción de sus Estatutos. En 2006 encabezó el Grupo de Trabajo en materia de Telecomunicaciones[4] y en 2008 presidió el Foro. Posteriormente, en 2009 dirigió los trabajos para emitir Lineamientos sobre Publicidad Engañosa.

Por último, en los últimos meses, México ha fortalecido su relación trilateral con sus contrapartes de los gobiernos de Estados Unidos de América y de Canadá. Lo anterior resultaba urgente, pues sin duda alguna el dinamismo del comercio internacional en América del Norte representa grandes retos para las autoridades, empresa y sociedad. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no contempla definiciones específicas en torno a los derechos de los consumidores, por lo que resulta indispensable definir mecanismos ágiles y flexibles que permitieran impulsar la cooperación regional. De ahí que la Profeco en diciembre de 2011 haya convocado en la Ciudad de México al “Primer Diálogo de Alto Nivel”, en el que no sólo coincidieron autoridades, sino líderes y representantes de organizaciones ciudadanas y empresariales de Estados Unidos, México y Canadá. En este espacio los esfuerzos se orientaron a impulsar la corresponsabilidad del gobierno, la sociedad civil y el sector privado en el diseño e instrumentación de políticas públicas integrales en beneficio de los consumidores.

Asimismo, un tema prioritario consiste en establecer coordinación en materia de seguridad y prevención de riesgos en los hogares respecto al uso de productos de consumo. En este sentido, en Septiembre de 2011, se llevó a cabo la Primer Cumbre Norteamericana sobre Seguridad de Producto en Washington, en que Estados Unidos, México y Canadá firmaron una declaración conjunta en la que los países se comprometen a establecer mecanismos de cooperación e intercambio de información para la seguridad de los productos en la región. Finalmente, se acordó avanzar en la armonización de los requisitos de regulación y normalización como acciones conjuntas para proteger a los consumidores y mantener altos estándares en Norteamérica para aumentar la confianza de los consumidores y contar con una mayor eficiencia regulatoria.

Agenda y eficacia de la cooperación internacional

En materia de cooperación internacional para el desarrollo, existen grandes avances en la medición de resultados, como en las agendas de combate a la pobreza, medio ambiente, desastres naturales, entre otros. En cuanto al impulso de los derechos de los consumidores, el desarrollo de cooperación internacional puede ser de un alcance mayor de población objetivo, cuantificable en términos de bienestar social producido y de una inmediatez sin precedentes.

Como se observa, existen múltiples plataformas en las que se persiguen objetivos semejantes. El alcance de las resoluciones de cada foro son diferentes, no solo por la membresía de sus integrantes, sino también por la naturaleza de los mismos, pues resulta claro que algunos son sólo eminentemente informativos, mientras otros se acercan a tener fuerza obligatoria.

De ahí que la cooperación internacional se encuentra en un momento propicio para obtener resultados visibles a favor de los consumidores en todas partes del mundo. La pluralidad de espacios y foros, a partir de la diversidad de los retos económicos y sociales de sus integrantes, permitirá darle matices al modelo predominante de “consumidor” y consecuentemente lo hará más amplio, incluyente y global. El consumidor es al mercado, lo que el ciudadano a la democracia. Hemos visto cómo se han construido e instrumentado herramientas normativas, de seguimiento y evaluación de metas de países respecto de agendas democratizadoras y de fomento de los derechos civiles, económicos y sociales. Es el momento de avanzar rápida y eficazmente en la misma dirección en torno a los derechos del consumidor. Al final del día, en ambos casos estamos hablando de derechos ciudadanos. Estas medidas internacionales basadas en el adecuado disfrute de derechos básicos de los consumidores, sin duda redundará en relaciones de consumo más justas y equitativas, y contribuirá a la construcción de confianza.

Basta citar casos exitosos, como el impulso de una red de alertas de seguridad de productos global (como el proyecto 2012 de la OCDE) y el consecuente retiro inmediato de bienes, que pueden causar un daño o perjuicio a la salud de los consumidores, lo cual tiene un impacto rápido, directo y cuantificable. También la mejora continua de las normas internacionales de bienes y servicios, así como la difusión de estudios de calidad de productos que se venden en distintas regiones del mundo, contribuyen a construir una comunidad pro-consumidor de alcance global mejor informada y  más segura.

Por eso resulta indispensable identificar aspectos de una agenda mínima, sobre la cual se identifiquen los actores y sus responsabilidades, y buscar convergencias entre los diferentes espacios. El primer paso sería definir el foro más adecuado, por su naturaleza, para tener un liderazgo clave en la materia. Por ejemplo, la UNCTAD es indiscutiblemente el espacio para relanzar la discusión sobre la ampliación de los derechos básicos de los consumidores, mientras que ICPEN debe consolidar sus esfuerzos en fortalecer el cumplimiento y eficacia de la ley, así como promover mejores prácticas. En cambio, la OCDE sin duda resulta el espacio clave para avanzar en el diseño de mejores políticas públicas y establecer mecanismos de evaluación y cumplimiento. Por su parte, el FIAGC tiene una gran oportunidad de avanzar en la discusión del disfrute de derechos básicos de acuerdo con la realidad socioeconómica de la región, impulsar una nueva visión de legalidad, combatir el comercio informal[5], así como establecer una agenda amplia de buenas prácticas con empresas transfronterizas, entre otros.

A partir de definir la idoneidad del foro y el alcance de su trabajo, el segundo paso consiste en identificar el tema específico que convendría desarrollar en el mismo. Como se observa, el FIAGC tiene importantes ventanas de oportunidad para impulsar de manera eficaz un conjunto de temas que tendrían gran visibilidad en sus Estados miembro. Por ejemplo, el tema de intereses económicos de los consumidores, mismo que está directamente vinculado con la capacidad de consumo de productos básicos, y que a su vez, se vincula con el ejercicio eficaz de derechos humanos, como lo  veremos más adelante.

Tabla 1 Agenda de Cooperación Internacional[6]

Derechos de carácter universal de los consumidores.

Recordemos que la ONU emitió sus Directrices en abril de 1985, las cuales son de carácter universal. Las autoridades y los consumidores deben internalizar estos principios básicos y así ampliar la protección y promoción de los derechos de los consumidores. Como ejemplo, cabe la pena recordar que en abril de 2012 un tribunal en México, con base en un amparo promovido directamente por la Profeco, reconoció por primera ocasión que los derechos básicos de los consumidores ameritan una tutela y protección especial al nivel de los derechos humanos. Dentro de la resolución del tribunal no solo se citan preceptos básicos de la Constitución o de la Ley, sino que justamente se fundamenta en las Directrices de la ONU.

Este antecedente fue posible gracias a la reciente reforma al artículo 1o de la Constitución mexicana, en la que se establece la obligación a todas las autoridades de proteger y promover los derechos humanos , así como de interpretar la norma siempre maximizando los derechos de la persona (principio Pro Persona). De esta manera, en México la protección de los derechos de los consumidores ya no sólo es una cuestión de legalidad, sino que se adquiere un nivel superior, que es el de los derechos humanos. Cabe señalar que México es de los pocos países en todos los foros internacionales antes mencionados, en los que se tiene este nivel de reconocimiento judicial.

Por estas razones es un imperativo que en los foros internacionales, y de manera específica en la UNCTAD, se avance en la construcción de nuevas directrices, que permitan al consumidor tener derechos básicos más robustos, y así permitir a la autoridad una mejor protección y avanzar en la judicialización de la misma. El pasado mes de noviembre en Lima, se llevó a cabo el II Foro Internacional sobre Protección al Consumidor, en donde uno de los temas que se encuentra discutiendo y promoviendo la UNCTAD es un nuevo marco normativo internacional que responda al dinamismo de la economía global.

De manera paralela a la concreción de este esfuerzo normativo, el FIAGC es un espacio en donde se debe configurar una visión integral y equilibrada, en la que el libre mercado tenga como centro de gravedad los derechos humanos y los derechos básicos de los consumidores. El propósito debe ser cómo defender el ejercicio eficaz de derechos humanos, como son el de alimentación o vivienda digna, a partir del derecho básico de la ONU a la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores. Lo anterior será de gran utilidad entre los países iberoamericanos para encontrar un criterio sólido que permita ampliar la protección a los derechos de grupos socioeconómicos vulnerables, que se encuentran con limitaciones de gasto y enfrentan grandes retos para adquirir productos básicos de consumo. Asimismo, en el futuro inmediato se necesitará mayor certidumbre de cómo proteger el consumo de recursos naturales escasos, como el agua[7].

Desde el punto de vista económico, los gobiernos deben promover incentivos y políticas públicas para fortalecer la producción y distribución de estos productos, propiciando así mejores precios para los consumidores. Desde el punto de vista jurídico, la cuestión relevante es cómo combatir prácticas abusivas en la comercialización de este tipo de productos dada la escasez de los mismos[8].

Propuestas para fortalecer la cooperación internacional

Instrumentos Normativos Internacionales Actualizados. Como se indicó, existe un esfuerzo de UNCTAD para modernizar las directrices. Esta medida daría pauta a un nuevo horizonte de cooperación. Por este motivo, urge la mayor atención pública sobre este proceso y conseguir se concrete en el corto plazo.

Visibilidad. Las agencias a nivel nacional enfrentan adversidades para comunicar y divulgar sus agendas. A mayor nivel, estos esfuerzos de cooperación internacional no permean en el consumidor directamente. Por tanto es prioritario generar mecanismos de comunicación, a través de los cuales las agendas de cada espacio sean transmitidas en lo local, y que permitan ser punta de lanza para las agencias en torno a la concreción de metas y compromisos.

Voluntad Política. Si se busca tener una base sólida de cooperación, se requiere la más firme y clara voluntad política de las partes. En cada espacio se deberá dejar claro el objetivo de sus reuniones, y señalar si se trata de análisis o de toma de decisiones. En este último caso es cuando los titulares de las agencias deben participar activamente, para resolver compromisos de alto nivel, sobre los cuales de manera periódica se pueda dar seguimiento y evaluación.

Gobernanza. La cooperación será más sólida en la medida que trascienda los esfuerzos intergubernamentales y que se establezcan mecanismos claros de interlocución con la sociedad y las empresas. La meta será ampliar la coalición de actores involucrados con esta agenda.

Mecanismos de Información, Seguimiento y Evaluación. En foros como FIAGC y ICPEN, donde insisto existe un gran potencial, se encuentran casos de imposibilidad de contar con una estructura mínima para sistematizar la información, darle seguimiento a los compromisos y evaluar los resultados. Más allá de los esfuerzos extraordinarios en los que incurre cada país anfitrión, al rotar las presidencias se pierde el hilo conductor y la continuidad. Esto es una gran debilidad institucional que enfrentan los espacios de cooperación.

Impulsar la visión Proconsumidor. El FIAGC es el espacio propicio para promover un cambio de paradigma, en el que la protección sea menos reactiva y coercitiva, y apostarle más a la prevención y en conseguir que el cumplimiento de la ley sea más generalizado, a través de impulsar nuevas medidas que incentiven mejores prácticas comerciales, a través de la corresponsabilidad y construcción de confianza.

Alianza para el Gobierno Abierto. Actualmente existen 52 países adheridos a este acuerdo, por lo que es una oportunidad estratégica para que la cooperación internacional impulse el movimiento proconsumidor a nivel global. Si las agencias nacionales y la sociedad civil impulsan estas iniciativas, serán los consumidores quienes se empoderen al contar con mayor información y se reduzcan las asimetrías de información en los mercados. Adicionalmente, el avanzar en la transparencia, permitirá construir indicadores globales, mediante los cuales se propicie una mejor rendición de cuentas, tanto pública, como comercial.

Retos de México. Sin duda alguna debe profundizar y fortalecer su participación en los diferentes espacios. En el caso del FIAGC debe promover la cooperación para mejorar la protección de los derechos de los consumidores  de productos básicos, y buscar la correlación con la defensa de derechos humanos[9]. En cuanto a la OCDE, es necesario darle mayor visibilidad interna a su agenda, estudios e investigaciones, para que sean el fundamento de la toma de decisiones interna y avanzar en agendas de cambio de políticas públicas. En cuanto a ICPEN, representa la gran oportunidad para cerrar flancos a empresas globales que tienen prácticas comerciales abusivas transfronterizas, a través del intercambio de información y experiencias.

Conclusiones

A lo largo del artículo se analizó la dinámica y perspectiva de los espacios internacionales de cooperación y construcción de políticas públicas de protección y promoción de los derechos de los consumidores. El tema se ha desarrollado en espacios de interlocución entre agencias gubernamentales especializadas en el tema. Lo anterior ha dado lugar a diversos foros, que aunque coincidan en temas, tienen distintos objetivos, integrantes y niveles de instrumentación y seguimiento de acuerdos. Es importante que hacia el futuro se  fortalezcan estas redes   y conseguir resultados más directos a favor de los consumidores. En particular, se debe lograr mayor visibilidad de estos mecanismos y que los resultados tengan incidencia sobre la generación de políticas públicas a nivel local. Por lo anterior, estas redes gubernamentales están siendo un punto de interacción privilegiado para construir mecanismos de diálogo y trabajo con la sociedad civil y el sector privado

Desde una posición privilegiada como participante de las distintas redes gubernamentales, México debe proyectar un sólido liderazgo internacional en el futuro del tema; en particular, utilizando la universalización de los derechos de los consumidores como derechos humanos en la que es referente.

NOTAS

[1] Hay ejemplos muy destacados, como el de Estados Unidos de América, que desde principios del Siglo XX experimentó movimientos de consumidores, y donde tal vez uno de los momentos más significativos fue el discurso que dirigió el Presidente John F. Kennedy al Congreso. En él, se planteó la agenda sobre los derechos de los consumidores. Del otro lado del Atlántico, en diferentes países de la Unión Europea se experimentaron avances en el ámbito social con el impulso de organizaciones de consumidores en la segunda mitad del S. XX. Asimismo, en cuanto a las políticas comunitarias europeas, habrá que tener en mente que en el Tratado de Lisboa (1 de diciembre de 2009) ya se incluyeron diferentes aspectos sobre los derechos de los consumidores. Finalmente, desde los 60, en el ámbito de políticas públicas, la OCDE ha hecho esfuerzos importantes en la materia.

[2] Uno de los casos más emblemáticos es el de Consumers International, que desde hace más de 50 años desarrolla una federación global de organizaciones de consumidores y cuenta con una red en 115 países.

[3]Al respecto en septiembre pasado, la Profeco definió líneas de acción en la materia, para prevenir fraudes vía electrónica. Estas medidas fueron diseñadas e instrumentadas de manera conjunta con la industria, a través de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). Así se avanza localmente con compromisos internacionales mediante esquemas de corresponsabilidad.

[4] El resultado de este Grupo fueron dos documentos que contienen los acuerdos y compromisos alcanzados por los países sobre el tema: la Declaración de las Agencias Gubernamentales de Protección de los Consumidores sobre los Derechos Básicos de los Usuarios de Servicios de Telefonía y los Compromisos de las Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor, sobre los Derechos Básicos de los Usuarios de Servicios de Telefonía.

[5] El comercio informal es una de las principales fuentes de riesgos y abusos contra los consumidores en las economías en desarrollo en general, y en México en particular.

[6] La X en las casillas significa que dicho tema ya forma parte de la agenda de dicho foro, mientras que la O indica que tiene potencial para ser desarrollado en el mismo.

[8] Como ejemplo, entre junio y octubre de 2012, a raíz de la contingencia de gripe aviar H7N3, que afectó la distribución y venta del huevo y por el alto impacto en el precio del huevo, la Profeco emprendió sus acciones privilegiando el criterio constitucional de principio pro persona, tomando en cuenta que no solamente estaba en juego la legalidad en las relaciones de consumo, sino también derechos fundamentales como el derecho a la alimentación que ameritan una tutela especial

[9] Al cierre de la presente edición, México fue propuesto por Costa Rica en el seno del FIAGC para presidir dicho Foro para el período 2013-2014 y fue acordado por unanimidad. En dicha sesión se replanteó de forma y fondo el mecanismo de trabajo, al crear un Grupo Asesor, que acompañe a la Presidencia en su dirección, así como un Grupo Temático, que definirá la agenda concreta de largo plazo que se desarrollará. Lo anterior con el propósito de fortalecer la coordinación Iberoamericana en foros internacionales, sobre todo ante el inminente debate que impulsa la UNTAD para actualizar las directrices de la ONU. Asimismo, FIAGC trabajará en una reflexión profunda, para que en sus trabajos no sólo se avance con temas globales de vanguardia que se discuten en la OCDE y ICPEN, sino que se identificarán aquellos aspectos propios que deban enriquecer la discusión global sobre los derechos de los consumidores, y así ampliar los matices comentados, a la visión predominante.

Bernardo Altamirano Rodríguez es Procurador Federal del Consumidor de México. Maestro en Administración y Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science. Licenciado en Derecho por el ITAM con posgrado en Derecho Público por la Universidad de Paris. Fue Jefe de la Unidad de Enlace y Desarrollo Institucional de la Presidencia de la República. En el ámbito internacional fue diplomático acreditado a la representación de México ante la Unión Europea y el Reino de Bélgica así como representante de México ante el Comité de Políticas del Consumidor de la OCDE, el International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN), así como el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC). Su Twitter @BerAltamirano

Ensayo publicado en noviembre 2012 en el Portal de la Revista Foreign Affairs Latinoamérica. Aquí el link directo: http://www.revistafal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1402:cooperacion-internacional-derechos-consumidores&catid=183:portada&Itemid=490